El consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid mantiene la teoría de que el Gobierno central se basa únicamente en criterios políticos para evitar que Madrid avance en la desescalada a un ritmo más ligero. Además, también rebate el nuevo concepto de "cogobernanza" que Moncloa ha puesto en marcha para compartir poder de decisión con los líderes autonómicos en este proceso hasta llegar a la nueva normalidad. "Cogobernanza es codecisión con el País Vasco y Cataluña. Pero en Madrid es imposición", reflexiona en una entrevista con EL ESPAÑOL.
Enrique López (León, 1963) piensa que el Gobierno ha excedido ya todos los límites en la aplicación del estado de alarma y pide a Moncloa una vuelta a la legislación ordinaria para hacer frente a la pandemia sin recortar derechos fundamentales a los ciudadanos. "Es inadmisible que España siga siendo una excepción en Europa y el Gobierno central siga abusando de ese estado de alarma".
Este juez de profesión, que fue magistrado del Tribunal Constitucional, ve una relación directa entre las manifestaciones que el Ejecutivo permitió para el Día de la Mujer y la onda expansiva en número de contagios posterior en la capital. "El 8M había más de 90.000 personas juntas, pegadas, gritando. Fue el festival del virus", sentencia.
Madrid vuelve a pedir otra vez este lunes el cambio de fase. ¿A la tercera va la vencida?
Esperemos que sí. Desde la primera vez que lo pedimos lo hicimos ejerciendo un alto grado de responsabilidad y de prudencia, con la confianza absoluta de que superábamos todos los parámetros establecidos para poder estar en la Fase 1. Lo consideramos hace una semana y lo seguimos considerando hoy, sin lugar a dudas.
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, decía este lunes por la mañana sobre Madrid: "Un Gobierno responsable está para mejorar las cosas, no para empeorarlas".
Ni el ministro de Transportes ni el presidente del Gobierno han manifestado ningún grado de empatía ni simpatía hacia la Comunidad de Madrid. Pero no hacia su Gobierno, sino hacia el pueblo de Madrid. Esto se ha puesto de manifiesto en las decisiones adoptadas.
A día de hoy, más allá de que el informe se filtró a un medio de comunicación el sábado, no tenemos conocimiento alguno de cuáles son los criterios ponderados en relación a otras comunidades para correr distinta suerte.
Nosotros conocemos los datos objetivos y, en estos momentos, tenemos una tasa de contagio menor de España; nuestra tasa de fallecidos por cada cien mil habitantes es de las más bajas del país y estamos por debajo de la media en todos los parámetros sanitarios. Pero la Comunidad de Madrid tiene alto grado densidad y movilidad, pero es algo que ya se sabía, es una parte esencial de la región.
En ese sentido, pedimos que se nos dé información para poder comparar por qué se ha tomado esta decisión. Cada vez cuesta mas creer que solo hay datos objetivos detrás de esta decisión.
El Gobierno dijo el viernes que a la Comunidad de Madrid no pasaba de Fase 1 porque le faltan medios y el Ejecutivo regional respondió que ese informe peca de "excesiva ambigüedad" y que faltaba "concreción". Explíquele a los madrileños qué significa.
Nuestra sanidad tiene unas capacidades indudables que está muy por encima de la media europea, es una de las más potentes de Europa: tenemos 25.000 camas disponibles, podemos llegar hasta más de 1.500 UCIs, tenemos una capacidad de detección pronta de otras comunidades y estamos realizando más test PCR que otras autonomías.
En este sentido, no encontramos ese dato objetivo que determine esa deficiencia de medios en la Comunidad de Madrid en lo que se refiere a sus capacidades sanitarias. Al final parece que se nos castiga por la densidad de población y nuestra gran movilidad.
Sanidad exige a las autonomías disponer de productos como test, batas y guantes para luchar contra la pandemia durante cinco semanas por si hay un rebrote. ¿Lo tiene Madrid?
