Los últimos estudios sobre el abuso de pantallas en menores de edad vinculan, directamente, el exceso de exposición a este tipo de dispositivos con un incremento en los problemas de lenguaje, así como en su desarrollo cognitivo.
La situación preocupa a los organismos internacionales pues, según estos mismos informes, el 69% de los niños supera el tiempo aconsejado delante de móviles y pantallas de ordenador o televisión.
Ahora, la Comunidad de Madrid da un paso adelante y, de manera pionera, intenta regular esta sobreexposición con un protocolo en las escuelas públicas y concertadas que no existe en ninguna región de España.
Y es que, Ayuso quiere que los centros educativos alerten, como ahora hacen con temas relacionados con drogas, abandono o abusos, de las adicciones a este tipo de dispositivos que cada vez proliferan más entre los menores.
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El protocolo fue presentado este miércoles y, según fuentes cercanas a la Puerta del Sol, es uno de los proyectos más personales de la presidenta, quien está muy concienciada con el tema.
Se va a gestionar desde los colegios de manera obligatoria y, en definitiva, va a analizar las actitudes comportamentales a las pantallas (internet, redes sociales y teléfonos móviles), los juegos, los videojuegos, las apuestas y la pornografía entre los alumnos.
El protocolo
La secuencia con la que se guiarán los centros educativos para hacer frente a estas situaciones estará dividida en cuatro fases que van desde identificar el caso hasta derivarlo, si es necesario, a servicios externos al centro educativo.
La primera de ellas se centrará en la detección y, allí, será el profesor el que notificará al director el caso concreto.
No es necesario que sean estados avanzados (con evidencia) sino que es beneficioso que se aplique cuando exista un posible riesgo o sospecha. A partir de ahí, se recoge información realizando entrevistas con la familia, el propio alumno o personas cercanas al mismo.
Con toda esa información se realiza una reunión en la que están presentes el director, el tutor, el orientador y el coordinador de bienestar del mismo centro (en el caso de haber uno).
En ese punto, todos ellos deben de rellenar un documento con las "señales de alarma" que han registrado el alumnado. Van desde sus problemas emocionales (ansiedad, fobia, trastorno de atención), problemas de habilidades sociales, relacionados con la salud, hasta sus conductas en el centro educativo. Ahí, también se analizan relaciones externas al alumno como sus amigos fuera del centro o su entorno familiar.
Una vez se evalúa todo eso, el alumno se le identifica como un caso leve (requiere seguimiento), moderado (derivación a servicios sociales) o grave (puede requerir la intervención de servicios externos especializados).
Superada esa primera fase, y si al alumno se le considera que reviste gravedad, es cuando el centro educativo debe de avanzar a la segunda fase: la intervención educativa. Ahí el centro pone en marcha su plan y se vuelve a comunicar con la familia.
En este punto, el centro y los familiares deben de coordinar una respuesta para la supervisión del alumno con una comunicación entre las partes que es "imprescindible". Ambos se comprometen a notificar al otro un estatus sobre el comportamiento del alumno, su actitud durante el fin de semana, etc.
Tras esa reunión, y si el protocolo sigue en marcha, se actúa como en los casos de consumo de estupefacientes, derivando al menor a servicios externos. Entre las pautas, también se contemplan los servicios sociales o servicios externos especializados.
Cómo identifican
La presidenta ha concretado durante su visita al colegio público Vicente Aleixandre de Miraflores de la Sierra que el proyecto arrancó hace dos años gracias al programa 'Kids Centric Universe', en el que ya participan un total de 96 colegios e institutos madrileños.
Con la ayuda de videojuegos y la inteligencia artificial, el programa realiza un diagnóstico inicial en cada aula, en el que se identifican los hábitos de uso de la tecnología, los juegos, aplicaciones utilizadas, seguimiento a influencers y manejo de las redes sociales de los estudiantes.
Precisamente con este ensayo, la Comunidad ha podido hacer un diagnóstico cuanto menos preocupante. El 42% de los encuestados reconoce tener cuentas en redes sociales con datos falsos, que uno de cada cuatro alumnos de 1º de la ESO afirma haber entrado en casa de juego online o que el 73% dice encontrarse en la red sin pretenderlo con contenidos de violencia, racismo o pornografía que le desagradan.
Con esos datos y más, la Comunidad ha elaborado el citado nuevo protocolo con el que los docentes pueden detectar estas adicciones lo antes posible para poder minimizar las consecuencias.
El texto, que ya está a disposición de todos los centros educativos a través de la página web de Educación, contiene indicaciones sobre cómo identificar y actuar ante estas situaciones, además de una serie de fichas para facilitar la recogida de información, el análisis y el control por parte de los equipos docentes.
Estas herramientas posibilitan una rápida respuesta de los tutores y, en caso de necesidad, la derivación de los alumnos que presenten mayores dificultades al Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas (SAAT) de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales y al Centro Integral de Prevención e Investigación en Adicciones Comportamentales en el Hospital público Gregorio Marañón (AdCom Madrid.