Último proyecto de la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid.
Cuarto intento de la Ciudad de la Justicia: Ayuso destina 660 millones para gestionarla directamente
La presidenta retoma el proyecto vigente desde tiempos de Esperanza Aguirre y deja de lado el modelo concesional que había quedado desierto en junio.
9 octubre, 2023 01:59La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere convertir en realidad la Ciudad de la Justicia. Y, por eso, tras fracasar el modelo concesional con el que pretendían poner en marcha este proyecto, el Gobierno regional va a apostar por la gestión directa. ¿Esto que quiere decir? Que asumirán el coste total su construcción y mantenimiento gracias a los Presupuestos Generales de la región.
Fuentes de la Consejería de Presidencia han confirmado que la futura Ciudad de la Justicia mantendrá su ubicación en el madrileño barrio de Valdebebas para ser una realidad esta legislatura. O, por lo menos, parte del macrocomplejo.
Se está comenzando ya a la redacción del anteproyecto de obras (que incluye la licitación y adjudicación de las obras) gracias a una inversión superior a los 660 millones de euros hasta el 2030. Todos ellos dependientes de fondos de la Comunidad de Madrid.
Madrid decide dar este paso y apostar por la gestión directa de la Ciudad de la Justicia después de que el modelo concesional fracasara definitivamente en junio y la región dejara desierta su licitación.
Hasta entonces, el plan era que la construcción del complejo y su mantenimiento se adjudicará a una empresa privada durante 36 años. Esta empresa asumía cualquier riesgo financiero, a cambio de un canon que pagaría anualmente la Comunidad y de los beneficios que se pudieran extraer de la explotación de los servicios que se desarrollarán en los locales de uso terciario como bares, restaurantes o tiendas.
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El nuevo modelo de construcción de la Ciudad de la Justicia se llevará a cabo en varias fases y supondrá una inversión total de 660 millones de euros hasta el año 2030. Según la Comunidad, la optimización de recursos y las nuevas instalaciones permitirán un importante ahorro, de más del 50%, en los costes en servicios y alquileres.
Al no ser ya un modelo concesional, la Administración regional ostentará la plena propiedad de las instalaciones y será la beneficiaria de los ingresos obtenidos por la explotación de servicios adicionales, como pueden ser cafeterías u otros locales de uso terciario.
¿Cómo va a ser?
El proyecto total actuará sobre una superficie de 236.475 metros cuadrados sobre rasante y 198.711 metros cuadrados bajo rasante, repartidos en más de una decena de edificios, entre los que estarán, en una primera fase –esta legislatura–, las nuevas sedes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de la Audiencia Provincial de Madrid y de un centenar de juzgados de Primera Instancia.
El Gobierno regional ya está dando pasos hacia delante con la redacción del anteproyecto de obras, que se engloba dentro de la Fase 0 e incluye, también, la licitación y adjudicación.
Al ser una gran inversión de dinero, Ayuso irá por fases. La primera dará comienzo a principios de 2025, con el inicio de las obras, incluida la urbanización perimetral de 155.400 metros cuadrados en superficie.
La nueva sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Madrid
En este espacio inicial se ubicarán cuatro edificios, espacios comunes (cafeterías y áreas de descanso, entre otras), zonas verdes y un parking público de 60.000 metros cuadrados, una petición muy demandada por los profesionales. También se crearán aparcamientos subterráneos y los servicios propios de cada área específica. Esta fase se extenderá a lo largo de 2026.
Según las previsiones del Gobierno regional, durante esta Fase 1 se producirá el traslado a la Ciudad de la Justicia del TSJM, cuya sede actual se encuentra en la calle General Castaños y que pasará a ocupar una superficie de 19.000 metros cuadrados.
También en una primera fase se reubicará la Audiencia Provincial de Madrid, que ahora se encuentra dividida en varias ubicaciones de la capital. Cuenta con quince secciones de lo Penal y quince secciones de lo Civil, dos de éstas de Familia y una de lo Mercantil.
Igualmente, a lo largo de la legislatura se producirá el traslado de 105 juzgados de Primera Instancia, ahora dispersos por la capital. La Comunidad de Madrid cuenta con 130 Juzgados de Primera Instancia, algunos de ellos especializados en materias concretas (familia, capacidad de las personas y tutelas, asuntos hipotecarios y laudo y arbitraje).
