La defensa de la presa de los Peñascales copó la actualidad política el pasado verano. Partido Popular, PSOE y Vox se unieron haciendo piña para evitar el derribo del embalse.
Vecinos e, incluso, la Comunidad de Madrid hicieron frente a la orden demolición emitida por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Se culpaba al anterior equipo de Gobierno, liderado por el partido local, Vecinos por Torrelodones.
Pero ahora todo ha cambiado y, tras una comisión llevada a cabo en el propio Ayuntamiento de Torrelodones, gobernado por el Partido Popular; se ha exculpado al anterior alcalde y todo su equipo y se señala directamente a la Confederación Hidrográfica del Tajo, gestionada en aquél momento por el PP.
Según el escrito de conclusiones de dicha comisión, al que ha tenido acceso Madrid Total, el hipotético derribo de la presa responde a una responsabilidad compartida entre "la Confederación Hidrográfica del Tajo y el equipo de gobierno que adquirió la presa en 2014".
Es llamativo que sea el Partido Popular (que gobierna en el Ayuntamiento y ha aprobado el dictamen) diga que la Confederación Hidrográficadel Tajo (CHT) en 2014 obró incorrectamente, cuando quien gobernaba en España hace 10 años era el PP de Mariano Rajoy y quien nombraba a los presidentes de las Confederaciones era el Partido Popular.
Concretamente, el citado informe dice que hay una "responsabilidad compartida" entre la CHT y el equipo de gobierno que adquirió la presa.
La primera, porque "no actuó de buena fe ocultando que la presa perdería su concesión al no realizarse el abastecimiento para uso humano desde hacía tiempo, como marca la legislación". El segundo (el Ayuntamiento), porque "fue negligente al no comprobar las condiciones de la concesión antes de su adquisición".
Es necesario recordar que la posible demolición de la presa de los Peñascales viene derivada de un expediente de caducidad de la concesión de aguas de la misma.
Un cúmulo de circunstancias y el abandono de la gestión por parte del anterior Ejecutivo 'condenó' a la presa a su posible derrumbe. O eso era lo que denunciaban antes.
Historia de la presa de los Peñascales
En 1962, en Torrelodones, se construyó el embalse de Gabriel Enríquez de la Orden, conocido popularmente como el de Los Peñascales, para el abastecimiento de las urbanizaciones cercanas.
Su finalidad era el suministro de agua y el regadío de las zonas adyacentes, pero, conforme fueron pasando los años, la presa fue quedando en desuso. Mientras que su agua no se utilizaba para el consumo de las urbanizaciones a su alrededor, se fue creando un espacio singular que conforma un humedal que se encuentra dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
La presa era de titularidad privada, de la empresa que había construido la urbanización y, tras entrar en banca rota, pasó a una situación de completo abandono. Es ahí cuando la Confederación Hidrográfica del Tajo dio la voz de alarma. La Confederación (CHT) tiene potestad en la presa, pues se abastece del arroyo de Trofas, afluente del Manzanares, y es subsidiaria de la cuenca del Jarama y del Tajo.
El mal estado de la presa les obliga a notificar al Ayuntamiento la necesidad del derrumbe de la misma. Desde el Consistorio de Torrelodones, en ese momento gobernado por un partido local, Vecinos por Torrelodones, se decide tomar cartas en el asunto y comprar la presa. De esta forma, el embalse pasaría a ser de titularidad pública y no privada.
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Las opciones que por aquel 2013 da la CHT son dos: o se demuele o se compra por parte del Ayuntamiento. Ahí, Vecinos por Torrelodones y el PSOE votan a favor de adquirirla por un precio muy bajo, menos de 13.000 euros, según fuentes socialistas, y perdonar la deuda en impuestos que tenía la empresa propietaria.
En ese momento se realiza una gran inversión. Se cambian las válvulas de fondo y se hacen nuevos sistemas de seguridad para evitar desbordamientos y, en 2016, la presa ya está completamente restaurada y es propiedad del Ayuntamiento de Torrelodones.
En el embalse los helicópteros contra incendios cogen agua.
Pero la restauración de la presa no cambia el hecho de que el objetivo de la misma (dar agua de regadío y a los habitantes de las urbanizaciones) no se está ejecutando. En ese momento, el uso que se da sigue siendo muy residual, aunque, sí es cierto, el agua del embalse se utiliza por los helicópteros contra incendios para cargar agua. Los años pasan y, en estas elecciones del pasado 28-M, hay un cambio de Gobierno: el PP recupera uno de sus bastiones ricos.
Pero cuando Almudena Negro, nueva alcaldesa de Torrelodones, llega al Ayuntamiento, se encuentra con una muy mala noticia: la presa debe de ser derruida y tienen pocos meses para presentar un proyecto para su demolición.
Conclusiones del informe
Ahora todo ha cambiado y según el documento que se ha emitido tras seis meses de trabajos, la decisión del anterior equipo de Gobierno se ajustó a las recomendaciones legales de los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento y, por tanto, no cabe la exigencia de responsabilidad ninguna más allá a Vecinos por Torrelodones.
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Las conclusiones de la Comisión, aprobadas por el PP, la posición en contra del PSOE y VOX y la abstención de Vecinos, resuelven que si finalmente no prosperasen todos los esfuerzos que se están haciendo para evitar el derribo de la Presa, el Ayuntamiento debería llevar a cabo todas las acciones que en derecho procedan para que "la CHT indemnice al Ayuntamiento y se haga cargo de todos los gastos".
Es decir, que la CHT a que asuma los gastos de la renaturalización del entorno "si se tuviera que producir la demolición más los daños" y hacerse cargo de los "perjuicios que se puedan provocar a terceros".
Al contrario de lo que pasó al inicio de la polémica, ahora el Partido Popular, que lidera la Comisión, exime de toda responsabilidad al Equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones "en relación con la falta de presentación del recurso de Reposición".
"Se tomó conocimiento del documento que informaba sobre la apertura del expediente en diciembre de 2022, y se recomendó buscar soluciones con la Confederación Hidrográfica del Tajo para dar un nuevo uso a la concesión de aguas. Se consideró que el recurso no era viable, ya que no se estaba utilizando el agua de acuerdo con la concesión otorgada", concluyen ahora.