Hace cuatro meses, José Luis Martínez-Almeida cerró el grifo a las nuevas licencias de pisos turísticos en Madrid. En esos momentos, más del 90% de las viviendas de uso turístico (VUT) funcionaba en la capital de manera ilegal. Por eso, la medida (temporal) del alcalde vino acompañada de otras decisiones: encarecer las multas, reforzar el cuerpo de inspectores y publicar una lista de los pisos que sí tienen permiso para operar.
El delegado del Área de Urbanismo, Borja Carabante, ofreció la semana pasada nuevos datos sobre el impacto del plan de choque. Así, desveló que en los últimos 18 meses "cerca de 500" pisos turísticos ilegales han dejado de funcionar como tal y han regresado a su estado de vivienda residencial. Un efecto disuasorio que también se ha notado en el último cuatrimestre.
Según el concejal, hay propietarios que han pedido al Ayuntamiento que no les inspeccione porque ya han dejado de alquilar sus pisos de manera ilícita. Cabe recordar que sólo en la ciudad había cerca de 12.500 VUT que no debían estar abiertas.
Más de 100 multas altas
Antes, las multas por incumplir la ley eran de 1.000, 2.000 y 3.000 euros. Al infractor le compensaba seguir siéndolo. Desde abril, las sanciones son 30 veces más caras. Esto fue posible gracias a un cambio de criterio normativo. Desde entonces, si un dueño desobedece una orden de cese se enfrenta a una multa de 30.001 euros. Si sigue sin hacer caso, de 60.001 euros. Y si insiste, de 100.001. Las sanciones son acumulativas, así que pueden alcanzar los 190.003 euros.
De las de 30.000 euros, apuntó el también segundo teniente de alcalde, se han puesto más de 100. De las de 30.000, una decena. Seguramente a lo largo de las próximas semanas se imponga "alguna" de 100.000 euros.
El nuevo Plan de Hospedaje
La congelación de nuevas licencias seguirá en pie hasta que el Ayuntamiento apruebe la modificación del Plan de Hospedaje de 2019. Esta norma, que regula este tipo de negocios turísticos, la aprobó Manuela Carmena poco antes de abandonar el bastón de mando. Entre otras cuestiones, establece que sólo son legales aquellos pisos destinados al alquiler turístico que tengan un acceso directo e independiente a la calle.
El Ayuntamiento de Almeida insiste en que la normativa vigente es ineficaz y por eso quiere aprobar los cambios de forma definitiva en 2025. Durante este mes de septiembre, dará a conocer sus planes al sector. La idea es elevar la modificación a la Junta de Gobierno a finales de septiembre o a primeros de octubre. Después, comenzarán los diferentes pasos administrativos hasta el visto bueno final del año que viene.
Tal y como adelantó Madrid Total, en esa nueva regulación se priorizará que las viviendas de uso turístico se concentren en edificios completos y no convivan con los de los residentes.
Otro de los objetivos es aplacar la "desertización" del distrito Centro. Por ello, "ningún local se podrá transformar en vivienda de uso turístico" en esta zona. "Para que haya vecinos tiene que haber recursos, tiene que haber dotaciones y también tiene que haber comercio. No queremos que se vacíe y por eso no estará permitido; somos más favorables a aglutinar los usos en edificios exclusivos y, por tanto, en edificios exclusivos sí puede haber vivienda de uso turístico dentro de la ciudad de Madrid", señaló.