Los vecinos que quieran prohibir los pisos turísticos en su edificio deberán pagar hasta 4.000€: la condición

Madrid está en pie de guerra contra los pisos turísticos, aquellas viviendas que un propietario puede alquilar a turistas o viajeros por un periodo corto de tiempo y que en los últimos años han proliferado en la capital y en casi todas las ciudades del mundo. Un servicio que se puede contratar a través de diversos portales y que, en muchas ocasiones, se convierte en un quebradero de cabeza para los vecinos de un inmueble. 

Sin embargo, las comunidades de vecinos sí pueden hacer algo para prohibir los pisos turísticos en un edificio: votarlo en junta y, si el resultado de la votación es favorable, cambiar o modificar los estatutos de la comunidad para introducir la prohibición.

Pero ojo, que añadir esa cláusula no es gratis. Desde el Registro de la Propiedad de Madrid explican que incluir esta disposición a los estatutos cuesta "entre 2600 y 4000 euros, dependiendo del inmueble". "Hay muchas casuísticas y cada edificio es diferente. Los aranceles para introducir una cláusula como esa en los estatutos se calculan teniendo en cuenta lo que cuesta el edificio, sus viviendas, trasteros, garajes... Por eso es difícil saber exactamente cuánto le costaría de media a un propietario, pero los precios oscilan entre 2600 y 4000 euros, aunque a veces es menos", apuntan desde el Registro de Madrid.

[Almeida, a por los pisos turísticos: anuncia una nueva normativa porque "la anterior no ha funcionado]

Patricia Briones, Secretaria Técnica del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, explica en conversación telefónica con Madrid Total que "desde abril de 2019 se modificó la Ley de Propiedad Horizontal y en el artículo 17/12 se establece que las comunidades de vecinos pueden llegar a acuerdos que limiten o condicionen este tipo de actividad, siempre y cuando haya una votación favorable de tres quintas partes del total de los propietarios".

Tal y como apunta Patricia, normalmente, "las comunidades de vecinos no quieren limitar esta actividad, sino prohibirla, por lo que ha habido cierta discrepancia doctrinal sobre si con este artículo se podían prohibir las viviendas de uso turístico o no". El punto de inflexión se produjo "cuando se aprueba que sean las tres quintas partes del total de los propietarios, porque antes, hacía falta la unanimidad de los propietarios, por tanto, aquel vecino que ganaba dinero con una vivienda turística, siempre iba a votar que no".

En las últimas resoluciones llevadas a cabo en Madrid "se acepta el acuerdo por tres quintas partes del total de los propietarios, por lo que muchas comunidades de vecinos lo están llevando a cabo". 

En cuanto a honorarios del Registro, Patricia explica que pueden ser distintas en cada edificio: "La interpretación del arancel puede variar, unos consideran que es una modificación estatutaria y otros que es una inscripción de una nueva cláusula y dependiendo de una u otra, los precios oscilan entre 2600 y 4000 euros, pero cada Registro es el que decide en base a diversos factores", especialmente el valor total de un edificio. 

La Secretaria Técnica Colegio de Administradores de Fincas concluye la conversación apuntando que el tema de los pisos turísticos "es algo muy importante para las comunidades de vecinos, por lo que se debe contactar al Registro que corresponda para conocer toda la información, los costes y votar en junta lo que se quiere hacer en cada comunidad". 

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al importe que han pagado algunas fincas por registrar en sus estatutos la prohibición de los pisos turísticos. Un edificio tamaño medio de la calle Sánchez Pacheco en el barrio de Prosperidad ha pagado 3.200 euros, mientras que otro en una calle cercana, del mismo tamaño, ha pagado 2.700. Por otro lado, los vecinos de un pequeño edificio de la calle San José en el Barrio de las Letras han pagado 800 euros. Otra comunidad de la calle Ibiza de tamaño medio ha pagado 2.700 euros por prohibir los pisos turísticos en su edificio. 

Pisos turísticos sin licencia

Por otro lado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, informó el pasado martes 12 de marzo que espera aprobar a lo largo del mes de abril la nueva normativa que pondrá en marcha el Ayuntamiento para acabar con la proliferación de los pisos turísticos.

Lo ha señalado desde el Mercado Municipal de Villaverde Alto, después de que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, detallara en comisión que las 4.093 inspecciones del Ayuntamiento de Madrid se han saldado con la detección de 478 viviendas turísticas sin licencia mientras que otras 243 recuperaron su uso original en los últimos años.

"Hemos impuesto más sanciones que las que se impusieron por el equipo de Gobierno anterior. Tenemos más inspectores que los que tenía el equipo de Gobierno anterior y, por tanto, se está actuando", ha subrayado el regidor, quien ha hecho alusión al "fracaso evidente" y "total y absoluto" de la normativa actual.

Así, explicó que la normativa del anterior equipo de Gobierno ha provocado que las viviendas turísticas ilegales "se hayan multiplicado". "Nosotros estamos trabajando en una normativa que lo que pretende efectivamente es evitar esa multiplicación, que haya un plano de legalidad, que esa legalidad se haga cumplir de manera efectiva y que haya un marco de seguridad jurídica, que es lo que no tenemos en estos momentos", apuntó.