Y es que, tras la derrota de su equipo jurídico con la LOMLOE, la Comunidad ha confirmado que no recurrirá la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ante el Tribunal Supremo, como se había planteado en un primer momento.

Hace más de un año, desde la Comunidad de Madrid se abrió la puerta a que, al igual que había ocurrido con el currículum de bachillerato de la Ley Celaá, el Gobierno de Ayuso presentara un recurso contra la legislación estatal de Joan Subirats. La misma que había pasado su primer trámite en el Congreso casi con mayoría absoluta y cuya unanimidad se 'torció' en el Senado cuando el PSOE cedió varias competencias a los independentistas.

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Ahora, con la ley vigente y siendo rechazada por todas las comunidades del Partido Popular en su conjunto (y alguna socialista), Ayuso y los suyos descartan presentar un recurso ante el Tribunal Supremo y optan por 'detener' las cosas que no les gustan de la ley mediante la legislación autonómica que están preparando.

Fuentes de la Consejería de Educación confirman que es muy pronto para hablar de novedades en esta ley —que se está comenzando a elaborar—, pero la presidenta ya ha dado algunas pinceladas de por dónde va a cortar las alas a la ley educativa del actual ministro en funciones, Joan Subirats.

Financiación y contratos

La Comunidad de Madrid está elaborando su ley de Universidades en un grupo de trabajo conjunto con la Conferencia de Rectores y prevé tramitarla en la Asamblea de Madrid a finales de este año para "paliar las deficiencias y el lastre de la LOSU", tal y como confirmó Ayuso el pasado 19 de septiembre.

Una de las cosas más criticadas de la ley nacional, que incluso ha llevado a levantarse a Emiliano García Page que también anunció un recurso, ha sido la financiación. En este aspecto, Ayuso plantea un nuevo modelo de financiación que sea plurianual y revisable, para transferirles una inversión adecuada y adaptada a las peculiaridades de cada centro.

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Los rectores también han lamentado que se eliminen algunos requisitos como la necesidad de ser catedrático para poder optar a su cargo. Fue una exigencia de los partidos independentistas en su trámite parlamentario que no estaba incluido antes y que ha causado un gran revuelo. 

A este respecto, Ayuso prevé poner un pequeño coto elaborando una nueva normativa de contratación de personal laboral que, en cierta manera, podrá influir también en la designación del rector y el resto del cuerpo de docentes.

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Varapalo con la LOMLOE

Aunque ni desde la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo regional, ni desde la Consejería de Educación quieran vincular cosas, es cierto que el Gobierno de Madrid acaba de recibir un varapalo en su lucha contra las que ellos califican leyes "ideologizadas" de Sánchez. Y puede que esto les haya influido para no recurrir la LOSU. 

La ministra de Educación, Pilar Alegría, junto al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. / ICAL

El pasado mes de julio, se conocía que la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo rechazaba el recurso del Gobierno de Ayuso contra el currículo educativo elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez que establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, en el marco de la nueva Ley educativa estatal (LOMLOE).

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La Comunidad de Madrid sostenía que el Real Decreto de Bachillerato carecía de contenidos, tenía una elevada carga ideológica, vulneraba derechos e invadía competencias autonómicas, algo que no veía la sala.

Díaz Ayuso recurrió el currículo educativo por considerar que "conlleva una gran carga ideológica" y "deja de lado" aspectos que la Comunidad de Madrid considera "esenciales".

Pero en su sentencia, el tribunal consideró que "la CAM mal puede reprochar al anexo II una exhaustividad, que ahoga la posibilidad de ejercer sus competencias, cuando ha dictado el Decreto 64/2022 citado por la Abogacía del Estado, norma que silencia y por la que ha establecido la ordenación y el currículo de Bachillerato".

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El tribunal explica que el planteamiento de la CAM ciñe su reproche al ámbito competencial, pero "parece atisbarse que alude también a sesgos ideologizantes en alguna de las materias del anexo II que más se prestarían a ello como 'Historia de España' e 'Historia del Mundo Contemporáneo'".

Concluye que "de ser cierta esa suposición y viendo cómo la CAM ha completado las enseñanzas mínimas con su Decreto 64/2022, no sólo silencia que no haya podido completarlas, sino, además, reorientarlas hacia planteamientos neutrales". Y es en esas materias en las que alguna utilidad probatoria habría tenido las observaciones de la Real Academia de la Historia que, sin embargo, silencia.