La Audiencia Provincial de Madrid dará comienzo este martes el juicio del conocido como caso Mascarillas, en el que los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño se sentarán en el banquillo de los acusados. Se les atribuye, presuntamente, haber estafado al Ayuntamiento de Madrid durante los primeros compases de la pandemia de la Covid-19, en marzo de 2020, mediante la adquisición de mascarillas, guantes y test rápidos cuya calidad ha sido puesta en entredicho.
El juicio, que se celebrará ante la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, estará presidido por la magistrada Ángela Acevedo. En esta ocasión, la atención se centra en cómo los acusados habrían engañado al consistorio de la capital y ocultado comisiones millonarias derivadas de la venta de material sanitario en plena crisis.
Según la Fiscalía Anticorrupción, todo comenzó con la firma de tres contratos, valorados en aproximadamente 11,9 millones de dólares (unos 11,6 millones de euros), para la compra de un millón de mascarillas, 250.000 test rápidos y 2,5 millones de pares de guantes.
Medidas ante la escasez
Los materiales fueron adquiridos a través de un empresario malasio, San Chin Choon, en un momento en el que la escasez de productos sanitarios convertía cualquier suministro en una necesidad vital para la ciudad.
No obstante, lo que inicialmente parecía una operación destinada a paliar la grave situación sanitaria, se transformó en el escenario de lo que la Fiscalía sostiene es un "negocio jurídico criminalizado".
La acusación alega que tanto Luceño como Medina habrían aprovechado el contexto de emergencia para enriquecerse de manera exagerada a costa del interés público.
Así, el fiscal Luis Rodríguez Sol ha señalado que, en esta operación, se ocultaron comisiones excesivas que beneficiaron exclusivamente a los acusados: Luceño habría obtenido cinco millones de euros, mientras que Luis Medina se habría embolsado un millón, cifras que, según el Ministerio Público, se destinaron a la compra de bienes de lujo.
Yates y lujo
Entre los supuestos lujos adquiridos, destaca que Alberto Luceño utilizó su comisión para hacerse con una vivienda, varios coches de alta gama y relojes de lujo.
Por su parte, Luis Medina, hijo menor de Naty Abascal y considerado un aristócrata, destinó su millón a la compra de un velero —llamado Feria— y a inversiones en bonos. Este enriquecimiento, según la acusación, se produjo a expensas del patrimonio municipal, ya que los contratos contenían un sobreprecio y ocultaban de forma deliberada las elevadas comisiones pactadas.
Delitos y condenas
El juez Adolfo Carretero, quien instruyó el caso, investigó a Alberto Luceño por los supuestos delitos continuados de estafa agravada, falsedad en documento mercantil cometido por particular, falsedad en documento oficial y un delito agravado contra la Hacienda Pública.
A Luis Medina se le acusa de delitos continuados de estafa agravada y falsedad en documento mercantil cometido por particular, como coautor.
La Fiscalía solicita para Luceño una condena de 15 años de cárcel, junto con una multa que asciende a 5 millones de euros, además de indemnizar a la Agencia Tributaria con 1.351.386,29 euros, en caso de que se considere que las comisiones estén sujetas a tributación.
Para Medina, una pena de 9 años de prisión y una multa de 450.000 euros. Asimismo, ambos deberían indemnizar, si resultan condenados en los términos solicitados por la Fiscalía, de manera conjunta a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid con casi 8 millones de euros, suma que representaría, según Rodríguez Sol, el sobreprecio pagado por el material sanitario y las comisiones indebidas.
Relación entre socios
La acusación se sustenta en que los investigados habrían manipulado la operación desde sus inicios. En particular, se destaca que Luceño habría engañado incluso a su socio, ya que, aunque en un primer documento se establecía que ambos cobrarían una comisión de un dólar por mascarilla (equivalente a 1.000.000 de dólares en total), en un segundo documento se deja constancia de que Luceño pactó de forma separada con Leno una comisión adicional de 2 dólares por unidad.
Con ello, Luceño habría recibido, en efecto, una comisión triple en comparación con la de Medina, lo que habría permitido el desvío de grandes sumas en beneficio propio.
Negación y defensa
Durante la instrucción, tanto Luceño como Medina negaron haber estafado al Ayuntamiento. El primero afirmó que su intención era, en parte, ayudar al consistorio, asegurando que la operación se realizó de forma "limpia" y que el porcentaje de comisión (47 por ciento) era normal en este tipo de transacciones.
Por su parte, Luis Medina declaró que, al conocer la oportunidad de traer material sanitario desde China, se puso en contacto con una exdirectora de su antigua universidad, quien le facilitó el contacto de un primo del alcalde José Luis Martínez-Almeida.
Según su versión, fue a través de ese vínculo que se inició la negociación con Elena Collado, coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento, y que su comisión, pactada en el documento que recibiera, fue la de 1 dólar por mascarilla, sin conocimiento de ningún acuerdo adicional.
No obstante, la Fiscalía rechaza estas versiones, sosteniendo que los acusados actuaron de forma fraudulenta al ocultar las comisiones adicionales y al engañar al Ayuntamiento, aprovechándose de la urgente necesidad de contar con material sanitario en medio de la crisis. "
El juicio se desarrollará en varias sesiones, programadas para los días 12, 13, 18, 19, 20, 25 y 26 de febrero, según el calendario establecido, aunque algunas fuentes también indican que la primera sesión podría celebrarse el día 11. El proceso se retransmitirá en directo, lo que garantiza la máxima publicidad y el escrutinio por parte de la ciudadanía ante un caso que ha generado gran expectación.
Consecuencias para el Ayuntamiento
Desde el Ayuntamiento de Madrid se ha mostrado firme en su postura. El alcalde José Luis Martínez-Almeida ha reiterado en múltiples ocasiones que "hay hechos que pueden ser constitutivos de delito" y que el consistorio se ha personado en el procedimiento desde el primer momento para ser acusación, dejando en claro su rechazo ante lo que considera un abuso a la confianza pública.
El Ayuntamiento defiende que la existencia de estas operaciones ha perjudicado gravemente al patrimonio municipal, al poner en riesgo la adquisición de bienes esenciales en un momento crítico.