El Gobierno podría estar tras el ataque cibernético a los correos de los abogados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por lo menos, eso es lo que se interpreta tras las acusaciones 'veladas' que desde la Puerta del Sol y, concretamente, la presidenta, han estado lanzando tras conocerse el hackeo a los mails personales de Alberto González Amador y sus abogados. 

La acusación, obviamente, no es directa. Es más bien una interpretación que se puede extraer leyendo entre líneas tanto las palabras de la presidenta como de su entorno más cercano. 

Y es que, fuentes de la Puerta del Sol, tras conocerse este hecho, han apuntado que el "sistema de entrada en los sistemas es muy sofisticado y solo al alcance de los estados". 

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Es cierto que el entorno de la Comunidad de Madrid no ha nombrado en ninguna ocasión directamente al Ejecutivo central, o a cualquier otro Gobierno de un país, pero las palabras de la presidenta, durante un acto en la Real Casa de Correos, cerraban el círculo. 

Allí, y a preguntas de los periodistas, Díaz Ayuso ha asegurado que "se supone que el Estado está para proteger a todos y cada uno de los ciudadanos" pero, en el caso de su pareja, lo que está ocurriendo es "todo lo contrario".

Estado de derecho

"Se trata del Estado de derecho y yo creo que la sensación que tengo es que todo ciudadano que sea incómodo para este Gobierno tendrá que tener en frente o contra él a todos los poderes del Estado, como estamos viendo, y será despojado de sus derechos como también estamos viendo", ha señalado, al tiempo que ha censurado que se busque "intentar aniquilar al adversario político".

Durante la firma del convenio con el Ayuntamiento de Madrid sobre transformación digital, Ayuso ha vuelto a defender públicamente a su pareja. Algo que no había hecho en las últimas semanas, cuando había pasado a tener un papel mucho más distante. 

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En esta ocasión, ha exigido al Gobierno de España que garantice que todos los españoles sean tratados por igual ante la ley; "aunque algunos de esos particulares tengan una relación sentimental con un adversario político". 

"Se trata de una cuestión que va más allá de un particular -ha continuado-, se ha esparcido por determinados medios de comunicación el expediente completo de un particular porque se ha revelado su defensa, y ha promovido que incluso el Colegio de Abogados y otros muchos tengan que poner el grito en el cielo porque se están vulnerando todos los derechos de defensa de un particular".

Hackeo

El ataque informático se ha dado a conocer este mismo viernes por el entorno más cercano de la presidenta, aunque ocurridó durante la tarde del 2 de abril. El objetivo de los hackers parece ser que fue hacerse con los dos emails cruzados entre los abogados y González Amador.

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La pareja de Ayuso ha denunciado estos hechos ante el juzgado de Plaza de Castilla, en Madrid, después de que un perito informático haya comprobado lo denunciado. 

Supuestamente, el ciberataque habría consistido en retirar la información (es decir, los correos electrónicos) de los sistemas para la extracción de los ficheros adjuntos que había en ellos.

El 'robo' es típico de una película de espías. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Madrid Total, González Amador sostiene que unos correos recibidos el 2 de abril desaparecieron de los sistemas para volver a reaparecer a las seis horas. 

Hackeo de dos mails

Ocurrió de la siguiente forma: las dos cuentas de correo de los abogados recibieron en la mañana del 2 de abril, a las 11 horas 39 minutos, un correo electrónico enviado desde el correo personal de Alberto González Amador, correo que fue respondido a las 12 horas y 11 minutos.

Ahora bien, unas horas después de haberse recibido y respondido el correo, durante la tarde del día 2 de abril esos correos desaparecieron de los sistemas informáticos para, transcurridas unas seis horas, volver a reaparecer en los sistemas. Lo volvían a hacer el día 3 de abril, a las 00 horas y 09 minutos.

Se explica en la denuncia que un perito informático determinó que habían sido objeto de un ciberataque. La empresa con la que trabaja el bufete de abogados es Microsoft y, según explican, le han solicitado que les faciliten "cuanta información dispongan sobre lo sucedido".

Para el abogado de la pareja de la presidenta, estos hechos son constitutivos, al menos, de un delito de revelación de secretos, afectando a los derechos fundamentales de Alberto González a la intimidad, a la protección de datos de carácter personal y al derecho de defensa.