"Somos una profesión precarizada, nos pagan sueldos de mala supervivencia, se nos ningunea y cuando por fin sacas plazas específicas para nuestra titulación, el Ayuntamiento de Madrid nos impide acceder a ellas". Un grupo de integrantes del Colegio de Educadores Sociales de Madrid, la entidad que reúne a estos profesionales en la región madrileña, ha organizado este lunes 5 de abril una protesta que nació como un mero enfado común en un grupo de WhatsApp a la vista de la creación de 25 plazas de educación social... pero a las que no podrán acceder.

"No piden la titulación habilitante, y son cerradas para promoción interna de funcionarios del consistorio, es absurdo y descorazonador", explica a este periódico una de las afectadas.

"Trabajamos con personas vulnerables y no generamos beneficios económicos inmediatos, pero somos agentes de prevención de conflictos y de cohesión y paz social", señalan los afectados. "Somos fundamentales para la sociedad. Trabajamos con personas vulnerables por su bienestar y por el Bienestar Social, pero con este maltrato los profesionales acabamos en la misma situación de vulnerabilidad que las personas a las que atendemos".

El pasado 3 de marzo, el Ayuntamiento de Madrid publicó la convocatoria, vía oposición y concurso de 25 puestos para educación social "por promoción interna y cuyas bases indican que los requisitos son "ser funcionario de carrera" o "personal laboral fijo del Ayuntamiento de Madrid o de sus Organismos Autónomos".

Además, la convocatoria pública advierte que no sólo no se solicita de manera específica el Título de Diplomatura o Grado en Educación Social, ni siquiera la habilitación profesional, sino que "se considera cualquier título de Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o Grado".

Al Ayuntamiento y al Ministerio

Miembros y simpatizantes del Colegio ya se han puesto en contacto con la Administración local que preside José Luis Martínez Almeida, e incluso con el Ministerio de Derechos Sociales, que ahora dirige Ione Belarra. Al primero, le solicitan "que modifique estas bases y esta convocatoria" para adaptarlas a las necesidades de trabajadores y usuarios de este servicio social "esenciasl".

Y al segundo, que apoye sus "reivindicaciones lógicas y oportunas", para que este tipo de iniciativas soliciten siempre "el título de Grado o Diplomatura en Educación Social o, en su defecto, la correspondiente habilitación por parte de un Colegio Profesional u Oficial de Educación Social".

La protesta de este lunes, en todo caso, será virtual, a través de las redes sociales sy bajo el hashtag #LoSocialNoEsCaridad para que "no suponga daños materiales, ni tampoco un riesgo para la salud pública", explican los convocantes. "Es un llamamiento para que, tantos sus profesionales, como los usuarios atendidos puedan acceder a condiciones dignas de verdad".

Fuentes del Colegio de Educadores Sociales aclaran que ya han solicitado una reunión tanto con Bienestar Social como con la Dirección General de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Y que ya han conseguido que el coordinador general de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Emiliano Martín González, cite a representantes del Colegio Profesional el viernes 9 de abril.

Abandono de Carmena

Puesto en contacto con el Ayuntamiento, el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social alega que "el consistorio ha hecho un enorme esfuerzo en los últimos dos años, después del abandono al que sometió el anterior equipo a los servicios sociales".

De hecho, tras la salda de Manuela Carmena de la Plaza de la Villa, ya se han convocado casi 700 plazas de nueva creación en este sector, "350 el año 2020 y 313 en 2021", apunta un portavoz del departamento, "buscando fondos junto al Área de Hacienda porque había un abandono estructural, mucho más grave dada la emergencia de la pandemia".

Lo cierto es que ni en Bienestar Social (en manos de Ciudadanos) ni otras áreas responden a la reivindicación concreta de los educadores sociales, la apertura de la convocatoria y la valoración, "al menos", de su titulación o habilitación profesional.

El equipo de Hacienda (que rige el equipo del PP) se limita a explicar que "la titulación de educador social no está regulada oficialmente, como la de los arquitectos o ingenieros, por ejemplo". Y que ésa es la razón por la que el Ayuntamiento incluye en sus bases "una titulación o grado genérico, para que los aspirantes puedan concurrir respetando los Principios de igualdad, mérito y capacidad".

Esta misma fuente alega que ésta "no es la primera vez" que ocurre así. Y que creen tener razón en su modo de obrar, porque "en otros procesos selectivos, donde tampoco existía titulación específica, se han presentado recursos y el Ayuntamiento los ha ganado". 

Miles de firmas

Pero miembros del Colegio de Educadores Sociales lamentan que por esta vía se mantiene "el intrusismo profesional" en su sector, "invadido por voluntarios o trabajadores mal pagados y sin formación, procedentes de ONG u organizaciones católicas" que, en este caso, "más que trabajar en educación social desde la igualdad y la justicia social, buscan la evangelización y la caridad".

Por eso creen que ese grupo de WhatsApp se convirtió "de inmediato en un clamor al que se unieron más de 300 personas". Y por eso, el Colegio impulsó una petición, a través de la plataforma Change.org, que en menos de una semana ya ha reunido más de 2.100 apoyos. Y por eso esperan que se cambie la convocatoria, como primer paso para conquistar "respeto" a su profesión.

"Queremos que se tenga en cuenta de forma prioritaria la formación y experiencia en educación social y que se abra el acceso a turno libre, para que se puedan optar en igualdad de condiciones, no sólo quienes ya son funcionarios o empleados fijos del Ayuntamiento, sino cualquier educadora o educador social. Con voluntad política todo es posible", afirman.