El Tribunal de Cuentas (TdC) ha abierto juicio contable a la exalcladesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, por el llamado caso ITV, relativo a la condonación de casi 2,5 millones de euros de deuda municipal a una empresa de inspección técnica de vehículos.
Así figura en una resolución de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, fechada el pasado 23 de octubre y a la que ha tenido acceso este periódico.
El TdC, máximo órgano fiscalizador del sector público, da nueve días a la exregidora para personarse en este procedimiento. Hace lo mismo con el resto de miembros de su Gobierno que han sido investigados en este proceso contable: David Muñoz (exteniente de alcalde y secretario de Organización del PSOE mostoleño), Rebeca Prieto (exconcejala de Empleo, PSOE), Alejandro Martín (secretario general del PSOE de Móstoles y exconcejal de Cultura y Seguridad Ciudadana), María Luisa Ruiz (exconcejala de Urbanismo, PSOE), Aitor Perlines (exconcejal de Hacienda), María Dolores Triviño (exconcejala de Igualdad, PSOE), Natividad Gómez (exconcejala de Educación por Podemos), Beatriz Benavides (exconcejala de Urbanismo e Igualdad; ya jubilada) y Francisco Javier Torner (extesorero del Ayuntamiento).
Tal y como explica el Tribunal de Cuentas, este procedimiento se produce "como consecuencia de presuntas responsabilidades contables puestas de manifiesto por la Intervención del Ayuntamiento de Móstoles".
Concretamente, por la anulación, por parte del consistorio, de más de dos millones de euros de deuda que acumulaba la empresa adjudicataria ITV Móstoles SL, que se encargaba de la inspección técnica de vehículos y que había dejado de abonar desde el 2013 el canon que debía al Ayuntamiento.
[La juez archiva el 'caso ITV' por el que fue imputada Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles]
El Gobierno que encabeza Posse optó por condonar una gran parte de lo adeudado y relajó las condiciones para la devolución del resto. A preguntas de este diario, fuentes del PSOE mostoleño defendieron que esta decisión fue un "mal menor" que pretendía "salvar los empleos" y recuperar, al menos, una parte de la deuda.
No obstante, dos ediles de Más Madrid Ganar Móstoles —grupo que había formado parte del Ejecutivo mostoleño hasta que lo abandonó por el escándalo de los enchufes— interpusieron una querella, que derivó en un procedimiento judicial.
Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad, quien había imputado a Posse y a los siete ediles, archivó el caso ITV.
Pero Gabriel Ortega y Susana García, los dos concejales de Más Madrid que firmaban la querella, recurrieron, con apoyo de la Fiscalía, esta decisión y la Audiencia madrileña reabrió la causa y procesó a Posse, subrayando que era "obvio" el "perjuicio" provocado a las arcas públicas.
Perdonar tributos
Según la querella presentada por Más Madrid-Ganar Móstoles —formación que, entre junio y octubre de 2019, sostuvo el Gobierno local de PSOE y Podemos—, la Junta Municipal presidida por Noelia Posse aprobó, de forma "fraudulenta", una quita de la deuda de 615.000 euros a ITV Móstoles SL.
Ortega y García responsabilizaron a los miembros de dicha Junta de Gobierno del "fraccionamiento, sin ningún tipo de intereses ni garantía, a nada menos que 30 años", del resto de la cantidad que adeudaba la empresa y "la reducción del canon del 2020, y de los años subsiguientes hasta 2041, a menos de la mitad [de 147.653 euros anuales a 60.000]".
A juicio de los querellantes, esto último supondría "un perjuicio para las arcas públicas, sin contar el IPC, de 1.840.725,39 euros".
Cese del interventor
Los dos concejales de Ganar Móstoles-Más Madrid también acusaron al Gobierno de Noelia Posse de haber obviado, de forma deliberada, los informes del interventor del ayuntamiento, el encargado de supervisar sus finanzas, quien se opuso de forma contundente a la condonación de la deuda.
Tal fue su oposición que acabó remitiendo un informe al Tribunal de Cuentas. En él, alertaba de las posibles "responsabilidades en que se pudiera incurrir, tanto de naturaleza administrativa como contable e incluso penal". Ahora, el TdC abre juicio contable por esta causa.
El interventor, tras dos décadas en el cargo, fue cesado por el Ayuntamiento el 5 de mayo de 2021 —un día después de las elecciones autonómicas en Madrid; las del 4-M— alegando "pérdida de confianza" por su supuesta mala gestión de las cuentas de una empresa pública. Por su parte, la oposición municipal tachó su destitución de represión por haber denunciado este presunto caso de corrupción. No obstante, la Justicia anuló su destitución.
En su declaración ante la juez instructora, la alcaldesa Noelia Posse, candidata a revalidar el cargo en las próximas municipales, tachó dicha querella presentada por Más Madrid de "política" y ciñó su actuación a un intento de que el consistorio, al menos, pudiera cobrar parte de la cantidad adeudada y "salvara los puestos de trabajo".