La Justicia reabre el 'caso ITV' y propone juzgar a Noelia Posse, la alcaldesa socialista de Móstoles

La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto el denominado caso ITV y ha propuesto mandar al banquillo de los acusados a la alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Posse, y a otros siete concejales de su equipo de gobierno.

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, Posse fue imputada en esta causa —que un Juzgado mostoleño acabaría archivando— por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. ¿El motivo? La anulación de más de dos millones de euros de deuda que acumulaba la empresa ITV Móstoles SL, que se encargaba de la inspección técnica de vehículos y que había dejado de abonar desde el 2013 el canon que debía al Ayuntamiento. 

El Gobierno que encabeza Posse optó por condonar una gran parte de lo adeudado y relajó las condiciones para la devolución del resto. A preguntas de este diario, fuentes del PSOE mostoleño defendieron que esta decisión fue un "mal menor" que pretendía "salvar los empleos" y recuperar, al menos, una parte de la deuda.

[La juez archiva el 'caso ITV' por el que fue imputada Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles]

No obstante, dos ediles de Más Madrid Ganar Móstoles —grupo que había formado parte del Ejecutivo mostoleño hasta que lo abandonó por el escándalo de los enchufes— interpusieron una querella. El pasado mayo, sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad, quien había imputado a Posse y a los siete ediles, archivó el caso ITV. 

Pero Gabriel Ortega y Susana García, los dos concejales de Más Madrid que firmaban la querella, recurrieron, con apoyo de la Fiscalía, la decisión de la juez de archivar el caso. Ahora, la Audiencia madrileña, en un auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, subraya que es "obvio" el "perjuicio" causado a las arcas públicas.

Por ello, la Justicia revoca aquel sobreseimiento y ordena a la magistrada instructora "que acuerde la transformación de la causa en procedimiento abreviado". Es decir, procesa a la alcaldesa Noelia Posse y al resto de vocales que componían la Junta de Gobierno cuando la querella fue presentada.

Se trata de David Muñoz (teniente de alcalde y secretario de Organización del PSOE mostoleño), Rebeca Prieto (concejala de Empleo, PSOE), Alejandro Martín (secretario general del PSOE de Móstoles y concejal de Cultura y Seguridad Ciudadana), María Luisa Ruiz (concejala de Urbanismo, PSOE), María Dolores Triviño (concejala de Igualdad, PSOE), Beatriz Benavides (exconcejala de Urbanismo e Igualdad; ya jubilada) y Natividad Gómez (concejala de Educación por Podemos).

Los magistrados de la Sección número 17 de la Audiencia Provincial de Madrid señalan que el hecho de que, gracias a la quita de deuda, la mercantil ITV Móstoles "haya podido cumplir parte de las obligaciones contraídas en su día no es, por sí misma, razón suficiente para negar la existencia de dicho perjuicio". "Así como tampoco lo sería el hecho de considerar como 'mal menor' el pago de la deuda debida en tales términos, ante una probable —que no cierto— impago total del crédito", añaden.

Perdonar tributos

Según la querella presentada por Más Madrid-Ganar Móstoles —formación que, entre junio y octubre de 2019, sostuvo el Gobierno local de PSOE y Podemos—, la Junta Municipal presidida por Posse aprobó, de forma "fraudulenta", una quita de la deuda de 615.000 euros a ITV Móstoles SL.

Ortega y García responsabilizaron a los miembros de dicha Junta de Gobierno del "fraccionamiento, sin ningún tipo de intereses ni garantía, a nada menos que 30 años", del resto de la cantidad que adeudaba la empresa y "la reducción del canon del 2020, y de los años subsiguientes hasta 2041, a menos de la mitad [de 147.653 euros anuales a 60.000]".

A juicio de los querellantes, esto último supondría "un perjuicio para las arcas públicas, sin contar el IPC, de 1.840.725,39 euros".

Cese del interventor

Los dos concejales de Ganar Móstoles-Más Madrid también acusaron al Gobierno de Noelia Posse de haber obviado, de forma deliberada, los informes del interventor del ayuntamiento, el encargado de supervisar sus finanzas, quien se opuso de forma contundente a la condonación de la deuda.

Tal fue su oposición que acabó remitiendo un informe al Tribunal de Cuentas. En él, alertaba de las posibles "responsabilidades en que se pudiera incurrir, tanto de naturaleza administrativa como contable e incluso penal".

Este órgano, tal y como publicó este diario, continúa investigando el caso. Y ya ha solicitado al Ayuntamiento de Móstoles que informe de "quiénes fueron los responsables" que acordaron la reducción del canon municipal, a fin de determinar las "presuntas irregularidades contables" de esta decisión del consistorio de la segunda ciudad más grande de Madrid.

El interventor, tras dos décadas en el cargo, fue cesado por el Ayuntamiento el 5 de mayo de 2021 —un día después de las elecciones autonómicas en Madrid; las del 4-M— alegando "pérdida de confianza" por su supuesta mala gestión de las cuentas de una empresa pública. Por su parte, la oposición municipal tachó su destitución de represión por haber denunciado ante el Tribunal de Cuentas este presunto caso de corrupción. No obstante, la Justicia anuló su destitución.

Asimismo, en un informe, el Ministerio de Hacienda —que se pronunció sobre la petición del cese del interventor, ya que este cargo tiene habilitación nacional— avaló holgadamente la labor del funcionario y no apreció ninguna "falta de diligencia en el desempeño de sus funciones legalmente asignadas".

En su declaración ante la juez instructora, la alcaldesa Noelia Posse, candidata a revalidar el cargo en las próximas municipales, tachó dicha querella presentada por Más Madrid de "política" y ciñó su actuación a un intento de que el consistorio, al menos, pudiera cobrar parte de la cantidad adeudada y "salvara los puestos de trabajo".