Desalojar a los okupas se está convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para aquellos propietarios de vivienda que ven asaltadas sus propiedades. Un largo proceso que se va a acentuar tras la aprobación de la Ley de Vivienda que, entre otras medidas, contempla poner “barreras” al procedimiento de desalojo.
No es una cuestión baladí. Y es que el periodo medio de desalojo se sitúa en 20,5 meses si se tienen en cuenta los procedimientos de los Juzgados de Primera Instancia y los de las Audiencias Provinciales. Son datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del año 2022, los últimos disponibles, y los más altos de la serie histórica.
Así, el periodo medio en los procedimientos verbales en los Juzgados de Primera Instancia fue de 10,9 meses en 2022; un año antes era de 9,6 meses. Si se echa todavía más la vista atrás, en los últimos cuatro años dicho plazo se ha multiplicado por dos: en 2018 era de 4,9 meses. En el caso de las apelaciones en las Audiencias Provinciales, el salto ha sido desde los 7 meses de 2017 y 2018, a los 8,5 meses de 2020 y 2021. ¿Y en 2022? 9,6 meses de media.
¿Qué ha cambiado con la Ley de Vivienda?
Fue el pasado 25 de mayo cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda. La normativa aprobada, además de las “barreras” ya citadas, hace más lento el proceso de devolución de las viviendas a sus propietarios. Asimismo, incorpora una serie de “derechos” para los okupas.
Por ejemplo, el propietario que sea gran tenedor y que inicie un trámite para recuperar su propiedad, debe de acreditar que ha habido un procedimiento de conciliación o intermediación entre las dos partes. Si no es así, la demanda de desahucio será desestimada. La ley también flexibiliza los desahucios por impago de rentas tanto para pequeños como para grandes propietarios: si es una persona física, el plazo es de dos meses; si es jurídica, cuatro meses.
¿Cuál es el método de los okupas que salta de Barcelona a Madrid?
No hay un único modus operandi que usan las mafias de la okupación ilegal para entrar en propiedades ajenas y hacerse fuertes en ellas. Uno de los métodos nació en Cataluña, hace ya cuatro años, donde el movimiento okupa está más desarrollado. Y está dando el salto a otras comunidades autónomas, entre ellas, Madrid.
¿Su nombre? La conocida como ‘técnica de la pizza’. ¿En qué consiste? El okupa pide una pizza y recoge el pertinente ticket del pedido en el portal de la vivienda que piensa okupar. Con el ticket en su poder, espera 48 horas para entrar en el inmueble.
[Si un individuo entra en tu casa, ¿sabes distinguir entre okupación y allanamiento?]
En el caso de que acuda la policía por el aviso del propietario, o de algún vecino, o si suena la alarma, le enseña dicho ticket a las fuerzas de seguridad.
De esta manera tan sencilla, el okupa acredita que lleva dos días viviendo en dicho inmueble. Así, y ante la duda, no se le puede desalojar en ese momento. Dicho de otra manera, el caso pasaría a los tribunales. Y, vistos los tiempos de la justicia, se asegura alrededor de dos años viviendo ‘por la cara’.