"¡Esto me lo hace a mí!": Ayuso entiende el estado de alarma como un ataque personal de Sánchez

Isabel Díaz Ayuso reunió en el palacio de la Puerta del Sol a su gabinete de crisis para articular una respuesta al Gobierno central. Era viernes por la mañana. Llegaron por goteo Ignacio Aguado -vicepresidente-, Enrique López -consejero de Justicia-, Enrique Ruiz Escudero -consejero de Sanidad-, José Luis Martínez-Almeida -alcalde de Madrid- y Begoña Villacís -vicealcaldesa-.

Los presentes encontraron a una presidenta visiblemente alterada, de todo punto reacia a negociar con el Ejecutivo. Su tesis fue esta: si Sánchez quiere cerrar la ciudad, que aplique el estado de alarma.

Aguado y Villacís, a tenor de las fuentes consultadas por este periódico, la presionaron para que aplicara la Ley General de Sanidad (1986), que sí permite -al contrario que la norma de 2003 elegida por Salvador Illa- restringir la movilidad de los ciudadanos. Ahí queda el ejemplo de León y Palencia, dos perímetros ya avalados por la Justicia.

Pero Ayuso se cerró en banda. "¡No se lo está haciendo a Madrid, esto me lo hace a mí!", respondió la presidenta de la Comunidad. Una prueba inequívoca de que interpreta la declaración del estado de alarma como un ataque personal de Pedro Sánchez.

Las mismas fuentes reiteran que la presidenta sólo puso sobre la mesa un camino: cerrar alrededor de 50 áreas sanitarias. En ese instante, tanto Ayuso como los demás presentes sabían que el Gobierno no iba a aceptar esa opción. Y así se lo comunicaron los representantes de Ciudadanos, pero volvió a negarse.

Todos los cargos reunidos compartían la previa del análisis: Sánchez tiene enfilada a Madrid y la trata de manera distinta a otras Comunidades igualmente perjudicadas -pero gobernadas por el PSOE- como Navarra. Por tanto, interpretaban como un "chantaje" lo que Moncloa definía como "negociación".

"Vía de escape"

Sin embargo, existía una vía de escape: la referida ley de 1986. El camino era seguro porque ya lo había recorrido el Ejecutivo de Castilla y León, también integrado por PP y Ciudadanos. "Que no, que a mí esto no me lo hace nadie", reiteró Ayuso. Aguado y Villacís trataron de hacerle ver que no se trataba de un "asunto personal", pero ella defendió esa coyuntura argumentando la singular presión que padece Madrid en detrimento de otras regiones.

Por tanto, puede concluirse que Sánchez ya tenía preparado el estado de alarma y que Ayuso no veía con malos ojos que lo declarara. El Gobierno madrileño concibe que el coste político de la aplicación de esta medida debilitará a Moncloa.

En medio estaba José Luis Martínez-Almeida, entre la espada y la pared de sus dos cargos: la alcaldía de la capital y la portavocía del PP. En Ciudadanos, finalizado el encuentro, interpretaron que el regidor estaba más cerca de ellos que de Ayuso, aunque luego en rueda de prensa se viera obligado a cerrar filas con su compañera.

En defensa de la presidenta, su gabinete traslada que Moncloa filtró la declaración del estado de alarma antes incluso de que se produjera la conversación telefónica entre Sánchez y Ayuso... que de nuevo concluyó en enfrentamiento. Un aspecto que el Gobierno niega.

Como último intento, Aguado y Villacís hicieron ver a Ayuso que, al haber "mejorado los datos", Madrid estaría desconfinada en apenas unos días en caso de elegir el camino de la ley de 1986. La capital se encuentra muy cerca del umbral que marcaba Moncloa. El gesto no surtió efecto.

Esta vez, los liberales no trataron de disimular su disconformidad con Ayuso. Los trapos de la reunión estaban tan negros que no hubo más remedio que sacarlos a relucir tras haberlos lavado en casa. No querían que su postura se asimilara a la de la presidenta de la Comunidad. Aguado escribió en su Twitter: "El estado de alarma era evitable".