La ley 'estrella' de Isabel Díaz Ayuso para convertir oficinas en viviendas con alquileres baratos llegará este martes al Pleno del Ayuntamiento de Madrid. El Área de Urbanismo aprobará la adaptación que ha hecho de la norma y que, según los cálculos municipales, permitirá edificar 20.000 hogares con rentas protegidas, la mayoría en los nuevos desarrollos de la capital. El PSOE, sin embargo, considera que la "interpretación" que ha hecho el Consistorio del mecanismo regional supondrá "una barra libre de suelo sin ningún tipo de control" que, además, generará "inseguridad jurídica" en la ciudad.
Así lo manifestará el portavoz municipal socialista de Urbanismo, Antonio Giraldo, en la sesión plenaria en el Palacio de Cibeles. "La propuesta del Ayuntamiento -en palabras del concejal- va a tener consecuencias muy negativas en nuestra ciudad porque perdemos el control del modelo de desarrollo urbano que garantiza un planeamiento equilibrado basado en usos mixtos".
Giraldo va más allá y asegura que, una vez aprobada, el Ayuntamiento de Martínez-Almeida habrá transformado un "desastre de ley autonómica en un pelotazo urbanístico" que permitirá que "algunos promotores hagan caja especulando con el suelo".
El Gobierno autonómico aprobó esta regulación a principios de verano. El mecanismo permite cambiar por la vía rápida el uso del suelo terciario -destinado a oficinas- a uno residencial. Todo ello mediante licencia y no a través de la figura del plan especial. Cuando el Ejecutivo regional sacó a información pública el borrador de la ley, ninguna administración alegó tanto como el Consistorio de la capital. De hecho, Cibeles logró meter cambios en casi la mitad del articulado.
Una vez aprobada por la Asamblea de Madrid a finales de junio, Díaz Ayuso dio un plazo de cuatro meses a los municipios para que decidieran si querían aplicarla o no. En ese tiempo, los ayuntamientos también podían establecer condiciones adicionales o definir los ámbitos territoriales de la regulación para su implantación.
A principios de octubre, el Área de Urbanismo, dirigida por Borja Carabante, informó de que ya se había analizado la normativa y establecido las condiciones específicas para la ciudad de Madrid. Con todo, calcularon que la iniciativa podría materializarse en 7.464 viviendas en una primera fase, la mitad de ellas en Hortaleza. Esta cifra, según las mismas estimaciones, se elevaría hasta las 20.000 casas a medida que se construyan los nuevos desarrollos.
El Ejecutivo municipal ha incluido en el ámbito de aplicación de la ley a las parcelas con calificación expresa de uso terciario oficinas, bien sea exclusivo o en concurrencia con otros usos cualificados. Y ha tenido en cuenta el estado de la urbanización de los ámbitos y el grado de construcción de las parcelas para su posible transformación viable.
Sin embargo, desde el Grupo Municipal Socialista recuerdan que la ley regional se establece para parcelas de 'uso global terciario' y que el Ayuntamiento, además, ha "interpretado" extender el mecanismo para suelos de 'uso global residencial', abriendo así el abanico de opciones.
Por ello, Antonio Giraldo considera que lo que se hace es "transformar una mala ley autonómica en una barra libre de suelo sin ningún tipo de control o equilibro territorial que además genera inseguridad jurídica".
A su juicio, los límites temporales de la ley -que da a los interesados dos años para solicitar las licencias y otros tres como máximo para terminar las obras- "van a propiciar que en los ámbitos en desarrollo en los que aún no se han construido las manzanas que el planeamiento destinó a viviendas, éstas queden relegadas a segundo término y las promotoras se lancen a convertir terciarios en viviendas".
"Perjudicial en los nuevos desarrollos"
"Será especialmente perjudicial en los nuevos desarrollos del sureste como El Cañaveral, Los Cerros, Los Ahijones o los Berrocales, donde verán alterado lo planificado sin pasar por los necesarios instrumentos de planeamiento que garanticen que sea justo y sostenible", agrega.
A su vez, el edil del PSOE entiende que el Ayuntamiento está "boicoteando el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que debe establecer el modelo de ciudad que queremos para los próximos años" al presentar esta propuesta al mismo tiempo que se está llevando a cabo un proceso participativo para la revisión del PGOU.
"La adaptación que hace el Ayuntamiento de esta ley dinamita los consensos que se podrían haber logrado en la tramitación del futuro plan general con entidades sociales económicas, vecinales y políticas pues introduce una desregulación contraria a lo que se espera de una planificación ordenada, coherente y que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos", argumenta el concejal.
Ámbitos de uso global terciario contemplados por la ley regional, según el PSOE.
Ámbitos de aplicación de la ley regional, una vez adaptada por el Ayuntamiento. Mapa ofrecido por el PSOE.
Antes de la adaptación hecha por Cibeles, Giraldo ya había criticado duramente la ley de Ayuso porque considera que "altera aspectos básicos regulados en la legislación estatal de suelo, como la equidistribución de cargas y beneficios o los criterios de desarrollo sostenible". "También repercute negativamente en los servicios públicos al permitir viviendas en zonas donde quizás no existan equipamientos adecuados", sostiene.
A finales de septiembre, cuando la ley autonómica salió a relucir en la Comisión municipal de Urbanismo, el delegado Carabante defendió su utilidad: "Yo creo que esta modificación es positiva para la ciudad de Madrid. Lo que tenga que ver con una flexibilización de usos, con la agilización de trámites burocráticos y con generar una mayor oferta de suelo para mitigar ese eventual incremento de los precios es bueno para la ciudad y, en este caso, esta ley así lo hace".