La Comunidad de Madrid ha vuelto a defender el modelo asistencial de colaboración público-privada pese a la gran cantidad de sentencias que, año tras año, se le acumulan a la Administración regional por el atraso de los pagos pendientes de servicios prestados.
Este tipo de sentencias, que evalúan los pagos que la Comunidad hace a las empresas privadas por la prestación de servicios en los conciertos de colaboración, suelen condicionar sobrecargos por la tardanza en los pagos. Pero, según Sanidad, es algo sobrevenido porque fiscalizan "al milímetro" cada servicio prestado.
De hecho, y según ha confirmado la propia Consejería de Sanidad, Madrid tiene procedimientos abiertos con algunas de las empresas concesionarias desde 2016. O lo que es lo mismo, operaciones que una empresa privada hizo a un madrileño en 2016 todavía no han sido pagadas.
Fuentes de la Consejería de Sanidad de Fátima Matute han explicado que todo el proceso de liquidaciones es lento, pero, a su vez, es "transparente y garantista", por lo que la Comunidad no ha realizado ningún pago a ninguna de las empresas concesionarias de los hospitales que no haya pasado todos los filtros.
El objetivo de la consejera Fátima Matute es pagar a anualmente pero, con la escasez de recursos humanos que tienen y los procedimientos pendientes, es algo "complicado". Ellos quieren resolver las liquidaciones al año siguiente y tienen como objetivo las "convalidaciones cero" (renovar convenios sin concurso público alegando necesidades imperiosas), pero hay problemas de "recursos humanos". Les faltan manos.
La vinculación de la investigación fiscal de la pareja sentimental de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, con uno de los grupos sanitarios concesionarios de estos sistemas de gestión sanitaria (Quirónsalud) ha 'obligado' a la Comunidad a rendir cuentas de su relación con ellos. Una actividad que, resaltan, es 100% transparente y obedece a convenios que se remontan a antes de la llegada de la presidenta. Por consiguiente, mucho antes de que comenzara su relación sentimental.
Hay que explicar que el modelo de gestión público-privada, mal conocido como privatización de la atención sanitaria, es un sistema por el cual hospitales privados de Madrid prestan atención sanitaria pública y cualquier madrileño puede acudir a los mismos. El hospital gestiona y hace la prueba y, luego, la región paga los costos.
A nivel técnico, se realizan tres auditorías dentro de la propia Consejería, una fiscalización por la Intervención General de la Comunidad de Madrid y, para finalizar, la supervisión de la Cámara de Cuentas, que mira las cuentas anuales y con especial atención las del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
El sistema funciona de la siguiente manera: después de prestar estos servicios, los complejos hospitalarios (gestionados por Quirón y otras empresas) pasan la 'cuenta' a la Comunidad de Madrid. Es en ese momento cuando la región fiscaliza "cada euro" y comprueba "resonancia por resonancia" si la atención se dio de esta manera para no pagar por servicios que no han sido prestados.
Y es ahí donde, según fuentes de la Comunidad de Madrid, se crean los retrasos que hacen que Madrid deba facturas a Quiron desde 2016. Se tratan de ejercicios fiscales que están revisando o que están en un proceso judicial porque la Comunidad dice que debería de abonar un contante y la empresa privada dice que lo que debe de pagar es otro diferente.
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"No pagamos ni un euro por nada que no esté realizado, solo pagamos la actividad efectivamente realizada", han reiterado estas mismas fuentes.
Pero pese a todo ese proceso de fiscalización, ninguna de las fuentes consultadas es capaz de decir cuánto dinero invierte la Comunidad de Madrid en Quirón (u otros promotores de salud privados) al año.
Modelo heredado
Ayuso y sus equipos siempre han defendido este modelo de gestión, heredado de gobiernos anteriores, porque consideran que, gracias a ellos, pueden tener 11 hospitales más (desde 2006) en su red hospitalaria. Afirman que, con lo que cuesta 'levantar' un hospital, no les habría sido posible tenerlos disponibles en tan poco tiempo.
El peso de este tipo de hospitales de gestión indirecta (como son Torrejón, Móstoles, Valdemoro y Villalba) es muy importante para el sistema sanitario. Al fin y al cabo, absorben un gran número de cirugías e intervenciones que a la pública la saturarían. Como se demostró en la pandemia de la Covid-19.
La duda que existe, y que siempre plantea la izquierda, es hasta qué punto merece la pena pagar por una atención sanitaria que se alarga en el tiempo en lugar de invertir en gestionarla uno mismo.
Sea como fuere, sólo en el último año estos hospitales han atendido más de 130.000 ingresos, se han realizado más de 135.000 intervenciones quirúrgicas, más de un millón de consultas externas, dispensando más de 270.000 tratamientos de hospital de día y llevado a cabo más de 750.000 pruebas diagnósticas.
González Amador
Desde que se conociera la relación de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, con Quirón Prevención (vinculada a Quironsalud, pero a la vez "independientes"), el foco se ha puesto en la implicación de la Comunidad, algo que desde la Consejería niegan en reiteradas ocasiones.
De nuevo, fuentes del equipo de Fátima Matute han desligado los negocios de la pareja de la presidenta de la región y, sobre todo, insistido en la relación "con garantías jurídicas" de todos los contratos vinculados con Quiron.
Insisten en que el modelo es "transparente" y está "fiscalizado". "No hay ningún caso de subjetividad ni nada que podamos decir respecto a todos los grupos con los que trabajamos", ha insistido este martes la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en declaraciones a los medios de comunicación.