Los pueblos del suroeste de Madrid, como Cubas de la Sagra, Torrejón de la Calzada o Casarrubuelos, están de celebración. Han conseguido parar la instalación de una planta de tratamiento de residuos y biogás que la empresa Acciona quería levantar en la zona. 

Tal y como ha informado la Comunidad de Madrid a Madrid Total, la decisión del Gobierno regional está ligada a que el Ayuntamiento de Cubas de la Sagra, lugar en el que se iba a ubicar la empresa, no ha emitido un informe urbanístico favorable. Algo imprescindible en este tipo de casos. 

Uno de los requisitos previos a la construcción y operación de esta instalación de biometano era la obtención de la Autorización Ambiental Integrada (AAI). Dicho permiso está condicionado a que la Comunidad de Madrid reciba un informe urbanístico favorable del ayuntamiento correspondiente, "que es el organismo competente encargado de validar la ubicación de la instalación".

Así las cosas, y con la documentación aportada, Madrid no ha podido acreditar el cumplimiento urbanístico; por lo que "se ha procedido a cerrar el expediente, en cumplimiento de la legislación ambiental vigente".

Con todo ello, desde el Gobierno regional insisten en que "apoyan estas iniciativas" para el uso de energías renovables. "El biometano no solo ayuda a reducir las emisiones de carbono, sino que también mejora la gestión de los residuos orgánicos", han puntualizado.

En su argumentario, fuentes regionales han destacado que "el camino hacia un modelo energético más sostenible y dentro de la Economía Circular, el biometano se presenta como una pieza clave".

Pero, la opinión de los vecinos no era tan positiva. De hecho, tal y como publicó este diario, los vecinos se movilizaron en varias ocasiones contra la instalación de esta planta que iba a estar a 200 metros de un colegio. Y este ha sido el principal problema. 

El informe sobre el impacto de la calidad del aire, encargado por la propia empresa, no descartaba estos "posibles olores", pero aseguraban que intentarán evitarlos con "diseños de plantas dentro de naves cerradas y con sistemas de tratamiento de gases emitidos".

Ahora, la Comunidad de Madrid reseña que, para este tipo de proyectos, es "clave que las empresas mantengan una comunicación abierta y constante con los municipios y los vecinos, asegurando que estén bien informados y que sus preocupaciones sean escuchadas a lo largo de todo el proceso".

Los vecinos esperaban que la Comunidad de Madrid cerrara el proyecto de la planta de biogás desde el pasado 8 de abril, cuando hubo una protesta multitudinaria, y la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior se vio obligada a ampliar el plazo de alegaciones. 

En ese momento, los vecinos aseguraban que esta planta de tratamiento de residuos podía afectar a la calidad del aire y provocar un aumento del tráfico de vehículos pesados. Su localización (a 200 metros de un centro educativo y una residencia de mayores) era uno de sus mayores impedimentos.

La planta se preveía que estuviera funcionando de forma ininterrumpida, 24 horas, y contratara a 16 personas. De acuerdo con el informe ambiental, elaborado por la empresa Sinergia, la previsión era que procesara 70.000 toneladas de materia orgánica al año, generando alrededor de 5.500 metros cúbicos de biometano y cerca de 28.000 toneladas de compost para uso agrícola.