En abril de 2025, todos los ayuntamientos de España tendrán que cobrar a sus ciudadanos un impuesto por recoger y transportar la basura que generan en sus domicilios.

Una tasa conocida como la 'tasa Sánchez', por lo menos entre los regidores del Partido Popular, contra la que se han revelado varios alcaldes de la Comunidad de Madrid. La mayoría aseguran que sus vecinos no asumirán ese impuesto extra hasta que les "obligue la ley".

Primero fue el alcalde de Boadilla del Monte, Francisco Javier Úbeda Liébana, y después otros muchos. ¿La última? La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, que, además, es presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM). 

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A su movilización también se suma la alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, quien, en declaraciones a este diario, asegura que se plantarán ante la tasa de Basuras hasta que la ley se lo permita. "Confiamos en que Sánchez convoque elecciones antes y no tengamos ni que pagarla", bromea. 

Sus declaraciones llegan después de que Piquet haya cargado contra el "tasazo de Sánchez" porque varios alcaldes socialistas han presentado una iniciativa para unificar su puesta en marcha desde la Federación Madrileña de Municipios que ella misma preside. 

Es decir, que más allá de que varios alcaldes del PP se hayan revolucionado contra este impuesto que, según ellos, invade sus competencias, el PSOE ha querido echar más leña al fuego, homogeneizando su puesta en marcha desde un organismo que coordina el Partido Popular.

Piquet se lo ha tomado como algo personal y ha tachado a los alcaldes socialistas de querer ocultar la tasa de Sánchez. Además, se ha enterado de la iniciativa por los medios de comunicación. 

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"Cuando los socialistas quieren homogeneizar todos salimos perjudicados", ha lanzado. Porque lo que quieren los regidores de Alcorcón, Ciempozuelos, Fuentidueña de Tajo o Parla es que la Federación Madrileña de Municipios (FMM) coordine la homogeneización de la futura tasa de basuras. 

Concretamente, proponen que se constituya una comisión técnica para elaborar una propuesta coordinada ante esta tasa de basura que será de obligada puesta en marcha en menos de un año, antes de abril de 2025. Algo que el PP rechaza de pleno. 

Boadilla

Uno de los alcaldes que más ha levantado la voz contra esta tasa ha sido el regidor de Boadilla del Monte, Francisco Javier Úbeda, quien mandó una notificación a sus propios vecinos para comunicarles que no iban a pagar la tasa de basuras hasta que no les obligara la ley.

"Ante esta situación, Boadilla retrasará todo lo posible la aplicación de la tasa, hasta el último día que la Ley permita, en abril de 2025. El presupuesto municipal para 2024, por tanto, no la contempla", añadía.

El alcalde aseguraba que la situación económico-financiera de Boadilla está en una muy buena posición "y se podrán afrontar eventuales circunstancias negativas que puedan acontecer sin recurrir a financiación externa".

La ley de basuras

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (en adelante, Ley de residuos), concede un plazo de tres años, hasta el 10 de abril de 2025, para que los Ayuntamientos establezcan con carácter obligatorio una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributario, por la recogida de residuos sólidos, que permita implantar sistemas de pago en función de la cantidad de residuos generados por los sujetos pasivos.

Esta tasa, verdaderamente, ya existía antes, pero ahora la hacen obligatoria. Hasta ahora los Ayuntamientos podían no cobrársela a sus vecinos y financiar el servicio de recogida con recursos generales del presupuesto municipal.

Además, esta tasa ya no podrá ser deficitaria, debiendo cubrir todos los costes del servicio. Es decir, los Ayuntamientos no podrán seguir con la política de financiar parcialmente el coste del servicio acudiendo a la tasa y cubrir el resto con los recursos generales municipales.

Para el Partido Popular, lo que está haciendo Sánchez es "meterse" en competencias locales. Por el contrario, para el PSOE, lo único que está ocurriendo es que el Gobierno socialista está adaptando una ley Europea a España. Lo único que está claro es que los que pagarán la tasa serán los vecinos.