La Asamblea de Madrid ha decidido abrir un expediente al diputado de Más Madrid, Pablo Padilla, después de que, durante el pleno del pasado 23 de junio, simulara realizar disparos mientras que hablaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

La petición fue registrada en su momento por el grupo parlamentario Vox. Por eso, ha sido su portavoz, Rocío Monasterio, la que ha dado cuenta de la decisión tomada por la Mesa de la Asamblea en la que el Partido Popular tiene la mayoría de los votos. 

"Tenemos que mantener el respeto a las instituciones y defender que estas actitudes violentas no tiene cabida en los parlamentos", ha defendido Rocío Monasterio. 

Desde el grupo parlamentario Vox esperan que el diputado de Más Madrid sea sancionado y se quede "unos días en su casa". "La izquierda solo trae ruina, violencia y desastre. No les queremos aquí", ha finalizado Monasterio. 

Padilla, que ha defendido que se mantendrá en la Asamblea pese a que varios partidos han pedido su dimisión, explicó en todo momento que su gesto fue fruto de la ira y que nada tenía que ver con simular que disparaba a la líder regional. 

El 'disparo'

En un vídeo compartido en redes sociales grabado desde la bancada 'popular' se vio a Padilla emular con sus brazos un arma de fuego y luego mostrar su rechazo a las palabras de la presidenta.

Por todo ello, los populares acusaron a Padilla de "amenazar" a la presidenta con su simulación, aunque el propio diputado ha respondido que estaba imitando a un "francotirador israelí". 

Pablo Padilla, diputado de Más Madrid, durante el pleno de la Asamblea de Madrid

Por su parte, el diputado de Más Madrid se defendió en su cuenta de X (antes Twitter) explicando que en el momento en el que le graban Ayuso estaba "justificando el genocidio de Israel".

"Es el gesto de los francotiradores de Israel asesinando a 14.000 niños. Mi gesto es una anécdota, lo de Netanyahu es un genocidio. Ojalá el PP se indignara con él la mitad que conmigo", ha añadido.

Qué pasará ahora

Fuentes de la Asamblea de Madrid han confirmado los hechos y han explicado los siguientes pasos en este proceso sancionador que, precisamente, son muy similares a los llevados a cabo contra la diputada de Vox, Rocío Monasterio, por su conocido voto 'fake'.

Así las cosas, este viernes la Mesa ha acordado incoar procedimiento sancionador al diputado por "presunto incumplimiento del artículo 33.3 del Reglamento de la Asamblea". 

Según la denuncia del grupo parlamentario Vox, Padilla realizó "gestos de especial gravedad, ya que supone un gesto de inequívoca incitación a la violencia, inadmisible en cualquier lugar, pero mucho más, si cabe, en el Parlamento autonómico".

La apertura del expediente sancionador se ha adoptado teniendo presente que el artículo 33.3 establece que son infracciones "atentar contra la dignidad de la Asamblea de Madrid o contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria, provocando en este último supuesto, desorden con su conducta, de obra o de palabra, en los términos previstos en el artículo 138 de este Reglamento".

Además, el artículo 34.1b) dispone que, en este supuesto, podrá imponerse como sanción "la suspensión de alguno de los derechos de los diputados reconocidos en los artículos 15 a 21 de este Reglamento por un tiempo de 15 a 30 días".

Para estudiar este caso, como ocurrió con Monasterio, la Mesa ha nombrado como instructora a la diputada Mercedes Zarzalejos, que será asistida por un letrado de la Cámara durante la tramitación del expediente. "La instructora ordenará la práctica de diligencias para determinar y comprobar los hechos y pruebas que puedan", explican desde la Asamblea. 

En este caso, el procedimiento será abreviado y contempla un plazo de cinco días hábiles, prorrogable por igual plazo, a efectos de que el diputado pueda presentar alegaciones frente al pliego de cargos.

En caso de que presenten alegaciones, habrá un periodo probatorio de un plazo de ocho días. Finalizado éste, el instructor formulará la propuesta de resolución, en la que fijará con precisión los hechos, efectuará la calificación jurídica para determinar la infracción que se considere cometida y señalará las posibles responsabilidades del diputado, así como la propuesta de la sanción.

Finalmente, la propuesta será debatida y votada en la Mesa que resolverá definitivamente.