"Una ley orgánica es de obligado cumplimiento, los reales decretos para desarrollar los currículum de cada comunidad autónoma no pueden modificarla". Esta es la frase que, durante meses, ha estado reiterando el Ministerio de Educación y Formación Profesional cada vez que una región ha defendido que iba a desobedecer controvertidos mandatos de la ley de educación LOMLOE (conocida como ley Celaá) como las matemáticas con perspectiva de género o la defensa del "ecofeminismo".

Declaraciones al aire que, tal y como vaticinaba Educación, se han quedado en eso, palabras. Ejemplo de ello es el currículum educativo que, esta semana, la Comunidad de Madrid ha presentado ante el Consejo Escolar.

La región presidida por Isabel Díaz Ayuso había asegurado que no comulgan con las expresiones de "ecofeminismo" y "ecodependencia" que aparecían en el 60% de los objetivos comunes marcados por el equipo de Pilar Alegría. Afirmaban que "desaparecían en su decreto", pero no ha sido así.

Finalmente, el texto final de contenidos por asignatura remitido al Consejo escolar, en su página 28, incluye una disposición adicional por la cual la Consejería de Educación madrileña reconoce que sí tratará dichos términos.

Concretamente, el párrafo reza: "Con independencia de lo establecido en el presente anexo, el desarrollo curricular que compete a los centros educativos incorporará los elementos curriculares de las enseñanzas mínimas establecidos en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. Los términos: ecodependencia, ecofeminismo, ecosocial, perspectiva de género, sexista y socioafectivo, incluidos en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, serán de aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, de Educación".

Una rectificación a ojos de la administración central y una "salvaguarda", según la Comunidad de Madrid. Este diario se ha puesto en contacto con la Consejería de Enrique Osorio, portavoz y encargado del área educativa, quién ha reconocido que con esta disposición adicional insertan la exigencia de la ley Celaá (de obligado cumplimiento) sin hacerla suya.

Es decir, no hacen los términos suyos, sino que los incluyen en un movimiento político para que desde el Ministerio no les echen para atrás el Real Decreto (por no cumplir la ley).

La supuesta eliminación de estos términos, que habían anunciado desde los despachos de la Puerta del Sol, levantó las críticas de la izquierda. Ecologistas, activistas jóvenes y educadores ambientales calificaron la supuesta eliminación de estos términos como "una forma de censura".

Fue el consejero Enrique Ossorio, quién despertó a la oposición al asegurar que los términos de ecofeminismo pretendían "adoctrinar" y que, encima, "muchos de ellos no están reconocidos por la Real Academia de Lengua".

Desde la izquierda, por el contrario, defendían que ir contra estos conceptos era, a su vez, contradecir las directrices de la Unión Europea, que en enero de 2022 sacó el marco de competencias medioambientales, donde se incluían conceptos así.