La juez del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha pospuesto al 24 de junio la declaración del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que estaba programada para este lunes. Según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el retraso de la declaración se ha producido por un contratiempo en el calendario de dos de los investigados.
González Amador iba a comparecer en la mañana de este lunes en calidad de investigado por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil en relación a un supuesto fraude fiscal que le atribuye la Fiscalía de Madrid.
Además de la pareja de la presidenta madrileña, también estaban citados a declarar este 20 de mayo Maximiliano N. -en el marco de las diligencias abiertas contra Alberto González- y otras cuatro personas.
Según indican desde el TSJM, la suspensión se debe a que a uno de los citados como investigado no se le había podido notificar la citación, al tiempo que tampoco se ha podido gestionar una videoconferencia prevista para este martes en los juzgados de Sevilla con otro de los implicados. Desde Más Madrid apuntan a que el motivo del aplazamiento es el intento de llegar a un acuerdo entre las partes, previsiblemente de ratificación de pena.
El novio de Díaz Ayuso ha llegado a las 10 de la mañana de este lunes a los juzgados de Plaza de Castilla. Su llegada ha sido discreta. Tanto, que no ha sido captado por los medios de comunicación que estaban desplegados en dos accesos de la sede judicial. Al parecer, informan fuentes jurídicas, González Amador habría cambiado su aspecto, al llevar el pelo rapado y sin barba.
El empresario del sector sanitario tiene dos opciones: defender su inocencia o reconocer los delitos que se le imputan conforme al acuerdo de conformidad propuesto por su defensa, que proponía ocho meses de cárcel, cuatro por cada delito fiscal.
En concreto, las pesquisas tienen puesto el foco en unos presuntos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
La declaración, en cualquier caso, se produce en unas semanas en las que se está a la espera de que se ratifique en el TSJM la denuncia que González Amador interpuso contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto, por un presunto delito de revelación de secretos.
En este caso, el objeto de la polémica está en un comunicado difundido por el Ministerio Público donde pretendía dejar clara su actuación. Para ello, se daba cuenta del cruce de correos entre el abogado del empresario y el fiscal relativos al caso de fraude fiscal.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite el pasado día 7 la querella de Alberto González Amador y designó instructor al magistrado Francisco José Goyena, que ha puesto en marcha la investigación con una batería de diligencias de cuyo resultado dependerá el eventual envío del procedimiento a la Sala Penal del Tribunal Supremo.
Las primeras diligencias ordenadas por Goyena apuntan directamente al fiscal general, Álvaro García Ortiz, aforado ante el Tribunal Supremo, informa María Peral.