"Hay hasta ocho centros implicados". Con esta frase presentaba la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, la comisión de investigación que su grupo parlamentario quiere promover para analizar la contratación "fraccionada" de varios centros educativos.

El objetivo de la oposición es poner "luz y taquígrafos" a una situación que comenzó con una investigación interna dentro de la Consejería de Educación y en la que podría haber implicados "fondos Covid-19". 

Por lo menos así consta en el registro de creación de comisión que ha registrado Más Madrid y que, previsiblemente, va a ser rechazada en su toma en consideración, pues el Partido Popular (en el Gobierno y con mayoría absoluta en la Cámara Regional) ha rechazado apoyar su puesta en marcha. 

Todo se remonta al mes de abril cuando, tal y como publicaba este diario, el Gobierno de Ayuso denunciaba ante la Fiscalía de Madrid un posible caso de corrupción vinculado al que había sido subdirector general de centros de Formación Profesional, Alfonso Mateos. 

En su denuncia, el Gobierno regional señalaba a Mateos como uno de los implicados en un "presunto delito relacionado con la contratación de la reforma del complejo educativo Ciudad Escolar".

Lo que denunciaba el Gobierno regional, a grandes rasgos, era que se habían fraccionado los contratos para la reforma de citado complejo educativo. 

Es decir, que en lugar de contratar una empresa para ejecutar las obras que alcanzaron un coste de 2,46 millones de euros, se había troceado todo en contratos menores, con la correspondiente evasión de trámites de transparencia que ello conlleva. Pues los contratos menos se pueden adjudicar con menos control. 

Más Madrid asegura que "al menos hay ocho centros afectados y cinco millones de euros en contratos fraccionados para eludir los controles". Algo que ellos mismos califican de "trama" y que comparan con "los años dorados de la corrupción inmobiliaria del Partido Popular".  

En su informe para crear la comisión, el partido líder de la oposición asegura que hay indicios de que los directores de los centros, "a través de Alfonso Mateos", fueran abonando las facturas conforme entraba el dinero en sus centros de formación con ingresos "ordinarios y extraordinarios ligados a fondos que todavía se desconocen su procedencia exacta". Aunque, afirman, que según los primeros indicios de la investigación, "podrían provenir de Fondos Covid u otros Fondos de Origen Europeo". 

Los de Manuela Bergerot aseguran que hay hasta "siete centros más", sin contar con el de Ciudad Escolar, que se han empleado presuntamente estos contratos menores.

Las formas de 'cubrir' estas grandes infraestructuras con pequeñas aportaciones económicas eran varias. Iban desde "fraccionamiento de fracturas con cargo a distintos centros",  pagos efectuados directamente desde las distintas Direcciones de Área Territoriales (DAT) o, directamente, "desde los centros educativos implicados con cargo al presupuesto de funcionamiento del centro". 

No saldrá adelante.

Aunque Más Madrid quiera poner el foco en esta gestión por parte de la Consejería de Educación y 'acorralar' al actual consejero, Emilio Viciana, y a su predecesor, Enrique Ossorio, lo cierto es que tienen pocas posibilidades de salir adelante. 

En la Cámara de Madrid hay mayoría absoluta del Partido Popular y, como consecuencia, toda iniciativa que desagrade al Partido Popular es rechazada. Por ello, pese a que PSOE y Vox le han dado su apoyo a Bergerot para crear esta comisión, terminará decayendo. 

El portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha sido el primero en apoyar esta iniciativa, ya que considera "importante" que se analice "qué ha pasado con los contratos fraccionados incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público".

Del mismo modo, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha dicho que votarían a favor y ha aprovechado para criticar la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones Públicas, de cuya Presidencia dimitieron tras asegurar que el PP limitaba su acción. Es precisamente desde esta Comisión desde la que se deberían de investigar casos como estos.

Pero el Partido Popular, que es quien tiene la decisión en su mano, ha tirado balones fuera. El portavoz, Carlos Díaz-Pache, ha señalado que existen mecanismos para analizarlo en la Asamblea, como la comisión de la que se quejaba Vox. Además, ha valorado el trabajo del Gobierno de Ayuso, quien llevó las irregularidades ante la Justicia, como ejemplo de transparencia.