El 'donut' de Valdebebas alberga desde 2020 el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Madrid. Esta estructura con forma de rosco de color plateado centraliza todas las autopsias de la región. Cuenta con más de 200 cámaras frigoríficas, unas cuantas decenas de puestos para examinar a los cadáveres, laboratorios y hasta una biblioteca.
En este peculiar edificio también pueden acabar los cuerpos que nadie reclama. Ni familiares ni allegados. Son los fallecidos que ni siquiera están respaldados por los entierros sociales de un ayuntamiento.
Para ocuparse de ellos, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contratará a una funeraria que se ocupe de suministrar un féretro para el cadáver, hacer el papeleo, conservar al difunto de forma temporal e incinerarle o sepultarle. El concurso todavía sigue abierto y participan cinco compañías del sector.
El adjudicado recibirá 145.479 euros (IVA incluido) para encargarse de este servicio durante dos años, según consta en la documentación de la licitación, adelantada por Infobae y consultada por Madrid Total. El contrato puede prorrogarse 24 meses más.
Este presupuesto nace de un estudio de mercado elaborado por la Comunidad de Madrid. Así, estima que se podrían llevar a cabo 100 cremaciones en dos años a razón de 1.061,56 euros cada una. Sin embargo, cifra en 10 las posibles inhumaciones durante el mismo periodo, a 1.407,49 euros el entierro.
Este mecanismo para dar descanso a los muertos 'abandonados' es una competencia traspasada de la Administración de la Justicia a la Comunidad de Madrid. La consejería, de quien depende el IML, activará este servicio cuando lo pida un juzgado.
El proceso comenzará cuando un muerto pase 15 días en las instalaciones del 'donut' sin que nadie lo reclame. Una vez que el magistrado autorice la cremación, se informará a la funeraria, que se pondrá manos a la obra.
Así trabajará la funeraria
La empresa acudirá primero al Instituto de Medicina Legal para retirar el cadáver. Deberá hacerlo en un plazo de dos días desde que reciba la documentación acreditativa del fallecido. Después, se lo llevará a sus instalaciones. Ahí lo conservará de forma temporal y llevará a cabo la práctica tanatológica.
Además, se encargará de ir al Registro Civil para inscribir la defunción y obtener la licencia de enterramiento. El cementerio que elija la funeraria, eso sí, deberá pertenecer a un ayuntamiento de la región.
Finalmente, trasladará el cuerpo al cementerio. La decisión de cremarlo o inhumarlo dependerá del juez que conozca el caso. La opción prioritaria es la cremación. Si se elige el entierro, se hará en una sepultura temporal.
El Gobierno autonómico no concreta cuántos cadáveres sin reclamar se encuentran en estos momentos en las instalaciones del IML, pero sí habla de una "problemática actual" relacionada con este tipo de casos.