La Justicia deniega otra petición de la alcaldesa de Móstoles y la acerca al banquillo al filo del 28-M

La Justicia ha tumbado otra de las peticiones de la alcaldesa socialista Noelia Posse con las que trataba de librarse del banquillo de los acusados. En un auto que avanza Madrid Total, la Audiencia Provincial de Madrid confirma la resolución judicial que, el pasado marzo, procesó a la regidora de Móstoles por los supuestos delitos de malversación y prevaricación en el llamado caso ITV.

Al conocerse esta decisión, Posse y otros siete concejales de su equipo de Gobierno solicitaron a la Audiencia Provincial la "aclaración y complemento" de dicha resolución judicial. La Fiscalía se opuso y solicitó confirmarla.

Concretamente, los investigados solicitaban que se declarase "la inexistencia del delito de prevaricación" al "no concurrir los elementos objetivos ni subjetivos del tipo delictivo".

[La juez afea a la alcaldesa de Móstoles su recurso "claramente dilatorio" para tratar de evitar el banquillo]

Ahora, en respuesta, los magistrados José Luis Sánchez Trujillano, Ignacio González Vega y Teresa de la Concepción Costa deniegan todas estas peticiones. Y confirman el auto que ordenó procesar a Posse y al resto de los ediles.

Todos ellos habían sido investigados por el llamado caso ITV. La causa se inicia con una querella interpuesta por dos concejales de la marca local de Más Madrid, quienes, años atrás, habían sostenido el Gobierno de Posse, conformado por PSOE y Podemos.

En su denuncia, Gabriel Ortega y Susana García acusaban al Ejecutivo local de haber perdonado, de forma irregular, el pago de tributos a una empresa privada que ocupaba terrenos municipales para realizar inspecciones de vehículos.

El juzgado que instruyó este caso optó por archivarlo. Pero los dos concejales de Más Madrid recurrieron esta decisión, apoyados por la Fiscalía. La Audiencia Provincial de Madrid les dio la razón, ordenó reabrirlo y procesar a Noelia Posse y al resto de ediles. Fue entonces cuando todos los investigados solicitaron esta "aclaración y complemento".

No fue el único escrito que presentaron. Recientemente, otro de sus recursos ha sido desestimado. Tal y como avanzó este medio, en una resolución reciente, la jueza instructora afeó a la alcaldesa de Móstoles su intención, "claramente dilatoria", de tratar de evitar sentarse en el banquillo de los acusados.

En esta ocasión, la Audiencia Provincial recuerda que los tribunales pueden "aclarar algún concepto oscuro" o "rectificar cualquier error material" que exista en las resoluciones judiciales.

Pero éste no es el caso. "El auto cuyo complemento se solicita (...) contiene la motivación que se estimó suficiente en relación con la resolución recurrida", señalan los magistrados.

A juicio del tribunal, las peticiones de Posse y el resto de ediles "excederían lo que es propiamente una aclaración de un concepto oscuro" y pretenden "una resolución de fondo sobre los hechos objeto de la instrucción".

"En consecuencia, hemos de concluir que no procede el complemento ni la aclaración", concluyen. Sin embargo, la Audiencia Provincial no condena a los recurrentes a pagar las costas del recurso. Pese "al tiempo invertido que conlleva la tramitación de la pretensión cursada", los magistrados no aprecian mala fe.

De esta forma, Posse y el resto de ediles quedan un paso más cerca del banquillo de los acusados. Y sólo quedan 12 días para las elecciones municipales del 28-M, en las que Posse tratará de revalidar su cargo.

El concejal de Móstoles Alejandro Martín, junto al líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, y la alcaldesa Noelia Posse. Europa Press

La Fiscalía todavía no ha enviado al Juzgado el escrito de acusación en el que solicite la apertura de juicio oral. Pero, según ha podido saber Madrid Total, la sección local de EL ESPAÑOL, no tardará en hacerlo. El PSOE madrileño aún mantiene a Posse como afiliada, pero la normativa del partido haría que perdiera esta condición si se abre juicio oral en su contra.

Tras conocer esta noticia, desde el Ayuntamiento de Móstoles señalan a este periódico lo siguiente: "Estamos ejerciendo nuestro derecho a la legítima defensa con todas las herramientas legales disponibles, como cualquier otra persona, empresa o colectivo".

