La Comunidad de Madrid afronta una nueva lucha en el terreno educativo. Esta vez se trata de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) a la que ha adelantado que hará frente gracias a una nueva ley de Universidades regional que estará lista antes de que acabe este año.
Así lo ha confirmado la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, durante su participación en el solemne acto de apertura del año académico celebrado en la Universidad Politécnica de Madrid.
Allí, la líder regional ha asegurado combatir el "lastre" de la LOSU tanto desde el terreno académico como social, asegurando que las universidades madrileñas estarán abiertas para todos aquellos "estudiantes y profesores" que no pueden expresarse en libertad en las suyas.
"No debemos acostumbrarnos a ver como normal, o como inevitable, lo que no lo es y no debe ser. Madrid debe ser faro de excelencia y libertad", ha insistido la presidenta.
En sus declaraciones ante los académicos, Ayuso ha coincidido con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, al destacar el tremendo "impacto económico" que va a tener la puesta en marcha de la LOSU.
Según cuentas de las propias universidades, se estima un sobrecoste de más de 100 millones de euros; "y eso contando sólo las universidades públicas de la región". "Sin que el Gobierno de España haya ofrecido planificación, respaldo financiero o memoria económica que lo facilite", ha añadido.
Sobre la nueva ley de Universidades regional Ayuso no ha adelantado mucho más de lo que ya se sabía. Así, ha destacado que incluirá un nuevo modelo de financiación de los centros públicos que sea plurianual y revisable. El objetivo es hacer un sistema más homogéneo, de contabilidad analítica, transparente y capaz de generar y captar los recursos necesarios.
El acto se ha celebrado en la Universidad Politécnica de Madrid.
En lo que respecta al terreno ideológico, según Ayuso la ley nacional "allana el camino a la politización de los campus" y, con tal fin, se elimina el requisito de ser catedrático para poder optar al cargo y se premia con créditos la pertenencia a cualquier asociación.
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"Y como muestra de los preocupantes tiempos que vivimos, se erosiona gravemente la imprescindible neutralidad ideológica de los claustros", ha señalado.
En el límite de sus competencias, Ayuso ha confirmado que con su ley regional abordarán la contratación del personal laboral. Para ello, el Ejecutivo Autonómico ya está trabajando en una comisión que tiene como objetivo velar por la seguridad jurídica del proceso y contribuir a satisfacer las necesidades docentes.