Valle de los Caídos. EFE.
A vueltas con Cuelgamuros: un juzgado anula la licencia para las exhumaciones y el Gobierno vuelve a recurrir
Ese mismo juzgado ya suspendió de forma cautelar la licencia en noviembre de 2021, una decisión que revirtió posteriormente el TSJ de Madrid.
1 octubre, 2023 02:27El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Madrid ha anulado el acuerdo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial por el que se concedió licencia urbanística para las obras necesarias para acometer las exhumaciones de la Basílica del Valle de los Caídos, ahora denominado Valle de Cuelgamuros.
Decisión que, tal y como han confirmado desde el Ministerio de Presidencia, va a ser recurrida por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Desde el Gobierno esperan que se paralice dicha anulación, puesto que este juzgado ya impuso medidas cautelares que fueron "recurridas y levantadas" por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Y es que, se trata del mismo juzgado que, suspendió de forma cautelar la licencia en noviembre de 2021. Una decisión que revirtió posteriormente el TSJ de Madrid en una resolución que este mes de marzo avaló el Supremo.
Según la sentencia a la que ha tenido acceso EFE, entre los recurrentes que demandaban anular la licencia se encuentran la Fundación Francisco Franco y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.
Lo que persiguen es volver a obstaculizar el cumplimiento de la resolución judicial que en 2016 reconoció el derecho de los familiares de los hermanos Lapeña a recuperar sus cuerpos.
Precisamente, la Fundación Francisco Franco y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica presentaron dicha solicitud después de que, este verano, hayan empezado los trabajos forenses para exhumar a 128 víctimas del Valle de Cuelgamuros.
La jueza Eva María Bru Peral explica en su sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en este procedimiento judicial no se ha tratado de determinar "si pueden o no hacerse las obras en la basílica", sino establecer "el instrumento jurídico a través del cual deben realizarse".
Es decir, si las obras en los accesos a las criptas de la basílica debieron autorizarse mediante una licencia de obras, como estableció el acuerdo de la localidad, o a través de un plan especial.
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Tras examinar el caso, la magistrada afirma que, debido a la "complejidad" de las obras, reconocida en la descripción del proyecto, estas "entraban en el ámbito de un plan especial", pese a los "esfuerzos de Patrimonio Nacional" por encajarlas "dentro de una mera licencia de obras".
Porque, explica, una licencia de obras "está supeditada" a trabajos de "mantenimiento, consolidación, recuperación o rehabilitación".
Sin embargo, en este caso, la arquitecta redactora del proyecto hablaba de "obras de reforma", en las que se incluían trabajos de ampliación "y las ampliaciones están expresamente prohibidas para ser autorizadas a través de licencias, por la protección integral del Bien".
La jueza ha detectado "falta de motivación" en el informe del arquitecto municipal, que no realizó "una valoración y calificación de las obras", sino que se limitó a "reproducir la normativa municipal y los datos existentes en el proyecto que fue presentado por Patrimonio Nacional", dando por válida la calificación, "lo que a su vez conlleva un Acuerdo municipal carente de motivación", que es un "copia y pega" de aquel informe.
8 años de atrasos
Las exhumaciones que ahora se vuelven a parar llevan solicitadas desde 2016. En ese momento, una sentencia reconoció a los familiares de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, a exhumar sus cuerpos.
A partir de ahí, en 2020, Patrimonio Nacional reconoció el derecho de exhumación a todos los familiares de víctimas que lo reclamen y que puedan acreditar que los cuerpos están enterrados en las criptas del Valle.
Poco después, en junio de 2021, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial concedió a Patrimonio Nacional la licencia urbanística para las obras de exhumación, pero la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica recurrió esta medida porque consideraba que ello influiría en la "necesidad de respetar el sagrado reposo eterno" de los fallecidos y sus familias.
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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Madrid (como ha ocurrido ahora) suspendió en noviembre de 2021 la licencia de obra al entender que eran "evidentes" los daños que se podrían causar si se hacían las obras antes de tener una sentencia definitiva, ya que "la construcción originaria habría desaparecido".
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Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid levantó en junio de 2022 la suspensión al estimar el recurso de apelación de la abogada del Estado contra el auto del juzgado, pero el fallo del tribunal autonómico fue recurrido en casación.
Del mismo modo, el Tribunal Supremo rechazó en marzo de 2023 el recurso de la Fundación Francisco Franco y de un particular que abogaban por paralizar los trabajos. Es a ellos a los que ahora la jueza da la razón en una sentencia fechada este mismo viernes 29 de septiembre.
Aun así, y según el Gobierno, todavía queda un paso más. Puesto que desde Presidencia ya han anunciado que van a recurrir la anulación reafirmando el compromiso del Gobierno con "la recuperación de las víctimas tal y como desean sus familiares".
