La Justicia madrileña dio este martes un varapalo al Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida. Una sentencia ha anulado las famosas zonas de bajas emisiones que impiden que los coches más contaminantes circulen por Madrid. El fallo, sin embargo, no es firme. El Gobierno municipal tiene un mes para recurrir ante el Supremo. Por tanto, las áreas restringidas no han decaído y siguen multando a los vehículos sin etiqueta que entren a la ciudad.
Fue la anterior alcaldesa, Manuela Carmena (Ahora Madrid), la primera en aplicar una zona de bajas emisiones en la ciudad. Se llamó Madrid Central y abarcó 480 hectáreas del centro. Cuando Almeida se hizo con la Alcaldía, puso en marcha una estrategia más ambiciosa, Madrid 360, que ha ido extendiendo la ZBE hasta alcanzar cada rincón de la ciudad.
Toda la capital es un área de bajas emisiones. Y dentro, además, hay dos zonas de bajas emisiones especiales (Centro y Plaza Elíptica, más afectadas por la contaminación). La sentencia, en cualquier caso, afecta a todas ellas.
La ZBE general se ha ido ampliando de forma progresiva. Al principio, sólo afectaba a las vías del interior de la M-30. Luego se fue extendiendo hasta que, el pasado julio, ya abarcó a toda la ciudad. La ZBE prohíbe que los vehículos sin etiqueta ambiental -diésel matriculados antes del 2006 o gasolinas previos al 2000- circulen por la capital.
Entrar con un vehículo 'A' a Madrid ZBE (al igual que con las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro y Plaza Elíptica) se multaba antes con 90 euros, 45 con reducción, hasta el 20 de marzo de 2022. Un cambio en la ley estatal elevó la infracción de leve a grave. Consecuencia: la multa se incrementó a los 200 euros, 100 si se paga temprano.
¿Qué pasa ahora con las multas?
Por ahora, todo sigue igual. El medio millar de cámaras que controlan el cumplimiento de la normativa seguirá detectando a los vehículos más contaminantes que entren en la ZBE. Quién infrinja, será multado.
En declaraciones a los periodistas tras conocer la resolución, el delegado del Área de Movilidad, Borja Carabante, recordó que la Justicia ya anuló en su día Madrid Central, la zona de bajas emisiones de Carmena.
Según Carabante, lo que se "determinó" entonces fue que las sanciones "estaban bien impuestas" porque se formularon cuando la normativa estaba vigente.
Según los Automovilistas Europeos Asociados (AEA), desde septiembre de 2021 hasta febrero de 2024 se han abierto "1.760.000 expedientes sancionadores", por un valor económico de "más de 300 millones".
"Si bien la sentencia no es firme, AEA espera que el Ayuntamiento no la recurra por cuanto está muy bien motivada a la luz de la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE y del propio Tribunal Supremo de España, por lo que va a solicitar que con carácter urgente se paralice la tramitación de todas las multas impuestas por acceder a las ZBE y la devolución de las cobradas", explica la organización.
Por su parte, el presidente de la AEA, Mario Arnaldo, recomienda a los conductores no pagar ninguna multa hasta que la resolución sea firme. En el caso de que el asunto termine en el Supremo y el tribunal confirme el fallo, las sanciones no cobradas decaerán "automáticamente" de oficio, según Arnaldo. En el caso contrario, lo que se juega el infractor es el importe de la multa y un recargo del 20%.
¿Qué ocurre con las sanciones ya pagadas? El presidente de los Automovilistas Europeos explica que, entonces, lo que se reclama no es la devolución de la cuantía de la sanción, sino "el daño económico" que ha causado el Consistorio al conductor con una multa en base a una norma declarada nula. Es un proceso "complejo" que empieza en la vía administrativa y que suele llegar a los tribunales, insiste Arnaldo.