La juez María Pinto ha reprochado a la alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Posse, que el recurso que interpuso tiene una "clara finalidad dilatoria" y busca retrasar que la política se siente en el banquillo de los acusados.

Así figura en un auto, fechado el pasado 3 de mayo y al que ha tenido acceso Madrid Total. Como informó este diario, el pasado marzo, la Audiencia Provincial de Madrid reabrió el llamado caso ITV y propuso juzgar a la regidora y a otros siete concejales de su equipo de gobierno.

Fue entonces cuando la juez solicitó los datos personales de los investigados y la defensa de uno de ellos recurrió esta resolución. La alcaldesa de Móstoles se adhirió a dicho recurso. La Fiscalía, por su parte, se opuso al mismo y lo impugnó.

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, Posse fue imputada en el caso ITV —que la juez Pinto acabaría archivando y la Audiencia luego reabrió— por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

¿El motivo? La anulación de más de dos millones de euros de deuda que acumulaba la empresa ITV Móstoles SL, que se encargaba de la inspección técnica de vehículos y que había dejado de abonar desde el 2013 el canon que debía al Ayuntamiento por ocupar terrenos públicos.

[La juez archiva el 'caso ITV' por el que fue imputada Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles]

Una vez fueron procesados, Posse y los siete concejales también solicitaron una aclaración del auto de la Audiencia Provincial. "Pero lo cierto es que la misma no tiene efectos suspensivos respecto de la tramitación del procedimiento", señala ahora la juez Pinto.

Sobre su recurso, la magistrada subraya que "no tiene ninguna fundamentación ni base legal, puesto que no tiene sentido que se recurra una resolución en la que se pide una información personal para consultar la hoja de antecedentes penales de los investigados".

"A mayor abundamiento, entiende esta instructora que el recurso interpuesto tiene una clara finalidad dilatoria, la cual es impedir que se dicte, pese a que así lo ha ordenado la Audiencia Provincial, el auto de acomodación procedimental", reprocha la magistrada.

Tal y como señala el reglamento del PSOE, si finalmente se abre juicio oral contra Posse y los siete concejales, éstos deberían dejar de militar en el partido y no podrían ser candidatos. Por el momento, la actual alcaldesa encabeza la papeleta electoral para tratar de revalidar el cargo en las elecciones municipales del próximo 28-M.

En su declaración ante la juez instructora, la alcaldesa aseguró que la condonación de la deuda pretendía que el consistorio, al menos, pudiera cobrar una parte del dinero adeudado y "se salvaran los puestos de trabajo".

Tras conocerse este auto de la juez, la concejala de Presidencia del Ayuntamiento de Móstoles, Marisa Ruiz, ha asegurado: "No estamos dilatando nada, sino ejerciendo nuestro derecho a la legítima defensa con todo lo que sea necesario, igual que lo hacen todos los que recurren, porque lo único que hicimos fue intentar salvar el sustento de 40 familias".

"A día de hoy, lo que hay hasta ahora es que este caso ya se instruyó y se sobreseyó en primera instancia", ha añadido Ruiz, que recuerda que aún existen otros recursos pendientes de resolución. "En lo que se refiere al recurso de reforma, la jueza da una opinión, pero no sienta base jurídica", ha señalado.

'Caso ITV'

El Gobierno que encabeza Noelia Posse optó por condonar una gran parte de la deuda de ITV Mostoles SL y relajó las condiciones para la devolución del resto. A preguntas de este diario, fuentes del PSOE mostoleño defendieron que esta decisión fue un "mal menor" que pretendía "salvar los empleos" y recuperar, al menos, una parte del dinero.

No obstante, dos ediles de Más Madrid Ganar Móstoles —grupo que había formado parte del Ejecutivo mostoleño hasta que lo abandonó por el escándalo de los enchufes— interpusieron una querella. En mayo de 2022, la juez Pinto, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad, quien había imputado a Posse y a los siete ediles, archivó este caso. 

Pero Gabriel Ortega y Susana García, los dos concejales de Más Madrid que firmaban la querella, recurrieron, con apoyo de la Fiscalía, la decisión de la magistrada. Y la Audiencia madrileña les dio la razón, subrayando que es "obvio" el "perjuicio" causado a las arcas públicas. Por lo tanto, el tribunal ordenó a la instructora que procesara a la alcaldesa Noelia Posse y al resto de vocales que componían la Junta de Gobierno cuando la querella fue presentada.

Se trata de David Muñoz (teniente de alcalde y secretario de Organización del PSOE mostoleño), Rebeca Prieto (concejala de Empleo, PSOE), Alejandro Martín (secretario general del PSOE de Móstoles y concejal de Cultura y Seguridad Ciudadana), María Luisa Ruiz (concejala de Urbanismo, PSOE), María Dolores Triviño (concejala de Igualdad, PSOE), Beatriz Benavides (exconcejala de Urbanismo e Igualdad; ya jubilada) y Natividad Gómez (concejala de Educación por Podemos).

Perdonar tributos

Según la querella presentada por Más Madrid-Ganar Móstoles —formación que, entre junio y octubre de 2019, sostuvo el Gobierno local de PSOE y Podemos—, la Junta Municipal presidida por Posse aprobó, de forma "fraudulenta", una quita de la deuda de 615.000 euros a ITV Móstoles SL.

Ortega y García responsabilizaron a los miembros de dicha Junta de Gobierno del "fraccionamiento, sin ningún tipo de intereses ni garantía, a nada menos que 30 años", del resto de la cantidad que adeudaba la empresa y "la reducción del canon del 2020, y de los años subsiguientes hasta 2041, a menos de la mitad [de 147.653 euros anuales a 60.000]".

A juicio de los querellantes, esto último supondría "un perjuicio para las arcas públicas, sin contar el IPC, de 1.840.725,39 euros".

[Anulado el cese del interventor de Móstoles que denunció un supuesto caso de corrupción]

Los dos concejales de Ganar Móstoles-Más Madrid también acusaron al Gobierno de Noelia Posse de haber obviado, de forma deliberada, los informes del interventor del ayuntamiento, el encargado de supervisar sus finanzas, quien se opuso de forma contundente a la condonación de la deuda.

Tal fue su oposición que acabó remitiendo un informe al Tribunal de Cuentas. En él, alertaba de las posibles "responsabilidades en que se pudiera incurrir, tanto de naturaleza administrativa como contable e incluso penal".

Este órgano, tal y como publicó este diario, continúa investigando el caso. Y ya ha solicitado al Ayuntamiento de Móstoles que informe de "quiénes fueron los responsables" que acordaron la reducción del canon municipal, a fin de determinar las "presuntas irregularidades contables" de esta decisión del consistorio de la segunda ciudad más grande de Madrid.

El interventor, tras dos décadas en el cargo, fue cesado por el Ayuntamiento el 5 de mayo de 2021 —un día después de las elecciones autonómicas— alegando "pérdida de confianza" por su supuesta mala gestión de las cuentas de una empresa pública. Por su parte, la oposición municipal tachó su destitución de "represión" por haber denunciado ante el Tribunal de Cuentas este presunto caso de corrupción. Y la Justicia, de hecho, anuló su cese.

El Ministerio de Hacienda había avalado holgadamente la labor profesional del funcionario. Según hizo constar en un informe, no apreció ninguna "falta de diligencia en el desempeño de sus funciones legalmente asignadas".