'Caso ITV'

En 2020, el Gobierno que encabeza Noelia Posse optó por condonar una gran parte de la deuda de la empresa ITV Mostoles SL y relajó las condiciones para la devolución del resto.

En reacción a las informaciones publicadas por Madrid Total sobre este asunto, el Ayuntamiento de Móstoles insiste: "Todo lo que se hizo fue para ayudar a 40 familias en el período más duro de la pandemia de la Covid-19, igual que se hizo con otras muchas familias y negocios y establecimientos del municipio".

No obstante, dos ediles de Más Madrid Ganar Móstoles —grupo que había formado parte del Ejecutivo mostoleño hasta que lo abandonó por el escándalo de los enchufes— interpusieron una querella. En mayo de 2022, la juez Pinto, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad, quien había imputado a Posse y a los siete ediles, archivó este caso. 

Pero Gabriel Ortega y Susana García, los dos concejales de Más Madrid que firmaban la querella, recurrieron, con apoyo de la Fiscalía, la decisión de la magistrada. Y la Audiencia madrileña les dio la razón, subrayando que es "obvio" el "perjuicio" causado a las arcas públicas. Por lo tanto, el tribunal ordenó a la instructora que procesara a la alcaldesa Noelia Posse y al resto de vocales que componían la Junta de Gobierno cuando la querella fue presentada.

Se trata de David Muñoz (teniente de alcalde y secretario de Organización del PSOE mostoleño), Rebeca Prieto (concejala de Empleo, PSOE), Alejandro Martín (secretario general del PSOE de Móstoles y concejal de Cultura y Seguridad Ciudadana), María Luisa Ruiz (concejala de Urbanismo, PSOE), María Dolores Triviño (concejala de Igualdad, PSOE), Beatriz Benavides (exconcejala de Urbanismo e Igualdad; ya jubilada) y Natividad Gómez (concejala de Educación por Podemos).

Perdonar tributos

Según la querella presentada por Más Madrid-Ganar Móstoles, la Junta Municipal presidida por Posse aprobó, de forma "fraudulenta", una quita de la deuda de 615.000 euros a ITV Móstoles SL.

Ortega y García responsabilizaron a los miembros de dicha Junta de Gobierno del "fraccionamiento, sin ningún tipo de intereses ni garantía, a nada menos que 30 años", del resto de la cantidad que adeudaba la empresa y "la reducción del canon del 2020, y de los años subsiguientes hasta 2041, a menos de la mitad [de 147.653 euros anuales a 60.000]".

A juicio de los querellantes, esto último supondría "un perjuicio para las arcas públicas, sin contar el IPC, de 1.840.725,39 euros".

[Anulado el cese del interventor de Móstoles que denunció un supuesto caso de corrupción]

Los dos concejales de Ganar Móstoles-Más Madrid también acusaron al Gobierno de Noelia Posse de haber obviado, de forma deliberada, los informes del interventor del Ayuntamiento, el encargado de supervisar sus finanzas, quien se opuso de forma contundente a la condonación de la deuda.

Tal fue su oposición que acabó remitiendo un informe al Tribunal de Cuentas. En él, alertaba de las posibles "responsabilidades en que se pudiera incurrir, tanto de naturaleza administrativa como contable e incluso penal".

Este órgano, tal y como publicó este diario, continúa investigando el caso. Y ya ha solicitado al Ayuntamiento de Móstoles que informe de "quiénes fueron los responsables" que acordaron la reducción del canon municipal, a fin de determinar las "presuntas irregularidades contables" de esta decisión del consistorio de la segunda ciudad más grande de Madrid.

El interventor, tras dos décadas en el cargo, fue cesado por el Ayuntamiento el 5 de mayo de 2021 —un día después de las elecciones autonómicas— alegando "pérdida de confianza" por su supuesta mala gestión de las cuentas de una empresa pública. Por su parte, la oposición municipal tachó su destitución de "represión" por haber denunciado ante el Tribunal de Cuentas este presunto caso de corrupción. Y la Justicia, de hecho, anuló su cese.

El Ministerio de Hacienda había avalado holgadamente la labor profesional del funcionario. Según hizo constar en un informe, no apreció ninguna "falta de diligencia en el desempeño de sus funciones legalmente asignadas".