La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tenía clara una cosa: no quería ser una presidenta más a la que se le atragantara la Ciudad de la Justicia. Por ello, el pasado mes de octubre, anunció que este macrocomplejo judicial se levantaría con un modelo de gestión directa y una inversión de 660 millones de euros.
La idea ha parecido tener muy buena acogida en el sector, puesto que La Comunidad de Madrid ha recibido cinco ofertas de un total de 13 empresas, las principales del sector, para la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras para la construcción de la futura Ciudad de la Justicia.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado este martes este avance para un proyecto "imprescindible" para la Comunidad de Madrid que comenzará a levantarse en el primer trimestre de 2025.
"Los madrileños podrán contar con la mayor sede judicial del mundo y, al mismo tiempo, la más accesible, totalmente digitalizada y dotada con los mejores sistemas de eficiencia energética", ha subrayado.
En concreto, optan al concurso cinco Uniones Temporales de Empresas (UTE): OHLA-Azvi-Rover, Ortiz-Lantania-Vias y Construcciones, Constructora San José-Avintia, Dragados-Acciona Construcción y Ferrovial-Sacyr-FCC. Todas, salvo la segunda, buscan hacerse con los dos lotes en lo que se divide el nuevo complejo judicial en la capital.
La adjudicación del proyecto está prevista para antes de que finalice el verano, con un periodo máximo de nueve meses para presentar el proceso constructivo. El inicio de las obras comenzará a lo largo del primer semestre de 2025.
El proceso administrativo queda en manos de una mesa de contratación compuesta por funcionarios de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local y valoración de la calidad técnica y arquitectónica de las ofertas presentadas será valorada por un equipo formado por arquitectos e ingenieros industriales, lo que garantiza la máxima transparencia y objetividad.
Modelo de gestión directa
El Gobierno regional gestionará la Ciudad de la Justicia de manera directa. Su edificación está dividida en dos lotes y planificada en distintas fases, lo que permitirá contar en esta legislatura de gran parte de su proyecto global ejecutado. Supondrá una inversión pública de hasta 683 millones de euros en el periodo 2024-2028.
El Ejecutivo autonómico unificará en un solo complejo ubicado en el barrio de Valdebebas un total de 26 edificios judiciales repartidos ahora por la capital. En la actualidad, dan servicio diariamente a más de 30.000 personas. Se levantará un núcleo que será un referente en España en la modernización de las infraestructuras judiciales.
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La Ciudad de la Justicia de Madrid ocupará alrededor de 236.000 metros cuadrados sobre rasante y 198.000 bajo rasante en un solar con una superficie de 132.000 m2, lo que supone un aumento del 61% respecto a la suma de toda el área destinada a estos organismos en estos momentos.
Además, se crearán zonas de reserva con un espacio adicional del 28% sobre el total para absorber el crecimiento de la planta judicial durante, aproximadamente, los próximos 40 años.