El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha procedido al precinto de las obras en el espacio medioambiental de La Cantueña, en el que la Comunidad de Madrid pretende levantar un macrocentro para menores no acompañados (MENAS), a pesar de que este martes un juzgado estimara la petición del Gobierno de Ayuso de suspender el decreto municipal por el que retiraban la concesión al Ejecutivo regional.
"El precinto se produce en cumplimiento del decreto de paralización de las obras emitido la pasada semana por el Ayuntamiento por considerar que, al existir un expediente de reversión del espacio y, por lo tanto, dudas sobre la titularidad del mismo, no deben comenzar los trabajos", han comunicado este miércoles desde el municipio.
El Consistorio ha difundido este comunicado después de que ayer martes se conociera que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid ha estimado la petición de medidas cautelares provisionalísimas solicitadas por la Comunidad de Madrid, suspendiendo así la aplicación del decreto de la Concejalía de Infraestructuras, Urbanismo, Movilidad y Mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada que suspendía las obras para la instalación en La Cantueña de un centro de acogida para menores extranjeros no acompañados.
El motivo que han dado desde Fuenlabrada para la paralización es que "no ha recibido notificación alguna del juzgado suspendiendo de manera cautelar el precinto, por lo que continúa adelante con lo establecido en el decreto de paralización de obras".
El Consistorio ya comunicó a Madrid Total que intentarían agotar todas las opciones para evitar que en ese terreno se construyera un centro de MENAS, ya que "no se cedió para eso".
Además, en la información difundida este mediodía, el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha reiterado que la Comunidad de Madrid incumple el convenio de cesión del espacio de La Cantueña y, por lo tanto, la ciudad está en su derecho de recuperarlo.
Además, el Consistorio está en contra del modelo de macrocentro elegido por la Comunidad, que incumple las recomendaciones del Consejo de Europa y la propia ley regional de servicios sociales.
3 días de plazo
El auto del Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, da un plazo de tres días al Consistorio fuenlabreño para que presente alegaciones antes de dictar auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida cautelar.
Según argumenta el auto, concurren en este caso "suficientes elementos" que "permiten apreciar la situación de urgencia requerida" por la Comunidad de Madrid para solicitar la suspensión del decreto municipal.
Asimismo, el juez considera que ante el reciente inicio de las obras, acceder a la suspensión cautelar de la decisión de paralización representa "el mantenimiento de la situación material y jurídica preexistente", sin perjuicio de su posible modificación una vez se reciban las alegaciones del Ayuntamiento y se resuelva de forma definitiva y tras escuchar a todas las partes.
Tampoco se advierte, sostiene el auto, "un grave perjuicio del interés general" por el hecho de permitir que las obras continúen ejecutándose durante "el breve plazo de tres días que se concederá para la formulación de alegaciones por el Consistorio".