Un proyecto ambicioso que actualizará la legislación vigente que lleva más de 20 años en vigor. Tal y como han adelantado fuentes del departamento que dirige Carlos Novillo, el texto contemplará la simplificación de procesos y plazos, así como la flexibilización en la calificación de usos. O lo que es lo mismo, agilizar los tiempos si un municipio quiere cambiar el uso de un suelo urbano.

Actualmente, esta nueva ley se encuentra en la fase de inicio del borrador y espera tramitarse en la Asamblea de Madrid a mediados de 2024. Su aprobación, gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara regional, está asegurada. 

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Con la nueva ley, la Comunidad busca dotar de mayor agilidad el proceso de planteamiento y, con ello, conseguir un urbanismo con mayor autonomía municipal, donde la ordenación detallada sea propia del municipio. 

Madrid confía en esta ley como una manera de facilitar el desarrollo económico y urbanístico de los municipios e incentivar la disposición del suelo para mitigar el déficit estructural de viviendas.

Isabel Díaz Ayuso, cuando anunció la puesta en marcha de esta nueva ley, la presentó como un contrapeso al Gobierno de Pedro Sánchez y a su Ley de Vivienda puesto que la considera una forma de mitigar el problema del precio de las casas.

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Desde la Consejería prefieren no vincular conceptos (la vivienda la gestiona otra consejería) pero aun así, insisten en que esta nueva ley, servirá para construir viviendas porque "se necesita suelo" y "hace falta una mayor agilidad para que ese suelo se convierta en viviendas". 

A lo largo de estos 20 años, la anterior Ley de Vivienda se ha modificado 18 veces. Por eso, desde la Comunidad quieren refundir todas esas modificaciones y "armonizar" todas legislativamente en esta nueva normativa.