Hemos traído mas de 600 toneladas de material de China en condiciones de calidad y de precio muy óptimos, tenemos medios suficientes para proteger a sanitarios y esto es indiscutible porque los aviones que han llegado están ahí. Sin lugar a dudas tenemos en estos momentos test rápidos suficientes y tenemos todo un sistema de laboratorios públicos y privados a disposición de la sanidad madrileña para hacer PCR.
Por ejemplo, en mi consejería hemos hecho más de 11.100 test rápidos a todas las policías locales de la Comunidad, a bomberos, al personal del 112 y a organismos de protección civil. Es un ejemplo de lo que estamos haciendo.
¿Está Madrid preparada para localizar dónde está el virus y evitar su propagación?
Tenemos capacidad de detección del virus y podemos decir sin equivocarnos que el 99% de los contagios se produce en el ámbito sociosanitario, en residencias de ancianos y en casos primarios en domicilios. Esto quiere decir que los contagios en actividades públicas son mínimos.
La ratio de contagios es muy inferior a la del 7 de marzo, cuando se autorizó la gran manifestación del 8M, pero muy inferior, y esto es algo indiscutible. Ahora tenemos contenido el virus y tenemos trabajando los sistema de detección pronta.
El cambio de fase tenemos que enmarcarlo dentro de la normalidad democrática y es mucho más grave el mantenimiento del estado de alarma que tiene limitado todos los derechos constitucionales a todos los españoles. Es inadmisible que España siga siendo una excepción en Europa y el Gobierno central siga abusando de ese estado de alarma.
Para poner un ejemplo, el estado de excepción solo puede durar sesenta días, y el de alarma ya dura más de sesenta días. En este tiempo hubiera dado tiempo a reformar cualquier ley para reforzar la acción del Gobierno de la Nación en la lucha contra esta pandemia. Pero no se ha querido hacer, se abusa y nos tiene a las comunidades autónomas en esa mentira que ha generado el Gobierno de la cogobernanza.
Cogobernanza es codecisión con el País Vasco y Cataluña. Pero cogobernanza en Madrid es imposición.
¿Le bastan las explicaciones dadas o no descartan emprender medidas legales contra el Gobierno por su trato "discriminatorio" hacia Madrid?
Ahora mismo nuestra Abogacía General está estudiando todas las posibilidades legales para acudir a los tribunales y pedir amparo frente a lo que consideramos que es un alto grado de arbitrariedad y de falta transparencia por parte del Gobierno de la Nación.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha denunciado públicamente que el presidente del Gobierno no le ha llamado desde que se decretó el estado de alarma. ¿Cómo es su relación con el ministro Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles?
Con los tres ministros jueces mantengo una gran relación personal y confío en que esta situación de estar en gobiernos de diferente signo no lo impida esto. Cuando los tres volvamos a nuestra actividad profesional me gustaría que sigamos teniendo una buena relación.
Pero, insisto, el presidente del Gobierno tiene una absoluta falta de empatía con los ciudadanos de Madrid, porque cuando se castiga a la Comunidad de Madrid, cuando se habla mal del Gobierno de Madrid, se castiga directamente a los madrileños a los que se les impide que se puedan reunir con sus familiares en domicilios pero sí puedan quedar en una tienda para verse. Esto no tiene sentido.
La presidenta Ayuso dice que permanecer en fase 0 es abocar a Madrid hacia la ruina. ¿Qué supone en términos económicos para la región permanecer dos semanas más en fase 0? ¿Tenéis cuantificado el coste?
Permanecer en Fase 0 es no activar la economía madrileña al 100% y ello supone unas pérdida semanales en la hostelería madrileña de 150 millones de euros.
Entiendo que las razones de salud publica justifiquen la contención que hasta ahora hemos tenido en el cierre de actividades para evitar contactos, pero llega un momento en el que hay que buscar un equilibrio entre la salud pública y la economía.
