La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves, en el pleno de la Asamblea de Madrid, que su Gobierno ampliará con "hasta un máximo de 63.000 euros" las indemnizaciones de los afectados por la Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares
En su respuesta al grupo parlamentario de Unidas Podemos, Ayuso ha adelantado que esta misma mañana la Consejería de Transportes ha empezado a llamar "uno a uno" a los afectados para "explicarles la situación que les es favorable".
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La presidenta de Madrid ha recordado como, durante todos estos años, no han dejado de buscar "cómo mejorar la vida" de los afectados de la línea 7B de Metro.
"De hecho, me comprometí con ellos a darles el máximo legal permitido y los servicios jurídicos han encontrado la posibilidad de incrementar las indemnizaciones entre 10.000 y 63.000 euros por vivienda atendiendo al daño moral por conviviente", ha anunciado.
La líder de los populares madrileños ha expuesto que este incremento responde a que los servicios jurídicos han encontrado la "posibilidad" de incrementarlo. El objetivo de la CAM siempre ha sido llegar al "máximo legal" posible. Este nuevo incremento radica en el "daño moral" de cada conviviente.
Desde que se dieran a conocer las compensaciones hace meses se ha sostenido desde la Comunidad que estas eran las máximas cuantías que permitía la ley. Hasta la fecha las cantidades oscilaban desde 136.000 hasta los 355.000 euros por inmueble, por lo que el máximo posible se situará en los 418.000 atendiendo al anuncio de Ayuso.
"Gracias"
El anuncio de la presidenta también se ha materializado en la red social Twitter en la que la expresidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha agradecido el trabajo realizado por el equipo de Ayuso.
La noticia se conoce el mismo día que la Comunidad de Madrid ha trasladado a las algunas de las familias afectadas que solicitará al Ayuntamiento la declaración de ruina total de sus inmuebles para el derribo de las viviendas en próximos meses.
Las nuevas casas derruidas serán las que se encuentran en los números impares de la calle Pablo Olavide (1, 3, 5, 7, 9 y 11) y portales A-G del número 20 de la calle Ventura de Argumosa, según ha indicado la Consejería de Transportes e Infraestructuras en un comunicado.
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Al demolerse los edificios, la Comunidad ha informado a los afectados de la documentación necesaria y los pasos a seguir para completar los expedientes de responsabilidad patrimonial y "agilizar la indemnización correspondiente".
Las familias ya se esperaban ese desenlace, puesto que llevan fuera de sus casas desde hace casi un año. Desde abril de 2022, el Ejecutivo autonómico asume todos los gastos de alojamiento, manutención, gastos de suministros (agua, luz y calefacción), al igual que el servicio de guardamuebles, ya que cuando se fueron de sus casas procedieron a sacar sus pertenencias.