Una vez terminada esa primera fase, se dará paso a la siguiente. Las fechas que se manejan son finales de la actual legislatura, es decir, 2027. En ese momento, el objetivo será levantar dos edificios que albergarán el resto del Orden Civil (19 juzgados de lo Mercantil, 49 de lo Social y 34 de lo Contencioso-Administrativo, con sus aparcamientos subterráneos y servicios propios).
Las fases 3 y 4 quedan encuadradas en la próxima legislatura (2027-2031). Supondrán la finalización de tres edificios para Penal (54 juzgados de Instrucción, 37 de lo Penal, 11 de Violencia sobre la Mujer, siete de Menores y seis de Vigilancia Penitenciaria, con sus aparcamientos y servicios propios) y otros espacios como Fiscalía, Archivo Judicial Territorial y otras necesidades auxiliares.
Primer y segundo intento
Aunque Ayuso prevé ser la líder regional que inaugure este macrocomplejo de la Justicia, la idea no es suya y hace falta remontarse muchos años atrás para conocer su origen.
Fue el expresidente Alberto Ruiz Gallardón quien, cuando recibió las competencias de Justicia en 2002, planteó la idea de esta 'city'. El proyecto no se materializó en nada, porque no encontró el terreno ideal.
La expresidenta Esperanza Aguirre, en 2005, puso el cartel de "en construcción" en Valdebebas. Ella eligió este lugar para levantar lo que llamó Campus de la Justicia. Invirtió millones de euros en concursos internacionales para el diseño de vistosos edificios que marcaran un hito en la arquitectura de vanguardia madrileña, pero todo quedó en nada.
Bueno, casi todo, sólo se empezó a construir el que ahora llaman "el donut" que es el actual Instituto de Medicina Legal de la Comunidad de Madrid.
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Con la marcha de Aguirre, su sucesor, Ignacio González, quiso seguir sus pasos. Y aunque la situación económica no era la mejor, decidió darle una segunda oportunidad al proyecto. Entregó toda la construcción a dos constructoras al final de su mandato, pero, cuando llegó Cristina Cifuentes, todo se paralizó.
La siguiente expresidenta quiso romper con todo el legado de Aguirre y González y eso englobó a la Ciudad de la Justicia y provocó que las empresas que habían sido adjudicatarias del proyecto llevaran a Madrid a los tribunales.
El Tribunal Superior de Justicia entendió que había razones para el desistimiento de la adjudicación por cómo se produjo el proceso de tramitación y dio la razón a la Comunidad. O lo que es lo mismo, a Cristina Cifuentes.
Pero la sentencia tenía que ser ratificada por el Tribunal Supremo y eso no ocurrió hasta marzo 2020. Fue entonces cuando Ayuso se vio con las manos libres para retomar el proyecto.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , acompañada del exconsejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, en la ciudad de la Justica.
El tercer 'fracaso'
En ese momento, la presidenta empezó a mover todos los hilos para sacar en marcha el proyecto y propuso el modelo concesional. Fue en agosto de 2022, cuando la Comunidad de Madrid abrió el plazo para la concesión del contrato y, en el mes de noviembre, se declaró desierto al no haberse recibido ninguna oferta económica.
La Guerra de Ucrania fue la 'excusa' perfecta para justificar que no se había conseguido adjudicar la concesión. Los tipos de interés no paraban de subir, había inestabilidad económica, faltaban materias primas, sobre todo materiales de construcción, y el precio de la energía estaba por las nubes.
Al quedar el concurso vacío, se volvió a licitar con algunos cambios y se presentó sólo una unión temporal de empresas (UTE). En este nuevo intento, en plena precampaña electoral para el 28-M, la Administración regional decidió que esta concesión se estableciera con un plazo máximo de 40 años.
El problema fue que la oferta presentada por la UTE no se ajustaba a los pliegos, según la Comunidad de Madrid, y se volvió a la casilla de salida. Por eso, el Portal de Contratación Pública publicó la orden por la que se declaraba desierta la licitación del contrato, en la que se alegaba la "falta de documentación requerida".
Casi seis meses después, el Gobierno regional ha vuelto a poner un plan sobre la mesa. La intención de Ayuso está clara: quiere ser la presidenta que levante la importante city jurídica y, para ello, decide dejar atrás los modelos mixtos y concesionales de gestión. Sólo el tiempo dirá si, a la cuarta, esta vez sí va la vencida.
Terrenos en Valdebebas, próximos a la Ciudad de la Justicia.
