La moratoria aplicable a la instalación de cocinas fatasma en la capital expira este miércoles, a la espera de la ratificación regional a las normas urbanísticas aprobadas por el Ayuntamiento de Madrid el pasado julio en un Pleno extraordinario al cumplirse menos de un mes desde la constitución de la nueva Corporación.

La mayoría absoluta del PP hizo posible desencallar las normas, que contaron con la abstención de Vox y el rechazo de Más Madrid y PSOE. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, defendía que impulsarán la creación de "4.182 empleos e incrementará en 215 millones el PIB de esta ciudad al introducir agilidad administrativa".

La nueva regulación permite cocinas fantasma de hasta 350 metros cuadrados en zonas residenciales y un máximo de ocho cocinas. Todos los locales dispondrán en su interior de una zona de espera para motocicletas y bicicletas de reparto, así como una estancia de repartidores, con superficie mínima de cinco metros cuadrados por cocina, y dispondrán de un cuarto para la recepción de residuos con dimensiones adecuadas a las condiciones que establezcan las ordenanzas sobre la materia.

[Casi 200 fogones 'ocultos' en 18 locales: el mapa de las cocinas fantasma de la ciudad de Madrid]

Actualmente en Madrid hay cerca de 200 fogones industriales en zonas residenciales, según reveló este periódico tras acceder al análisis que realizado el Grupo Municipal del PSOE a partir de datos públicos extraídos del portal Conex.

Las cocinas fantasma proliferaron en España a partir de la pandemia, con el negocio del delivery disparado. Normalmente, intervienen cuatro actores. El dueño del local lo arrenda al que será el promotor de la cocina. Éste prepara el espacio y alquila los fogones individuales a restauradores o los explota él mismo. La cadena la completan las aplicaciones de distribución y la flota de repartidores.

Desde la aprobación por parte de Cibeles, la Comunidad de Madrid puso en marcha el cronómetro porque tiene cuatro meses como máximo para ratificar las normas. El Gobierno local espera que el regional no agote ese plazo máximo, especialmente porque es un expediente ya trabajado a nivel técnico, institucional y político con la Comunidad de Madrid, "que conoce perfectamente desde el mes de diciembre del año pasado".

"No esperamos que haya ningún vacío legal, entre otras cosas porque el plazo para otorgar licencias por parte del Ayuntamiento de Madrid es de tres meses. Durante esos tres meses, si se aprueban definitivamente por la Comunidad de Madrid esas normas urbanísticas, entrarán en vigor las limitaciones para esas licencias y, por tanto, no tendremos que dar ninguna licencia con los condicionamientos anteriores a la aprobación de las normas", explicaba Carabante.

A la tercera

Las normas urbanísticas salieron adelante a la tercera, tras dos comisiones fallidas en el mandato anterior, cuando el dictamen fue desfavorable.

Pretenden regular desde las cocinas fantasma a los pisos turísticos, además de otras realidades en la ciudad como el cohousing, el coliving, la flexibilización de usos, la agilización de los trámites administrativos, la simultaneidad de las declaraciones de impacto, las tramitaciones de impacto ambiental o, la mejora de las declaraciones responsables. El mandato pasado acabó sin que los números le dieran a José Luis Martínez-Almeida por el rechazo de la oposición al documento puesto encima de la mesa.

Modificar las normas es "necesario, urgente e imprescindible" porque la realidad es que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 se ha quedado atrás en la atención de las realidades de la ciudad tras el paso de 25 años, como las cocinas agrupadas, el reparto a domicilio, nuevas formas de convivencia o el "factor verde".

Más Madrid irá a los tribunales

El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, anunció que el principal grupo de la oposición llevará a la Justicia el "fraude" y el "atropello" que suponen las modificadas normas urbanísticas y todo para evitar que el Gobierno municipal "se salte la ley" y reduzca los controles.

Rubiño vaticinaba que las nuevas normas sólo generarán "la ley de la selva" con las cocinas industriales hasta que la Comunidad de Madrid dé el visto bueno definitivo.

El portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Barrero, cargaba por su parte contra el "rodillo del PP", que beneficiará "a los mismos". De los más de 200 millones en el PIB que apuntaba el Gobierno, "más del 80 por ciento irán a la construcción, las finanzas y los seguros", unido al "limbo jurídico" en el que quedan las cocinas fantasma hasta la aprobación por la Comunidad, criticaba el PSOE.