El ministro de Consumo, Alberto Garzón, que se ha propuesto poner limitaciones a las casas de apuestas en España, inició hace un año la tramitación de un decreto ley para prohibir en ellas las  tarjetas de crédito. Justo antes de aprobarse, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso le planta cara con su propia normativa.

Tras redactar una ley para restringir el juego y su publicidad, Garzón dice recoger las peticiones de varias asociaciones de consumidores que le solicitan prohibir las tarjetas de crédito en las casas de apuestas. Esa misma medida la tomó Reino Unido en 2020.

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Pero Ayuso se ha anticipado y acaba de publicar las bases de su legislación en la que sí se permite nuevas formas de pago a crédito (tarjetas o aplicaciones móviles) justo cuando, según fuentes parlamentarias, el proyecto de Real Decreto Ley de Garzón está a punto de llegar al Congreso.

Aunque Madrid no ha presentado aún su propuesta como un nuevo pulso a Sánchez, el enfrentamiento está servido, porque, por si no hubiera ya suficientes precedentes, la iniciativa coincide en tiempo y forma con la de Garzón. 

Menos efectivo 

Lo que la Comunidad de Madrid pretende es ir un paso más allá, puesto que, hasta ahora, sólo se aceptan tarjetas de débito y dinero en metálico, y la instalación de cajeros automáticos en el interior de estos locales está prohibida desde 2018.

Según las asociaciones de consumidores, aceptar tarjetas de crédito puede suponer un incremento de los endeudamientos por juegos de azar. De hecho, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid ha denunciado el proyecto normativo de Ayuso por considerarlo un retroceso.

La Federación acusa a la Comunidad de haber presentado este recurso con "'agosticidad' y alevosía", por las fechas en los que ha iniciado su trámite. Además, asegura que va en contra de las líneas marcadas por el Gobierno central y las asociaciones de consumidores. 

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Pero Madrid se defiende y, en el documento que ha presentado para su consulta pública, alega que su objetivo es "adaptar la normativa" a los nuevos usos y costumbres sociales, "regulando nuevos medios de pago para la práctica en determinados juegos y apuestas, garantizando la seguridad de las transacciones".

La dirección general de Seguridad, Protección Civil y Formación aclara que existe una "disminución del uso del dinero en efectivo en las transacciones diarias y la germanización de la utilización de medios de pago electrónicos".

Por ello, consideran necesario, "en aras de la seguridad jurídica", la regulación de medios de pago distintos y adicionales al efectivo, como es la tarjeta de crédito. Esto será así para la gran mayoría de las actividades desarrolladas mediante "máquinas de juego y de azar y de apuestas".

Jugadores intensivos

La ley de Garzón (en forma de Real Decreto Ley) se prevé aprobar antes de que acabe el año, por lo que, si Ayuso aprieta en sus trámites legislativos, tendría que aclararse qué ley rige dentro de la Comunidad de Madrid.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha evaluado la normativa del Ministerio de Consumo dándole su visto bueno. A grandes rasgos, aseguran que el proyecto no presenta restricciones "injustificadas".

Aunque Ayuso abra la puerta a revocar la medida del Ministerio de Consumo para no usar tarjetas de crédito, las medidas de Alberto Garzón van mucho más allá.

En la futura ley se pretende detener la presencia de "jugadores intensivos" (altas cantidades de dinero de forma diaria) impidiendo a los operadores que les den regalos o formen parte de sus programas de clientes.

Además, desde el Ministerio se enviará a estos usuarios de juegos de azar un mensaje informativo que "contendrá información sobre la relación del participante con el juego, y deberá comprender, al menos, datos tales como el importe medio de depósitos, el tiempo de conexión o las pérdidas acumuladas".

Según la norma del Ministerio de Consumo, se considera "jugador intensivo" aquel adulto mayor de 25 años que haya sobrepasado el 50% del límite de depósito diario o semanal previsto en el Anexo II del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, durante tres periodos consecutivos de tiempo. En el caso de los menores de 25, el límite de referencia será del 25% en dos periodos consecutivos.