Al Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida le cayó este martes un jarro de agua fría. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado parcialmente una de sus medidas 'estrella': las zonas de bajas emisiones. La sentencia no es firme y Cibeles estudia si recurrirla o no. En cualquier caso, supone un nuevo tropiezo judicial para el Consistorio en el último año, tras el de las terrazas en abril y el de las estufas de gas en diciembre.
A modo de resumen, el TSJM considera que el Gobierno municipal no acreditó adecuadamente el impacto económico de las zonas de bajas emisiones. Sobre todo, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo sostiene que el Consistorio no valoró que estas restricciones afectan a los ciudadanos con rentas más bajas que tienen difícil comprarse un coche nuevo. Lo mismo ocurre -según la resolución- con colectivos empresariales más frágiles, como los autónomos o las pymes.
El Ayuntamiento tiene hasta el 23 de octubre para recurrir el pronunciamiento ante el Supremo. Por tanto, la ZBE sigue en pie y las multas, también.
En estos momentos, toda la ciudad sigue siendo una zona de bajas emisiones. Ningún vehículo 'sin etiqueta' ambiental (diésel matriculados antes del 2006 o gasolinas previos al 2000) puede circular por la capital. Desde 2022, la medida se ha ido ampliando de forma progresiva. Al principio, sólo se sancionaba dentro de la M-30. Desde el pasado julio, la restricción afecta a todo el término municipal.
La sentencia conocida este jueves trajo de vuelta a los medios el recuerdo del Madrid Central de Manuela Carmena, que fue tumbado por el Supremo en 2021. El delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, explicó el martes ante los periodistas las diferencias entre ambas decisiones jurídicas.
Madrid Central vs. Madrid 360
Madrid Central fue una gran área de bajas emisiones de 480 hectáreas puesta en marcha por el equipo de Gobierno de la exmagistrada. Entró en vigor en noviembre de 2018 y su recorrido fue complicado. El PP, ya entonces liderado por Almeida, recurrió ante los tribunales.
En 2021, el Supremo eliminó Madrid Central porque -como ya había fallado el TSJM en un dictamen previo- no había incorporado una memoria económica al procedimiento de elaboración de la ordenanza. Tampoco se cumplió con un trámite sobre la exigencia de someter el proyecto a información pública.
Carabante matizó que, en el caso de Madrid Central, lo que no había era memoria del impacto presupuestario, algo que sí se incorporó con la ordenanza popular, que se aprobó en septiembre del 2021. Además, recordó que el Consistorio de Carmena "hurtó el derecho de los madrileños a opinar" al no someter su ZBE al trámite de información pública.
El TSJM ha considerado que la memoria sobre el impacto económico no está suficientemente justificada, "no que no exista", defendió el responsable municipal de la movilidad madrileña.
En cualquier caso, Carabante calificó de "éxito" la estrategia Madrid 360 (que incluye la ordenanza que desarrolla las ZBE) porque ha permitido cumplir con la normativa europea sobre la calidad del aire y reducido los niveles de dióxido de nitrógeno a mínimos.
De las terrazas a las estufas
Dentro del contexto de las zonas de bajas emisiones también se produjo otro episodio con la Justicia en septiembre de 2023. Entonces, el TSJM anuló una moratoria de Almeida a los transportistas con etiqueta B que les permitía seguir accediendo al distrito Centro (que cuenta con medidas aún más restrictivas). El tribunal madrileño dio así la razón a la izquierda, que había denunciado que la prórroga se había aprobado "por la puerta de atrás" como una enmienda a la ordenanza de Limpieza.
En abril, por otro lado, la Justicia madrileña anuló la ordenanza de Terrazas que el Ayuntamiento aprobó en 2022 y que permitía ampliar las terrazas 'Covid' de las bandas de aparcamiento. En este caso, el pronunciamiento judicial estimó un recurso del PSOE y anuló la normativa por "no ser conforme a derecho". Ante tal decisión, Cibeles está trabajando a dos bandas: ha recurrido el fallo ante el Supremo y trabaja, a su vez, en la elaboración de una nueva ordenanza.
A finales de 2023, el Tribunal Superior de Justicia también dejó sin efecto la prohibición del Ayuntamiento de instalar estufas de gas en las terrazas de bares y cafeterías de la ciudad. Los magistrados entendieron que la ordenanza que recogía esta medida carecía de estudios previos sobre el nivel de contaminación de este tipo de calefactores.
Fuentes municipales explicaron entonces a Europa Press que el dictamen judicial daba viabilidad a la ordenanza, salvo en lo relativo a la prohibición de estufas de gas, un precepto que "fue una imposición" de la agrupación Recupera Madrid para la aprobación de los presupuestos de 2022. El Consistorio no recurrió. Cabe recordar que entre 2019 y 2023 el PP gobernó la capital en coalición con Ciudadanos.