Gómez Carvajal era edil de la formación en la localidad madrileña, hasta que Vox optó por abrirle un expediente y expulsarla. Hizo lo mismo con su marido, que también perdió la condición de afiliado. Ambos recurrieron esta decisión y, tras la negativa de la formación a readmitirles, optaron por la vía judicial.

La política fue una de los impulsores de las protestas frente al chalé de los dirigentes de Podemos Pablo Iglesias —ex vicepresidente del Gobierno y exministro— y su pareja, Irene Montero, actual titular de Igualdad. Asimismo, era conocida por sus incendiarios tuits. En una ocasión llegó a decir que al ministro Fernando Grande-Marlaska "le ponen los niños jovencitos".

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El expediente que motivó la expulsión de Gómez Carvajal de Vox, no obstante, se inició a raíz de una denuncia que la acusaba de consumir estupefacientes delante de sus hijos menores.

Esta denuncia fue interpuesta por Loic Veillard, un exconvicto que sirvió como fontanero de Vox, tanto en este caso como en el de Juan Antonio Morales, excandidato en Extremadura, a quien el partido quiso grabar con una prostituta y consumiendo cocaína para justificar su expulsión. 

En la citada sentencia, la juez María del Rocío Montes señala que la expulsión vulneró los derechos de Gómez Carvajal. Concretamente, su derecho de asociación. La magistrada relata que Vox optó por la expulsión "urgente" de ambos militantes, sin escuchar sus alegaciones ni dejarles defenderse. Y, con ello, se incumplió el reglamento disciplinario.

La juez sí reconoce que los hechos por los que Gómez Carvajal y su marido fueron denunciados "eran de una gravedad tal que podían justificar el inicio de los expedientes".

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Pero añade que el Comité de Garantías de Vox "inició, debatió y resolvió los dos expedientes disciplinarios de los actores sin cumplir los trámites establecidos" en su propia normativa disciplinaria.

Es decir, "sin dar traslado de la denuncia, sin conceder a los denunciados el plazo de alegaciones y propuesta de prueba, sin adoptar, en su caso, medidas cautelares, y, en definitiva, vulnerando los principios de audiencia e igualdad de armas".

La normativa del partido no prevé expulsar a un militante sin haber escuchado sus alegaciones, recuerda la juez. Por todo ello, obliga al partido a readmitir a ambos miembros y a abonar las costas de este procedimiento.

"En definitiva, los actores fueron objeto de sendos expedientes disciplinarios incoados sin previo traslado de la denuncia, tramitados en un día y resueltos sin audiencia ni posibilidad de alegación y prueba", reprocha la sentencia.

"Constituye una infracción del procedimiento no salvable por el derecho al recurso, y, con ello, una vulneración del derecho fundamental de asociación, que, como se ha expuesto, integra el derecho a que se respete escrupulosamente el procedimiento disciplinario interno. Por todo ello, procede la íntegra estimación de la demanda, y la consiguiente nulidad de los acuerdos de expulsión", concluye.