La Asamblea de la Comunidad de Madrid ha aprobado las que serán las futuras líneas rojas del uso de dispositivos electrónicos entre niños y adolescentes en la región. La ponencia ha emanado de una comisión de trabajo que empezó a funcionar hace un año gracias al consenso del PSOE y el PP (puesto que se registró por el PSOE) y que ha terminado con un lío de plazos y términos por los que el PP ha terminado pactando con Vox. 

Es decir, que lo que había 'nacido' como un ejemplo de unión entre los grupos parlamentarios por un bien común (la relación de los menores con las pantallas), ha terminado en una crisis entre partidos con reproches de ambos lados y un pacto a dos: el Partido Popular y Vox. Además, PSOE y Más Madrid se han levantado durante el transcurso de la comisión para dejar claro su desacuerdo. 

Según ha podido confirmar este diario, el martes era la fecha final para el registro de las ponencias para que este miércoles pasaran a la comisión y aprobara una. En un primer momento, la hora límite era a las diez de la noche (puesto que la comisión empezaba a las 10 de la mañana), pero se terminó atrasando el inicio de la comisión a las 12 horas de este jueves. ¿La razón, según la oposición? Beneficiar al Partido Popular y Vox.

A las 22,00 horas, sólo Más Madrid y el PSOE habían registrado un dictamen que habían pactado entre ellos, dejando fuera al resto de los grupos. Pero, casi a las 22,20 horas, el PP registra su propuesta junto con Vox. Esto quiere decir que si la Comisión se hubiera celebrado a las 10,00 horas, el dictamen de los populares no se podría haber aprobado. Desde el grupo popular insisten en que la hora se iba a atrasar igualmente y que no ha sido por el registro 'tardío' de su ponencia. 

De hecho, aseguran que "se ha trabajado en todo momento en un documento común y de consenso", pero PSOE y Más Madrid "decidieron en el último momento apartarse de la negociación".

Sea como fuere, que lo que iba a ser un pacto a cuatro haya terminado con acuerdos bilaterales se sustenta, según PSOE y Más Madrid, en la postura de Vox.

Como han explicado fuentes parlamentarias a Madrid Total, fueron los de Isabel Moñino los que se descolgaron el pasado lunes de un pacto a cuatro porque consideraban que no era necesario incluir en el documento aspectos relativos a la "necesidad educativa y afectiva sexual" o a la formación emocional impartida desde las escuelas.

Ante su negativa, todo el acuerdo por el que "todos habían cedido" ha terminado cayendo y el Partido Popular ha registrado su último informe con el minutero contando el tiempo de descuento. "Se han negado a mencionar la existencia de delitos de odio en redes, los efectos porno y negado a educación sexual. Por tanto, son cómplices", ha denunciado la oposición durante la aprobación del dictamen.

Desde el partido socialista, Isabel Cadórniga explicaba a este diario que lo más fundamental de los acuerdos que debía alcanzar la comisión era la "creación de un equipo interdisciplinar" (que englobe profesionales del ámbito educativo y sanitario) para que este "pendiente de cualquier indicio que pueda producirse en los menores, infancia y adolescencia". "Tales como trastornos en la financiación, cansancio de los niños, problemas visuales, que tiene que estar coordinados". 

Prohibir venta de móviles

Como pega, aseguraba que durante el transcurso del grupo de trabajo el Partido Popular no ha sido lo suficientemente duro con las plataformas y los contenidos y la información que llega a los niños. Desde su perspectiva, un 'básico' es que se haga especial incidencia en que la información sea "veraz" para que los menores tengan capacidad de desarrollar un pensamiento crítico.

Una de las medidas más llamativas es la de prohibir la venta directa de teléfonos móviles inteligentes a menores de 16 años y proteger la imagen de los menores. Una de las propuestas más arriesgadas de los socialistas es que se imposibilite la captura de pantalla en este tipo de edad. Eso facilitaría que las imágenes no se pudieran retocar e impedir que terceras personas "puedan usar imágenes de terceros con un mal fin". Por ejemplo, editarlas para hacer bullying. 

Aunque las opiniones son dispares sobre el resultado de dicho trabajo, el paquete de propuestas que previsiblemente se aprobará este miércoles abarca áreas fundamentales como la educación, la sanidad y la tecnología, y busca proteger la salud mental, visual y emocional de los menores.

De hecho, el dictamen registrado por Más Madrid y el PSOE no contempla términos como "educación afectivo-sexual", que tanto molestaba a Vox, y las diferencias con el finalmente aprobado (el del PP) son puramente técnicas y no de fondo. 

Sanidad y Legislación

Este diario ha tenido acceso a ambos documentos, el firmado por Más Madrid y el PSOE y el del Vox y el PP (que finalmente ha salido adelante) y ambos tienen aspectos de intervención diferenciados como son la regulación de las pantallas en el aula, la futura legislación vigente o el aspecto sanitario.

En lo que respecta a la educación y regulación del uso de tecnología en las aulas, el PSOE y Más Madrid proponían la prohibición de móviles en los centros educativos, igual que el documento del PP y Vox y que sí ha salido adelante. 

La diferencia principal estaba en los grupos de la izquierda quieren poner en marcha la figura del educador digital. Una autoridad encargada de coordinar la política digital, formar a alumnado y familias, y supervisar el cumplimiento de las normativas tecnológicas. También proponían una educación sexual integral para reducir la dependencia del acceso al porno como fuente principal de información y fomentar valores respetuosos en las relaciones. Aspecto más polémico con Vox. 

En lo que respecta a la prevención del acceso a contenidos inapropiados (pornografía, violencia, apuestas), ambos grupos quieren que existan más controles. Bien desde  sistemas de verificación de edad y eliminando el scroll infinito (como propone Más Madrid y Vox) o con control parental estricto y campañas de sensibilización. Que es la medida que finalmente saldrá adelante.

En lo que respecta al área de sanidad y salud mental, el dictamen de PP y Vox aprobado insisten en dar una atención especial dedicada a las familias y en el que la sanidad sea un complemento a la formación educativa. 

Todo esto, obviamente, tendría que tener en un futuro un enfoque legislativo. Por ello, el PSOE y Más Madrid proponían reformar la Ley 4/2023 de Derechos de la Infancia para incorporar un apartado digital. Este incluiría derechos y deberes relacionados con el entorno tecnológico, regulando desde la protección de la privacidad hasta las estrategias educativas específicas

Pero, finalmente, lo que ha hecho Vox y el PP es no mirar tan arriba y apostar por ajustar las normativas existentes sin necesidad de grandes reformas legales. Destacan medidas concretas como la restricción del acceso a redes sociales mediante verificaciones de edad y la creación de guías de buenas prácticas para empresas tecnológicas.