La saturación que los servicios sanitarios están viviendo a causa del coronavirus en España, especialmente en Madrid, está obligando a las autoridades a cribar qué pacientes se atienden y en qué términos. Es lo que se llama triaje, que busca racionar la escasez de recursos para aplicarlos a aquellos con más probabilidad de salir adelante. En ese sentido, según ha podido saber EL ESPAÑOL, la Comunidad de Madrid está discriminando a los ancianos que viven en residencias y que presentan discapacidades de movimiento o cognitivas.
La semana pasada, la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria de Madrid envió a las residencias de mayores un documento con el protocolo, dictado por la Consejería de Sanidad, a seguir en cuanto al Covid-19. En ese documento, que ha sido facilitado a este diario por una residencia de la capital, se indican los pasos a seguir por parte de los centros geriátricos en caso de que acumulen positivos.
En el mismo, hay un apartado que indica cuándo una infección respiratoria, como la que causa el coronavirus, puede ser derivada a un hospital. Y ahí hay dos desgloses que son altamente discriminatorios. El primero, cuando “el paciente es independiente para la marcha o Índice de Barthel >60”. El segundo, cuando el paciente lo es “sin deterioro cognitivo, o deterioro cognitivo con GDS <6”.
El protocolo distribuido, en el que se establece quién no puede ser derivado a un hospital.
En resumidas cuentas, este protocolo considera que no se debe mandar al hospital a aquellas personas que, aunque tengan infección respiratoria, no puedan ser independientes en sus movimientos o tengan alguna discapacidad intelectual. Este diario ha llegado a él después de que una residencia con numerosas personas en esta situación viera como sus pacientes no podían ser trasladados a los hospitales.
Y es que el documento lo establece claramente. En él pone que su objetivo principal es establecer un modelo de coordinación entre centros residenciales de la Comunidad de Madrid. Además, pone que busca evitar “las graves consecuencias que el colapso del mismo tendría” y que intenta “identificar los pacientes que se beneficien de una derivación a centros hospitalarios por mejorar el pronóstico de superviviencia y calidad de vida a corto y largo plazo. Como todo triaje, intenta “responder adecuadamente a los principios de la bioética y el código deontológico de las profesiones sanitarias”.
Según han denunciado varios familiares con sus miembros en la residencia Nuevo Versalles de Fuenlabrada (Madrid), en el centro se encuentran 36 personas en aislamiento por síntomas. Además, hace dos noches ya falleció una y hay bajas entre el personal que atiende a los sanitarios. A pesar de la situación, denuncian que no han sido atendidos como se debería ya que está especializada en atender a personas con discapacidad.
Diferenciados por discapacidad
EL ESPAÑOL ha consultado este documento con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI de la Comunidad de Madrid) y han reconocido que tienen conocimiento de la existencia de este protocolo desde hace apenas un día. Por ello, han pedido a la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, su interlocutor, que el protocolo sea eliminado.
“Rechazamos este tipo de documentos porque nos parecen claramente discriminatorios”, asegura a este diario Óscar Moral, presidente de CERMI Comunidad de Madrid. “No sólo habla de pacientes con deterioro cognitivo sino también de aquellos que sean independientes en la marcha. Con este criterio, casi la totalidad de los discapacitados están siendo discriminados”, añade. “Está estableciendo elementos diferenciadores por razón de discapacidad”, apuntala.
Objetivos del protocolo establecidos en el mismo.
“No se puede ser que, a razón de una discapacidad, se establezcan criterios de minusvaloración de la vida ni que las personas con discapacidad tengan menor valor que el resto de la población para recibir tratamientos”, comenta Moral. Además, advierte de que, en ese sentido, muchas personas mayores acaban teniendo una discapacidad, como la limitación de movimientos, y podrían verse afectadas por esta norma.
“Hemos trasladado la situación a la Consejería de Políticas Sociales y nos han comentado que ellos tampoco lo entienden”, aclara. “Estamos a la espera de que se retire y aparezca un nuevo protocolo. También queremos una comunicación pública y clara para cualquier persona con discapacidad que pueda verse en una situación de dar positivo en coronavirus. Pero sin discriminación y sin minusvalorar la vida de esta persona”, añade. Moral considera que se trata de triaje pero asegura que aún no se ha conocido ningún caso en el que esto afectara a la vida de una persona.
EL ESPAÑOL ha intentado ponerse en contacto con la Dirección General que elabora el documento pero ha sido infructuoso. Estas medidas ni siquiera están recogidas en la orden que el Ministerio de Sanidad publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 21 de marzo y en la que se establecen las medidas a seguir en las residencias de personas mayores. Ahí, sin embargo, sí que destacan la vulnerabilidad de las personas con discapacidad en esta crisis.