El Ayuntamiento de Fuenlabrada levantará este viernes el precinto de las obras que la Comunidad de Madrid había iniciado en La Cantueña para construir un centro de menores no acompañados. El Consistorio del socialista Javier Ayala se ha visto obligado a tomar esta decisión tras recibir la notificación del juzgado que suspende el decreto municipal que paralizaba las obras.
El Ayuntamiento, sin embargo, no tira la toalla: presentará alegaciones a la demanda de la Comunidad de Madrid y continuará trabajando en los tribunales por "defender los derechos de los vecinos y las vecinas, y por recuperar el espacio de La Cantueña, sobre el que hay abierto un expediente de reversión", según ha defendido la Administración local en un comunicado.
El Ayuntamiento precintó el pasado miércoles las obras en cumplimiento del decreto municipal, pues considera que la Comunidad de Madrid incumple el convenio de cesión del espacio de La Cantueña al destinarlo a este fin y, por lo tanto, "la ciudad está en su derecho de recuperarlo".
Después de que ese mismo miércoles el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, acusara al Consistorio fuenlabreño de estar "en rebeldía" por precintar las obras pese al auto judicial -el Ayuntamiento esgrimió entonces que aún no había recibido comunicación del mismo-, las mismas fuentes municipales subrayan que "seguirá estando en rebeldía" contra "la prepotencia mostrada por la Comunidad de Madrid y contra su obsesión porque este macrocentro para menores no acompañados se levante en Fuenlabrada".
Así, insisten en que la decisión del Gobierno regional "no atiende a la necesidad de atender a menores de una manera adecuada", sino que responde solo "a la obsesión de que este equipamiento se construya en Fuenlabrada cueste lo que cueste".
Además, insiste en que el modelo elegido por la Comunidad de Madrid "contraviene las recomendaciones del Consejo de Europa y la propia ley regional de servicios sociales". "Un macrocentro en medio de la nada y rodeada de polígonos industriales y autovías no es manera de atender a menores", concluyen.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada cedió el centro a la Administración regional hace 20 años para un centro de difusión ambiental, por lo que al incumplirse el convenio, a juicio del Ayuntamiento, éste activó la cláusula que le habilita a recuperar las instalaciones, si bien el Ejecutivo regional se amparó en la Ley del Suelo autonómica para defender la legalidad de su actuación.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid estimó la petición de medidas cautelares provisionalísimas solicitadas por la Comunidad de Madrid, suspendiendo así la aplicación del decreto de la Concejalía de Infraestructuras, Urbanismo, Movilidad y Mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada que paralizaba las obras en La Cantueña.
El auto del Juzgado, al que tuvo acceso Europa Press, dio un plazo de tres días al Consistorio para que presentase alegaciones antes de dictar auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida cautelar.
Según argumenta el auto, concurren en este caso "suficientes elementos" que "permiten apreciar la situación de urgencia requerida" por la Comunidad de Madrid para solicitar la suspensión del decreto municipal.
Los argumentos del juez
Asimismo, el juez considera que ante el reciente inicio de las obras, acceder a la suspensión cautelar de la decisión de paralización representa "el mantenimiento de la situación material y jurídica preexistente", sin perjuicio de su posible modificación una vez se reciban las alegaciones del Ayuntamiento y se resuelva de forma definitiva y tras escuchar a todas las partes.
Tampoco se advierte, sostiene el auto, "un grave perjuicio del interés general" por el hecho de permitir que las obras continúen ejecutándose durante "el breve plazo de tres días que se concederá para la formulación de alegaciones por el Consistorio".
Por el contrario, sostiene, la clausura y precinto de dichas obras "supondrá su inmediata paralización", lo que "presupone objetivamente un perjuicio mayor si después hubiera de ser removido el precinto", dado el "presumible retraso que la ejecución de dicha remoción podría conllevar en cuanto representa la reanudación de unas obras de remodelación, con el subsiguiente traslado de personal, maquinaria y materiales de obra".
Tras el decreto municipal que paralizaba las obras por tratarse de un uso que, a juicio del Ayuntamiento, incumple el convenio de cesión del espacio a la Administración regional, la Comunidad de Madrid -que se ampara en la Ley del Suelo autonómica para justificar la legalidad de su decisión-, recurrió ante la Justicia.
Un centro que la Comunidad quiere habilitar "lo antes posible" y para el que prevé invertir 6,9 millones de euros para habilitar un centenar de plazas de acogida y poder así "atender las demandas del Gobierno de España" con respecto a los menores extranjeros no acompañados que "va a trasladar" a la región madrileña.