El pleno de la Junta Municipal de Chamartín abordó el miércoles la iniciativa de Yolanda Estrada. Además de los votos del PP, los grupos de Vox y Más Madrid apoyaron la idea. El PSOE se abstuvo. A grandes rasgos, la propuesta insta a Hacienda a ceder al Consistorio la titularidad o el uso de este solar con forma triangular del barrio de Nueva España. Todo ello para levantar un equipamiento con piscina de adultos, piscina infantil, vestuarios y zona de playas.

A cambio, Estrada planteó que Hacienda ubicara las oficinas previstas en Padre Damián 52 en un inmueble sin uso situado en el 145 de la calle Velázquez, también propiedad de la Administración General del Estado. 

El argumento de la concejal popular es que la de Padre Damián 52 es la única parcela de titularidad pública donde podrían ejecutarse unas piscinas municipales como las que pretende hacer el Ayuntamiento. Servirían, además, como un espacio frente a las "olas de calor".

El mismo miércoles, pero por la mañana, el PP municipal envió a los medios de comunicación una nota de prensa avisando de la iniciativa que iba a presentar en la Junta. En el comunicado, la concejal resumía de forma tajante su plan: "Cambiaríamos el proyecto de cemento y coches de Pedro Sánchez por otro proyecto sin ese impacto en el corazón de Madrid, dedicando más de 15.000 m2 a instalaciones deportivas".

En el mismo texto, Estrada asegura que el Gobierno de Martínez-Almeida llevaba "meses" estudiando opciones para "satisfacer la alta demanda deportiva de los vecinos" y encontró esta parcela en el corazón del distrito. "Empezamos a solicitar información sobre su situación y cuando supimos que el Gobierno de España quería usarla para ampliar oficinas de un ministerio, buscamos otra opción para ofrecerles una alternativa seria y rigurosa", añade. 

El "megaparking" y las oficinas del Gobierno

El Ayuntamiento de Madrid es, por tanto, muy consciente de que la Administración General del Estado está tramitando una licencia para ejecutar un edificio con oficinas y un "megaparking". De hecho, tras trascender a principios de junio los planes del Gobierno de Sánchez con este terreno, el alcalde pidió al Ejecutivo central que no se precipitasen. "En el Ayuntamiento de Madrid no hemos autorizado este parking, entre otras cosas, porque falta un estudio de movilidad imprescindible", añadió Almeida, en declaraciones recogidas por Europa Press. Según detalló El Mundo, el gran parking contará con 1.200 plazas, ninguna de ellas reservadas a vecinos.

Aunque la historia de este proyecto viene de lejos. Fue en diciembre de 2020 cuando se anunció el contrato público para la planificación y dirección de las obras del complejo de oficinas y el aparcamiento. El concurso se lo llevó el estudio de arquitectura Cruz y Ortiz por un total de 2.734.003 euros (IVA incluido). 

Según Newtral, el calendario que se marcó Hacienda para llevar a cabo el proyecto no se ha cumplido. La idea era comenzar con la dirección de las obras en 2022 y todavía no se han licitado, según recoge el citado digital, que indica que se produjeron dos suspensiones del proceso. Una de ellas se debió a que no se contaba con licencia urbanística. En diciembre de 2023, una vez subsanado este contratiempo, se reanudó la ejecución del contrato público. El Gobierno quiere poner en marcha las obras del edificio en 2025. 

En su página web, Cruz y Ortiz explica que el nuevo edificio, promovido por el Ministerio de Hacienda, contará con 30.000 metros cuadrados de oficinas sobre rasante y un sótano de tres plantas que sumarán 45.000 m2.