Hay que tomar medidas valientes, y la reactivación económica de Madrid es necesaria porque generamos un grado de pobreza y vulnerabilidad en gran parte de la población que generará más problemas de salud publica que el propio coronavirus. Esto va a afectar la calidad de vida de las personas, que se verán empobrecidas. Estamos hacia un drama que requiere de un Gobierno serio y valiente, y creo que tenemos un Gobierno atemorizado por las circunstancias, que no intervino cuando tuvo que intervenir, la primera semana de marzo, y ahora abusa del estado de alarma con una clara merma de las garantías constitucionales. Esto se verá en los tribunales, por supuesto.
¿Por qué la Comunidad se presentó al plan de desescalada como una única área y no ha propuesto que los municipios libres de Covid avancen, aislando a Madrid capital, como en Barcelona?
Era otra opción, pero la Comunidad tiene una gran movilidad interna y funcionamos como una gran unidad de población. Aquí trasladarse de un lugar a otro es muy rápido, no es Castilla y León ni Castilla la Mancha. Madrid tiene una idiosincrasia muy similar a Barcelona y su área metropolitana. Lo que sí esperamos es que las cifras de Barcelona bajen rápido, porque lo que tenemos claro es que hasta que Barcelona no pase Madrid no pasa.
¿Entonces no va a haber ningún plan para que avancen en la desescalada los municipios más pequeños de la región?
Esto lo tiene que determinar el Gobierno, que tiene la autoridad, pero sí esperamos que a través del informe de este lunes se tome cuanto antes una decisión de pasar a toda la Comunidad de Madrid a la Fase 1 y así no se discrimine a ayuntamientos de la Sierra de la región que están prácticamente a nivel cero de virus.
¿Cómo va a ser el informe que se enviará esta semana desde la Comunidad?
Insistiremos en todos los datos que se han dado y actualizándolos a fecha de hoy respecto al número de ingresados en UCI, hospitalizados, fallecidos en el día de ayer. Estamos ante ratios muy por debajo de la que teníamos el 7 marzo, fecha en la que el Gobierno autorizó una gran manifestación que tiene una gran relación de causa-efecto con la expansión del virus en Madrid. Eran más de 90.000 personas juntas, pegadas, gritando. Eso fue un festival del virus.
¿Ve un delito de prevaricación en que el delegado del Gobierno en Madrid no prohibiera la manifestación del 8M pese a que ya había declarada una emergencia de salud pública? El médico forense adscrito al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid así lo ha dicho en un informe solicitado por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel.
No puedo entrar a calificar jurídicamente estos hechos por mi condición de magistrado. Respeto a mis compañeros jueces que afrontan el reto de calificar estos hechos. Pero sí creo que hubo una gran irresponsabilidad por parte del Gobierno de la Nación, que cuando todo el mundo advertía de que llegaba el virus miró hacia otro lado, no quiso tomar decisiones tan drásticas como en Madrid, donde cerramos los colegios y nos dijeron que alarmábamos.
El Gobierno tardó tres días en decretar el estado de alarma. Si lo hubiera decretado una semana antes, la curva de fallecidos e infectados hubiera bajado muchísimo. Portugal confinó a su población con los datos que tenía España el 3 marzo. Las curvas son matemáticas y muy objetivas: cuanto antes se actúa, antes se sale.
¿Comparte las caceroladas contra la gestión del Gobierno central?
Me gustaría hacer una llamada a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Tenemos que cumplir las normas de distanciamiento y de higiene. Más allá de eso, entiendo como integrante de una sociedad en la que vivo que empieza a haber cierto hartazgo por parte de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid respecto al Gobierno de la Nación.
Creo que el derecho a la libertad de de manifestación y de expresión no debe limitarse, pero tenemos que preservar y mucho nuestra salud pública también.
¿Debería preocuparse el Gobierno por la proliferación de manifestaciones?
