Educación. Esa ha sido una de las principales bazas que, desde hace más de un año, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está usando para enfrentarse a las políticas de Pedro Sánchez (y viceversa). El desarrollo de la LOMLOE, conocida como Ley Celaá, ha llevado de cabeza a ambos equipos de Gobierno por sus supuestas implicaciones "ideológicas" en el desarrollo de los currículums educativos.
La forma de promocionar de curso, las zonas de elecciones de centros e, incluso, sus currículums educativos han sido motivo de rifirrafe político entre el Ejecutivo madrileño y Moncloa. Pero, hasta ahora, todo se había quedado en anuncios que no se habían materializado por los trámites que precisan algunas actuaciones judiciales.
Todo ha cambiado en los últimos días cuando la Comunidad de Madrid ha iniciado el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del decreto de Bachillerato aprobado por el Gobierno central y, este mismo miércoles, cuando el Ministerio de Educación ha anunciado que recurre los criterios del Gobierno de Ayuso para obtener título de ESO y Bachiller.
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Ninguno de los dos recursos es nuevo, de hecho el paso del Ministerio de Educación se da después de que le fueran denegadas las cautelarísimas en mayo. Bien es cierto que lo denegado en mayo era paralizar un parte y ahora van directamente a por la ley.
Concretamente, el departamento que dirige Pilar Alegría ha presentado dos recursos contencioso-administrativos contra las condiciones para promocionar de curso y obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato establecidas en los currículos educativos presentados por la Comunidad de Madrid.
Estos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pretenden impedir la estrategia de Ayuso de endurecer los criterios para promocionar de curso y obtener el título de Secundaria y Bachillerato, estableciendo unos porcentajes que no están recogidos como tal en la LOMLOE.
El inicio de este nuevo proceso iniciado por el Ministerio de Educación se remonta a verano cuando, tras la aprobación de los currículos madrileños, el Ministerio envió un requerimiento preceptivo a la Comunidad de Madrid. Una vez cumplido el plazo legal y tras no llegar a un acuerdo entre las partes, Educación ha acudido ahora al contencioso-administrativo para que se resuelva la discrepancia.
Currículum de Bachiller
La respuesta judicial de Pilar Alegría llega una semana después de que Ayuso oficializara el recurso ante el Tribunal Supremo del real decreto de Bachillerato aprobado por el Gobierno central en el marco del desarrollo de la nueva ley educativa, conocida como Ley Celaá.
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En su caso, el equipo de Ayuso asegura que detectar "una falta de contenidos o saberes esenciales y también una elevada carga ideológica en el texto" en las bases curriculares del Gobierno de España que la comunidad, usando sus competencias, debe de ampliar.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya presentó en junio el escrito especificando la disposición impugnada y, una vez recibido, el Supremo le pidió al Ministerio de Educación "el expediente de tramitación" de todo el decreto, que fue trasladado a la Comunidad de Madrid que, tras estudiarlo, presentó la semana pasada el recurso ante el Alto Tribunal.
Este recurso está motivado por la "ausencia de contenidos básicos, así como en la elevada ideología incluida por el Gobierno de España en la redacción de la normativa".