La Comunidad de Madrid ha vuelto a avisar de las consecuencias económicas que tendrá el concierto económico que incluye el pacto del independentismo catalán con el PSC para la investidura de Salvador Illa.
Según ha avisado la consejera del ramo a preguntas de los medios, el denominado como "cupo catalán" provocará que las comunidades receptoras de fondos se tendrán que convertir en aportadoras o se verá una merma de los servicios públicos de las regiones con menos recursos.
Durante una visita a la Finca de Vista Alegre, en el distrito de Carabanchel de la capital, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha subrayado el impacto que el concierto tendrá en el Fondo de Solidaridad entre regiones, al que Madrid aporta ya el 71%, aunque ha indicado que todavía no está claro "lo que le va a suponer" a la región.
"La Comunidad de Madrid, por supuesto, es solidaria, no está pensando en dejar de aportar, pero ya aporta el 71%. Baleares es la otra comunidad que también aporta un 4%, con lo cual a lo mejor alguna de las comunidades autónomas que hasta ahora eran receptoras se tienen que convertir en aportadoras o caen los servicios públicos en las comunidades con menos recursos, lo cual sería un horror para España", ha enfatizado.
En este sentido, ha subrayado que la aportación de Cataluña supone un 19% de todo el PIB nacional para alertar que "todo lo que antes estaba aportando" esta región al fondo común ahora lo "va a tener lo que poner alguien".
En esta línea, ha indicado que "todos esos recursos que antes iban a la caja común y que servían para poder satisfacer los servicios básicos de todos los españoles, precisamente en las regiones que menos recursos tienen" tendrán que salir ahora probablemente de las arcas del Estado.
1.500 millones de euros más de Madrid
"Lo que está claro es que los españoles se van a encontrar con que en los servicios básicos hay menos recursos para llevarlos a cabo", ha destacado la consejera.
Hay que recordar que, tal y como publicó este diario, Madrid ya ha contabilizado en 1.500 millones de euros la inversión de "extra" que tendrán que hacer al sistema de financiación para cubrir la parte catalana.
Además de la situación económica, y de cómo eso puede afectar a las arcas y servicios de los madrileños, desde el Gobierno regional tachan de "ilegalidad absoluta" el hecho mismo de permitir que exista este cupo.
Se apoyan en que, para que se pueda permitir, hay que cambiar la Constitución y la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas). "Esto no se puede hacer por la puerta de atrás, se tiene que hacer obligatoriamente con un cambio de las leyes, tiene que ser votado en las Cortes y tiene que ser ratificado en el Senado", ha recalcado.
Al hilo, ha defendido el concepto de solidaridad entre regiones y la idea de conjunto de país. "Lo que es importante es que tengamos la idea de España como país, no como un conjunto de comunidades. España es un único país y eso es muy importante", ha enfatizado.