Sinceramente yo estaría preocupado, porque estas manifestaciones son un símbolo de la valoración que hace la ciudadanía en la gestión de esta materia. Yo lo que haría sería empezar a generar un mayor grado de afinidad y simpatía con el pueblo español, específicamente con Madrid.
¿Ha habido en Madrid problemas de seguridad durante el estado de alarma?
La delincuencia ha bajado muchísimo como consecuencia de la bajada de la actividad general y ahora se produce un progreso en lo positivo en cuanto se recupere toda la actividad económica y eso genera el aumento de la delincuencia. Pero sí es cierto que durante la fase aguda de la crisis bajó muchísimo.
¿Prevé un colapso en el sistema judicial por el aluvión de demandas de los ciudadanos?
El sistema judicial va a estar tres meses parado y eso va a producir acumulación de asuntos. No cabe duda de que la situación posterior al Covid generará un aumento del número de conflictos en el ámbito familiar y económico como que va a exigir un sistema judicial sobreesfuerzo para el cual hay que prepararse y dotarle medios. Hay que volver cuanto antes a la absoluta normalidad.
Usted es el coordinador de la respuesta en materia de protección civil a la crisis sanitaria en la Comunidad de Madrid. ¿Qué ha sido lo más duro durante este tiempo? ¿Qué lecciones ha sacado?
Fue muy duro constatar que en quince días el sistema sanitario estaba absolutamente estresado. Nunca llegó a colapsar gracias a que los hospitales de Madrid pueden duplicar el número de camas porque son habitaciones dobles de uso individual. Ese fue un momento muy difícil.
En segundo lugar, comenzaron grandes picos de fallecidos diarios que eran cifras que realmente genera mucha tensión. Tuvimos que poner en marcha tres morgues que determinaron que todos los cadáveres fueron tratados con la dignidad que se merecen y nos sentimos muy satisfechos por el trabajo de la Comunidad, aunque nunca se puede estar satisfecho cuando tantos compatriotas han muerto.
¿Tiene un dato aproximado de cuántas personas han muerto ya en la Comunidad por Covid? No solo en hospitales, también en residencias y domicilios.
Se están estudiando, tenemos los datos de los fallecidos en hospitales y residencias que se publican todos los días y también en domicilios por síntomas compatibles con el coronavirus. La cifra real la tendrán los registros civiles cuando se hagan públicos, que dependen del ministerio de Justicia.
Si comparamos las series históricas de los últimos años de marzo y abril podemos hacer una comparativa del aumento de la mortalidad en España y, concretamente, en la Comunidad de Madrid, que hemos tenido un aumento muy significativo.
¿Entiende ya en qué se falló para que las residencias se convirtieran en el principal foco de acción del virus?
Hay que analizar todo lo que ha pasado y aprender de cara a futuro. Éramos conscientes de que en las residencias se concentraba la parte mas vulnerable de la población: por la edad y por patologías.
Sabíamos que eran población de alto riesgo y por eso el 9 marzo cerramos los centros de mayores de día y prohibimos todas las visitas. El sistema se encontró muy estresado al principio, no pudimos tener inicialmente equipos de protección porque el Gobierno centralizó las compras y no pudimos acudir a ningún mercado hasta que fuimos a China.
Pero hicimos un esfuerzo por parte de mi consejería y pudimos dotarles de protección. Con esto quiero decir que analizar lo que ha pasado, por supuesto, pero no solo es un problema de España. En Francia, Gran Bretaña o EEUU la letalidad en centros de mayores es altísima.
Además, no de un problema de modelo asistencial, como quiere hacer ver el vicepresidente del Gobierno, que aprovecha cualquier circunstancia para criticar los modelos e intenta llevar su ideología a la sociedad. No es un problema asistencial, tenemos distintos modelos asistenciales en Madrid, en Cataluña, en País Vasco, en Castilla la Mancha y las cuatro, junto con Castilla y León, han sufrido una alta letalidad en residencias.
