La Fiscalía acusa al dueño del viejo palacio de los Franco de tenerlo en ruinas y llevarse piezas de un sarcófago

En el escrito de acusación, firmado el 18 de abril de 2024, el fiscal provincial de la sección de Medio Ambiente pide dos años y medio de cárcel al acusado por un delito continuado de daños contra el patrimonio histórico-artístico y por otro de sustracción de "cosa propia a su utilidad social o cultural". 

Oyamburu supera hoy los 85 años de edad. A finales de los años 80, la familia Franco logró venderle la mansión por 320 millones de pesetas. El hostelero español había hecho fortuna en Reino Unido y desde el principio se empeñó en convertir el complejo en un restaurante y un hotel de lujo.

Oyamburu llevó a cabo la operación del Canto del Pico a través de la sociedad Stoyam Holdings Limited, que figura en el escrito judicial como responsable civil subsidiaria. La compañía está registrada en Inglaterra. El socio mayoritario, sin embargo, es otro conocido empresario español del ladrillo: José Domingo Rodríguez Losada, promotor del monstruoso hotel de El Algarrobico, considerado por el ecologismo como uno de los mayores escándalos urbanísticos del litoral.  

En cualquier caso, la Fiscalía pone en la diana a Oyamburu como representante de la sociedad en lo referido al Canto del Pico. Aunque fuentes municipales aseguran a este periódico que, en los últimos años, ha sido su hija quien llevaba directamente las conversaciones con el Ayuntamiento sobre el palacete.

El órgano judicial considera que la propiedad no adoptó las medidas necesarias de conservación, mantenimiento y custodia del palacete entre mayo de 2014 y septiembre de 2020. Este abandono ha provocado que la construcción haya sufrido "desperfectos de considerable importancia". Entre ellos, destaca los daños en los aleros de madera de gran vuelo de las cuatro fachadas o las techumbres de las estancias interiores. El palacio también ha perdido elementos decorativos como balaustradas y barandillas e incluso una de sus terrazas. 

Objetos en 'paradero desconocido'

Por otro lado, el fiscal provincial recuerda que el acusado ha "retirado y trasladado fuera del Palacio del Canto del Pico diversas partes integrantes" de la casona. Unos elementos, añade, "cuyo paradero actual se desconoce". Llama la atención, por ejemplo, sobre la desaparición de los frontales de alabastro de un sarcófago renacentista de uno de los duques de Híjar, que en su día se encontraba en una de las chimeneas del palacete.

Tampoco se sabe dónde está un escudo heráldico de piedra tallada del siglo XIV ni dos capitales góticos de finales del siglo XV. El otro enser desaparecido es una figura yacente de un obispo hecha a mármol. 

Por todo ello, además de la pena de prisión, la Fiscalía pide que el acusado devuelva a su sitio los elementos retirados y rehabilite el Palacio tal y como se lo exija Patrimonio. También reclama que se cierre la finca y se ponga vigilancia para que no se cuelen curiosos. 

El caso judicial se encuentra en una fase intermedia. Fue el Juzgado de Instrucción nº2 de Collado Villaba quien asumió la instrucción contra Stoyam Holding. Ahora, la Fiscalía le remite el escrito de acusación y pide que se enjuicie ante el Juzgado de lo Penal. 

Del conde de las Almenas a Stoyam

Situado en uno de los puntos más altos de Torrelodones, el Canto del Pico ha sido víctima durante años del vandalismo y la dejadez. El hombre que lo mandó edificar fue José María de Palacio y Abarzuza, conde de las Almenas. 

Después de servir en la Guerra Civil como cuartel director de los republicanos durante la batalla de Brunete, el conde puso a Franco como heredero. Fue ahí donde, según el periodista y escritor Mariano Sánchez Soler, se celebró la noche de bodas de la hija de Franco, Carmen, con el doctor Martinez-Bordiú. Soler asegura que la venta de la mansión al hermano del párroco de Torrelodones enriqueció a los descendientes del dictador. 

Durante años, Oyamburu peleó sin éxito por convertir el Canto del Pico en un complejo hotelero. Alfredo García Plata, el que fuera alcalde de Torrelodones durante la pasada legislatura, sostiene que la Comunidad de Madrid siempre ha tumbado las "intentonas" de Stoyam porque sus "proyectos" sobrepasaban el coeficiente de edificabilidad permitido. No hay que olvidar que hablamos de un Bien de Interés Cultural (BIC). En cualquier caso, el Gobierno regional llegó a autorizar el uso hostelero en 2019, aunque aquello ocurrió sólo unos meses antes de que el Juzgado de Instrucción nº2 de Villalba abriera diligencias. 

García-Plata, hoy en la oposición como portavoz de Vecinos por Torrelodones, cree que el municipio perdió una "gran oportunidad" durante el pasado mandato. Al parecer, el Ayuntamiento ofreció en 2021 a los dueños una permuta de suelos. Si hubiera salido adelante, la mansión habría pasado a titularidad municipal y la propiedad se habría quedado con una parcela próxima al famoso casino de la localidad. "La propiedad y los partidos de la oposición fueron quienes tumbaron esa posibilidad", lamenta. 

La 'multa fantasma'

La Fiscalía también recuerda que la Dirección General de Patrimonio impuso en junio de 2019 una multa coercitiva al acusado. ¿El motivo? No presentar un proyecto de rehabilitación entre 2017 y 2019 o un plan de reconstrucción para "frenar la ruina del edificio" ni otro tipo de medida con tal objetivo. 

Precisamente, la cuestión de la multa coercitiva salió a la palestra a finales de marzo. El PSOE denunció en público que los propietarios de este emblema de Torrelodones "nunca han llegado a abonar ni un céntimo de euro de la supuesta multa coercitiva que, teóricamente, le impuso el Gobierno regional hace cinco años y por la que estarían obligados a pagar mil euros mensuales". 

Preguntados por esta sanción, el actual Gobierno municipal, dirigido por PP y Vox, detalla que la multa se anuló tras un recurso de la sociedad. Desde el Ayuntamiento insisten en que las conversaciones sobre el futuro del Canto del Pico dependen, en cualquier caso, de la Comunidad de Madrid y los dueños del palacio. 

Por su parte, el secretario general del PSOE de Torrelodones, Víctor Ibáñez, ha anunciado nuevas acciones a nivel parlamentario ante la "cascada de datos documentales que certifican la falta de interés de la Comunidad de Madrid en este asunto". "Nuestro grupo en la Asamblea de Madrid ya ha registrado una petición de comparecencia del Director General de Patrimonio Cultural del gobierno de Ayuso".