"Ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida". Este es el nombre que el Gobierno de la Comunidad de Madrid le ha puesto a su último paquete legislativo con el que pretende dar más 'libertad' y agilizar los trámites urbanísticos.
Un título que desde el partido socialista simplifican: "la ley del suelo de Ayuso". Y con la que pretenden hacer lo mismo que la presidenta del Gobierno ya ha anunciado que hará con la ley nacional: "no aplicarla".
Así, se viene un nuevo choque entre los ayuntamientos socialistas y la Comunidad de Madrid -gobernada por el Partido Popular en mayoría absoluta-, en el aspecto urbanístico. Los regidores aseguran que no aplicarán la ley autonómica, mientras que exigen, ante la Consejería, aplicar la nacional.
Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón y una de las voces más importantes en vivienda dentro del PSOE de Madrid, confirma a Madrid Total que van a "inaplicar" la ley regional.
"Ayuso dice que es una ley del Suelo, pero ya hay. En el fondo, es una ley de Vivienda encubierta. Y, en España, ya tenemos una ley del suelo que es nacional", insiste la alcaldesa que, además, añade lo "perjudicial" que es la ley para todos sus vecinos.
De esta forma, los alcaldes del PSOE le van a hacer a Ayuso a la misma estrategia que ella planea para el Gobierno de España. Negarse a aplicar una ley de otra administración. Ambos pueden hacerlo (aunque a Ayuso la han amenazado con dejarla sin fondos por parte del Gobierno nacional) y ahora falta saber cómo responderá Madrid.
La alcaldesa de Alcorcón asegura que esta legislación, que incluye la modificación de 68 artículos relacionados con la calificación urbanística, "tapa" la "insumisión" del gobierno de la Comunidad de Madrid ante la ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez.
"Supone un prejuicio para la ciudadanía y un impacto irregular en el territorio", sintetiza.
Hay que recordar que, tal y como publicó este diario, desde que la Comunidad hizo pública esta ley en Consejo de Gobierno en julio, se ha dado cuatro meses a los consistorios para plantear alegaciones. Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada y el Ayuntamiento de Madrid han sido algunos de los que han presentado alegaciones. En el caso del equipo de Almeida, han alegado un 81,25% del articulado.
Uno de los aspectos más llamativos de la ley es la posibilidad de convertir oficinas en viviendas. Este diario se ha puesto en contacto con la consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior para saber si, además de los Ayuntamientos socialistas, más consistorios habían rechazado acogerse a la normativa, pero no ha podido obtener una respuesta.
Desde la Comunidad de Madrid aseguran que, al ser decisión de los Ayuntamientos adaptarse a la ley o no, ellos no pueden tener un registro de cuáles han presentado alegaciones o cuáles se han acogido a medidas concretas, como es convertir locales de oficinas en casas. Una de sus medidas estrellas.
Los nombres para esta reforma de ley, que está todavía elaborándose tras el 'ok' del Consejo de Gobierno del mes de julio, son muchos. Desde tercera ley Ómnibus, pasando por la "nueva" ley del suelo, o "ley de vivienda de Ayuso", como ahora le llaman los socialistas.
Lo que está claro es que, debido a su gran planteamiento, va a reformular muchos aspectos de la legislación urbanística, entre los que ha destacado, por lo menos a nivel mediático, la posibilidad de convertir oficinas en viviendas. Pero va mucho más allá.
Entre sus aspectos más destacados está el de permitir la licencia de parcelación antes de que lleguen los servicios y usos en un terreno rural o dar seguridad jurídica a las administraciones en casos de "tala justificada".
Una de las cosas más novedosas para los agricultores y ganaderos, es que se van a reducir las autorizaciones urbanísticas y modernizar los regadíos, "que supondrá un ahorro de agua y la mejora de la rentabilidad de las explotaciones agrarias".
Además, se permitirá que haya "más usos y actividades en el suelo rural, así como la comercialización de los productos agroalimentarios en la propia instalación para una mayor competitividad". O lo que es lo mismo, que si un agricultor tiene un huerto, pueda vender en una pequeña tienda sus productos.
Entre las leyes que van a 'tocar', esta normativa consolida la declaración responsable urbanística, "ampliando el espectro en las que será de aplicación, para incluir aquellas instalaciones de energías renovables que tengan como fin último el autoconsumo y el establecimiento de puntos de recarga de vehículos eléctricos". Hasta ahora, se tramitaban mediante licencia de obra, cargando a las administraciones municipales y a los usuarios con mayor burocracia y tiempos de ejecución.