Cuando los hospitales se saturaron, ¿se prohibió el ingreso de pacientes de residencias?
No, en la Comunidad de Madrid no ha habido ninguna norma de triaje de tratamiento de pacientes ni por edad ni circunstancias.
Todas las decisiones se adoptaron de forma libre por los responsables de las áreas de urgencias de los hospitales, y niego que desde la Comunidad de Madrid se dieran instrucciones al respecto sobre realizar triajes y atención preferentes a enfermos como consecuencia de su edad o situación previa de patologías.
Como jurista, ¿qué le parece que Pedro Sánchez quiera prorrogar el estado de alarma hasta el final de la desescalada y levantarlo por territorios?
El estado de alarma ni es necesario ni esta justificado ni es proporcional. No es necesario porque nuestra legislación permite al ministro de Sanidad, en colaboración con las comunidades autónomas, adoptar las mismas medidas de desescalada que durante el estado alarma. No esta justificado porque existe esta legislación y no es proporcional, porque se sacrifican derechos fundamentales de una manera absolutamente antidemocrática. En estos momentos hay que abandonar el estado de alarma, utilizar la legislación de sanidad en todos los extremos que permite junto con la de protección civil y la de seguridad nacional y eso se puede perfectamente hacer de igual manera que limitar y poner fecha a la reactivación de las actividades económicas, comerciales y sociales, también condicionando el derecho a la libre circulación.
El estado de alarma limita al ciudadano el derecho a la libre circulación y es desproporcionado.
Mediante la legislación sanitaria se puede condicionar ese derecho libre circulación para impedir la expansión del virus y es menos lesivo para el derecho fundamental. Insisto: el estado de alarma en estos momentos es la hipérbole, una exageración, y el Gobierno debe reflexionar en seguir utilizando un estado de alarma por encima de los sesenta días que es lo que limita el estado de excepción.
¿Aceptará que sea Madrid la última comunidad donde se levante el mando único?
La cogobernanza que se ha generado en los últimos quince días en las normas que el Gobierno esta publicando insisto en que estoy viendo que en Cataluña y País Vasco es una cogobernanza basada en la codecisión y en Madrid esta basando en la imposición. Eso es una doble vara de medir y de aplicar la misma norma en diferentes comunidades.
Usted ha diseñado con Pablo Casado el plan Reactiva España, el plan alternativo al plan de Pedro Sánchez. ¿En qué consiste la desescalada jurídica?
Se trata de ir aplicando la normativa en materia de sanidad que ya tenemos a través de la Ley General de Sanidad y de Salud Pública, que permiten al ministerio de Sanidad tomar estas decisiones siempre en el marco de la Comisión Interterritorial con las comunidades autónomas. Es un modelo muy similar al que se ha aplicado en Alemania donde ha habido un régimen codecisional entre el Gobierno federal y los landers tomando medidas horizontales con un amplio consenso y mucha lealtad institucional. Además hemos propuesto ayudarles para reformar la legislación y reforzar los poderes del Gobierno en este tipo de situaciones de pandemia. Hemos ofrecido un catálogo de posibilidades que desaconseja mantener el estado de alarma.
¿Le ve futuro a la Comisión de Reconstrucción del Congreso?
Si se tiene como objetivo común el beneficio de los ciudadanos, sin lugar a dudas. Si se utiliza exclusivamente para generar discusiones políticas, no.
Tenemos que tener muy claro que ahora hay que trabajar por y para los ciudadanos y sus necesidades. Nos necesitan unidos con plena lealtad y no tratando de sacar provecho de una situación como esta y viendo todo el derecho extraordinario que ha generado el Gobierno al amparo del estado de alarma en algunos casos vemos que tratan de sacar provecho ideológico de esta situación. Ahora mismo lo prioritario ademas salud pública es proteger nuestra economía y salvar puestos de trabajo. Lo que hace más libre hace al ciudadano es tener trabajo.