La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce, ha pedido que se intensifiquen los controles en el aeropuerto de Barajas para limitar la llegada de migrantes en "situación irregular".

El ejecutivo madrileño ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con esa petición, ya que la consejera ha advertido a su llegada a la Conferencia Sectorial de Inmigración de que los centros de protección de menores madrileños "están colapsados" y que el 50% de sus usuarios están llegando a través del aeropuerto.

"Esto evidentemente supone un riesgo para los propios menores", ha subrayado a Efe Dávila-Ponce, quien ha defendido que existen migrantes mayores de edad "haciéndose pasar por menores", una realidad de la que, en sus palabras, el Gobierno "tampoco está realizando el adecuado control".

En respuesta a esta petición, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, ha resaltado que las exigencias del ejecutivo madrileño "son los mismos mensajes que escuchábamos por parte de Vox en pandemia, abrazando la desinformación y los bulos".

Sobre la situación de los centros de acogida madrileños, Dávila-Ponce ha explicado que estos espacios están "al 200%", lo que hace "muy difícil" incrementar la capacidad de la región de acoger más personas.

Asimismo, ha defendido que el Ministerio está trasladando menores fuera del reparto pactado con las comunidades autónomas, según el cual, a Madrid le corresponde dar acogida a 30 menores migrantes no acompañados.

"Es muy difícil incrementar el número de recursos a la velocidad que el Gobierno los pone a disposición de la Comunidad Autónoma de Madrid", ha señalado la consejera, quien ha insistido en que quiere atender a estos niños y adolescentes "de forma adecuada".

Según Dávila-Ponce, muchos de esos menores necesitan una atención individualizada porque tienen perfiles especiales que hay que atender con recursos específicos, una información que, en sus palabras, Madrid tampoco ha recibido.

"Las comunidades autónomas estamos trabajando desde hace un año sin descanso para atender a todos los menores y a todas las personas que están repartiendo", mientras el Gobierno "no está siendo solidario", ha asegurado.