La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en la primera líder autonómica del Partido Popular en anunciar que ya ha presentado su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Amnistía; "escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña, arbitraria y obscenamente inconstitucional".
Además, la líder de los populares madrileños ha concretado que pedirá las recusaciones de los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez, "por su pública y notoria vinculación con el PSOE". Su objetivo es apartarles de la deliberación de la Ley, tal y como anunció el grupo Popular (diputados y senadores) el pasado jueves.
"En el PP y en la Comunidad de Madrid no nos íbamos a quedar de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política de la historia de nuestra democracia", ha adelantado, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.
El movimiento, que han orquestado desde Génova, se va a repetir en cascada en todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular durante este lunes y martes; aunque la presidenta madrileña ha sido la primera en anunciarlo.
Hay que recordar que la ley de amnistía fijaba tres meses para poder impugnar la norma desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Es decir, desde el 11 de junio.
Por ello, todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han apurado el plazo para acudir al Tribunal Constitucional.
Ayuso ha explicado que desde el Gobierno regional consideran "en la tramitación parlamentaria de esta ley, además, se han infringido diversos preceptos de la Constitución y del Reglamento del Congreso de los Diputados", lo que ha dado como resultado "una reforma encubierta de la Constitución Española".
"Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no puedan atropellar nuestra Constitución y hundir España. En este proceso, todo aquello que le da sentido a España como Nación: el Senado, la Monarquía, la Constitución y las regiones y especialmente la Comunidad de Madrid, somos objetivo", ha alertado la jefa del Ejecutivo regional, al tiempo que ha sostenido que este "Gobierno no admite crítica ni respeta a la pluralidad ni a la verdad misma".
La argumentación
Para elaborar este recurso, el Ejecutivo autonómico solicitó un informe a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, el pasado mes de junio. Allí, los servicios jurídicos emitieron un dictamen que avala la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra esta norma.
En su argumentación, denuncia que la Ley de Amnistía afecta a los pilares básicos sobre los que se asienta la Constitución y defiende que el Estado de derecho no puede funcionar correctamente si las Administraciones regionales no operan bajo las mismas reglas constitucionales.
La Comunidad de Madrid considera que no se puede admitir una ley que crea un "estatuto privilegiado para los dirigentes" de una comunidad autónoma en concreto, amparando conductas contrarias a Derecho y "rompiendo con el principio de igualdad" de todos los españoles ante la ley reflejado en el artículo 14 de la Constitución.
Además, supone una "ruptura con la separación de poderes" porque, a través de ella, el Legislativo invade las funciones del Judicial, único de los tres del Estado que tiene constitucionalmente atribuida la potestad de "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".
Por último, y según ha informado la Comunidad de Madrid, también recoge que la Ley de Amnistía ha sido aprobada sin atender los "informes emitidos por el Consejo General del Poder Judicial", las principales asociaciones de jueces, la asociación mayoritaria de fiscales, los letrados del Senado y los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso.