La Comunidad de Madrid da luz verde a la nueva Ciudad de la Justicia. Estará situada en el barrio de Valdebebas, en ella estarán las 28 sedes judiciales y ocupará el doble de espacio de Ifema. Contará, además, con 18 edificios de entre tres y nueve plantas, dos parkings y un intercambiador que conectará con Cercanías y Metro.
Este es el tercer proyecto de la Ciudad de la Justicia tras los fallidos planes de los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González.
El plan urbanístico proyectado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso echó a andar en marzo de 2020 tras una sentencia del Tribunal Supremo que dejaba las manos libres al Ejecutivo regional para acometer su propio diseño y dejar atrás los errores de los Ejecutivos anteriores, todos ellos del Partido Popular.
Se calcula que unas 31.000 personas harán uso de la nueva Ciudad de la Justicia. Será un punto de trabajo de 5.000 funcionarios, 184 fiscales, 709 magistrados, 558 letrados de la Administración de Justicia y 100 forenses.
Prevista para 2026
El proyecto aún no ha sido adjudicado ni tiene firma. El Gobierno de Ayuso prevé adjudicarlo a principios de 2023 y será entonces cuando arranque la construcción con la colocación de la primera piedra. Los trabajos se prolongarán durante unos tres años, por lo que se prevé que la nueva Ciudad de la Justicia esté operativa en 2026.
En un solar de 375.000 metros cuadrados se concentrarán las 28 sedes judiciales repartidas actualmente por toda la ciudad de Madrid en edificios en su mayoría de alquiler.
En una misma parcela se ubicarán por ejemplo las sedes de la Audiencia Provincial de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), los juzgados de Instrucción o el Registro Único de Madrid, entre otras sedes judiciales. También estará en Valdebebas la Fiscalía Superior y Provincial de la Comunidad de Madrid.
Se trata de una parcela longitudinal anexa al Instituto de Medicina Legal, el famoso 'dónut' que quedó en desuso durante años e idea de Esperanza Aguirre y que está ya en funcionamiento sólo desde hace un año, y al Hospital Enfermera Isabel Zendal. Al lado está el recinto ferial Ifema Madrid y la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Modelo concesional a 40 años
Este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, informará Consejo de Gobierno de las conclusiones del estudio de viabilidad encargado a la UTE EGUESAN sobre la estructura de costes y el canon a fijar, un informe que será sometido ahora a información pública para que se hagan alegaciones de cara a la redacción del pliego de condiciones para la adjudicación del proyecto.
La Comunidad de Madrid ha optado por un modelo concesional, previsto en la Ley de Contratos Públicos del Sector Público. El proyecto supone una inversión de capital privado de cerca de 507 millones de euros solo en construcción, ya que no incluye gastos relativos a la explotación y al mantenimiento. Con este modelo, la Comunidad de Madrid se asegura la estabilidad financiera en una época de contención del gasto, según ha apuntado el consejero.
El estudio de EGUESAN planea una concesión de hasta 40 años con un canon anual que pagará la Comunidad de Madrid de unos 50 millones de euros, lo que supone una cantidad inferior a la que actualmente dedica el Gobierno regional a la prestación del servicio de la administración de Justicia.