En menos de un año, todas las ciudades de España deberán implantar una tasa de basuras que cobre a sus vecinos íntegramente lo que vale el 100% de la gestión y tratamiento de residuos en cada municipio.
Se trata de un 'tasazo', según tachan desde el Partido Popular, que deriva de una transposición de una directiva europea de obligado cumplimiento y que supondrá una media de 100 euros más al año por vivienda. El PSOE quiere unificarlo en toda la región y, mientras, algunas alcaldías del PP buscan sus artimañas para evitar que sus vecinos noten la subida mientras se muestran insumisos.
La cantidad a pagar dependerá del municipio, de cómo adapten la tasa, de cómo la estuvieran pagando hasta ahora, de a qué mancomunidad pertenezcan y un largo etcétera. Por eso, sólo en la Comunidad de Madrid existirán 179 tasas diferentes.
Desde el Partido Popular llevan tiempo alertando de esta subida y culpando a Pedro Sánchez, aunque se trate de una directiva europea la que hay que cumplir. Muchos Ayuntamientos populares ya han hecho proclamas asegurando que evitarán pagar hasta que Sánchez les "obligue"; pero lo cierto es que no tienen escapatoria.
En Valdemoro, por ejemplo, el Ayuntamiento se ha convertido en el foco de las críticas porque cada vecino va a tener que pagar 100 euros más al mes. En otros consistorios la cifra es mucho mayor (llegando hasta los 160 euros). El problema es que los Ayuntamientos saben que esta subida les va a repercutir negativamente y, encima, no pueden decir que no la aplican. Por muy insumisos que se quieran mostrar ahora.
Todo se agrava en aquellos consistorios donde hace años decidieron eliminar la tasa de basuras de la ciudad. Muchos Ayuntamientos no cobran tasa a sus vecinos porque la amortizan con excedentes de tesorería. Para esos vecinos, la subida será mucho más acusada.
Este es el caso de Alcobendas, donde no eliminaron la tasa de basuras en 2007. Durante un pleno celebrado este año, el Consistorio solicitó al Gobierno de España que se les permita "la libre elección de método de financiación". Es decir, que no lo paguen los vecinos, sino las arcas consistoriales porque tienen sus "cuentas públicas saneadas". Pero no han obtenido respuesta.
El que contamina, paga
La idea de Europa (que se transpone a todos los Ayuntamientos de España) no es precisamente esa. Quieren que el que contamine pague y se repercuta el contante en función de la cantidad de residuos que se generen. O lo que es lo mismo, que los vecinos tengan que sufragar de sus bolsillos, sí o sí, la tasa.
Algunos, incluso, están intentando recortar en servicios como la recogida en determinadas zonas o las horas a las que pasan los camiones para, así, reducir el coste de gestión y no repercutir con el 'tasazo'.
Otra de las artimañas está siendo unificar el cobro de la tasa de basuras con otras, como puede ser el agua, y bajar esta última. Es decir, el vecino percibe que paga lo mismo, pero el Ayuntamiento hace trampas y en lugar de subvencionar la tasa de basuras lo hace con el agua. Aunque esto es difícil si trabajan con el Canal Isabel II.
Desde el PSOE y el Partido Popular están tomando posiciones muy dispares respecto a la tasa, aunque todos (en privado) reconocen que aumentar el cobro por la gestión de las basuras es inevitable.
Así las cosas, fuentes consultadas por este diario aseguran que la estrategia de varios alcaldes del Partido Popular va a ser bajar otros impuestos propios para que los vecinos noten menos el incremento. Mientras, en el PSOE, quieren que el precio se unifique.
El primer choque entre formas de gestión se plasmó en mayo. Dentro de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), varios alcaldes socialistas pidieron homogeneizar la tasa de basuras y el PP rechazó la propuesta.
Ahora, esta iniciativa la lleva más allá la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, quién lleva al pleno de su localidad una proposición de alcaldía para que se creen un ente regional de gestión de residuos como el que hay en el Consorcio de Transportes.
Una agencia de residuos
La propuesta de Testa, que se prevé que salga adelante este miércoles, va a instar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a crear este modelo de "agencia o consorcio" para la gestión de residuos. Un proyecto para que exista una "verdadera estrategia de gestión sostenible de residuos" de una manera unificada.
Candelaria Testa y los suyos argumentan, en su iniciativa, que los vecinos de la Comunidad de Madrid no van a entender que cada municipio aplique este tributo de manera completamente diferente y con diversidad de criterios.
"Lo que planteamos es una unidad de criterio en la aplicación, que todos los municipios de Madrid tengan los mismos criterios a la hora de implantar esta tasa", explican en su proposición de Alcaldía.
Hay que recordar que el Plan autonómico de gestión de residuos urbanos 1997-2005 ya abordaba el principio de la corresponsabilidad y la coordinación de actuaciones en la gestión de los residuos urbanos. Una política de coordinación comprendía tanto la planificación de la gestión como la financiación de las actuaciones que se derivan de ella.
Desde la Alcaldía de Alcorcón recuerdan que "tras la identificación de los costes generados en el tratamiento de los residuos urbanos", se previó la aplicación progresiva de la tasa de vertido a los Ayuntamientos que son los responsables de la gestión y que en un principio asumió la Comunidad de Madrid gestionando a través de la empresa pública GEDESMA, con las instalaciones precisas y los requisitos legales vigentes en aquel momento.
De hecho, para evitar que existiesen en la Comunidad de Madrid 179 vertederos de residuos, se crearon tres complejos ambientales con plantas de tratamiento de envases y vertedero de cola. Pero esta oportunidad se "perdió" y cuando la situación era "insostenible", la Comunidad de Madrid se desprendió de las competencias de tratamiento de residuos, creando las actuales Mancomunidades que crean diferencias notables entre municipios.
Por ello, Alcorcón va a proponer a Ayuso que se gestionen los residuos mediante un Consorcio provincial, como ocurre en Málaga o Guadalajara.