El caso está centrado en al menos 300 contratos supuestamente fraccionados que implican obras en ocho centros educativos, entre los que destacan el complejo educativo Ciudad Escolar en Fuencarral-El Pardo y la Escuela de Arte Alberto Corazón en Alcalá de Henares.

Según el PSOE, el valor total de estos contratos supera los cinco millones de euros y habrían sido fraccionados de manera fraudulenta para eludir el proceso de licitación pública, que exige un concurso abierto para contratos cuyo valor supera los 40.000 euros.

Valor dividido

El modus operandi denunciado consiste en dividir el valor total de las obras en múltiples contratos menores, cada uno de ellos por un valor inferior al límite legal de 40.000 euros, lo que permite su adjudicación directa sin necesidad de pasar por un proceso competitivo de licitación pública. Este tipo de contratos, conocidos como contratos menores, facilitan una adjudicación más rápida y con menos controles, lo que en casos como este puede ser aprovechado para evitar la publicidad y el escrutinio propios de los concursos públicos. El PSOE defiende en su denuncia que se trataría de "un delito continuado de prevaricación administrativa".

En el centro Ciudad Escolar, una de las principales instalaciones educativas de la región, se realizaron obras por un valor cercano a los 2,6 millones de euros. Estas obras incluían la instalación de camas hospitalarias, áreas de odontología y otros equipamientos sanitarios, en una serie de proyectos que, según la denuncia, fueron divididos en varios contratos menores. De acuerdo con la reclamación judicial del PSOE, solo se ha pagado una parte de las obras, alrededor de 728.000 euros, utilizando facturas que evitaban superar el umbral de los 40.000 euros.

El presunto responsable

El exsubdirector de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid, Alfonso Mateos, es señalado como el responsable de organizar este sistema de pagos fraccionados. Según los medios de comunicación, Mateos habría instruido a los directores de los centros para que pagaran las facturas conforme recibían ingresos adicionales, sin seguir el proceso regular de contratación. Estos directores habrían admitido este proceder a la inspección educativa cuando fueron interrogados.

La denuncia también incluye otros casos similares, como el de la Escuela de Arte Alberto Corazón, ubicada en la sexta planta del Instituto de Secundaria Antonio Machado en Alcalá de Henares. La construcción de este centro, que costó aproximadamente 1,2 millones de euros, también fue adjudicada utilizando el mismo método de fraccionamiento en contratos menores, de acuerdo con las acusaciones.

Alejandro Martínez / EP

Ocho centros, investigación interna y fondos Covid: la contratación troceada acorrala a Educación

Además, se mencionan obras en otros centros, como el IES Príncipe Felipe en Madrid, donde se realizaron reformas en 2022 por un valor total de 230.000 euros. Las obras fueron financiadas mediante 12 facturas menores a 40.000 euros, evitando así un proceso de licitación formal.

Esta práctica, repetida en múltiples centros educativos de la región, es vista por los denunciantes como un patrón que apunta a un fraude generalizado en la gestión de los contratos públicos en el ámbito educativo.

Iniciativa de la Comunidad

La Consejería de Educación, dirigida por Emilio Viciana, ya negó que exista falta de transparencia en la gestión de estos contratos. Durante el último pleno de la Asamblea de Madrid, Viciana defendió que la propia Comunidad de Madrid había puesto en conocimiento de la Fiscalía las posibles irregularidades en abril de 2024, tras detectar la ausencia de expedientes formales en la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería. El consejero subrayó que el gobierno regional ha cumplido con su deber de informar sobre cualquier irregularidad, y que si es necesario lo volverán a hacer.

El portavoz socialista, Daniel Rubio, ha señalado que la denuncia presentada ante la Fiscalía busca aclarar si se ha cometido un delito de prevaricación, tipificado en el artículo 404 del Código Penal, que podría derivar en responsabilidades penales para los implicados. Además, Rubio ha resaltado la importancia de que se investiguen a fondo estos hechos para asegurar la transparencia en el uso de los fondos públicos y proteger el derecho de los estudiantes madrileños a una educación de calidad.

Denuncias de Más Madrid

En paralelo, la mañana del martes, el grupo parlamentario de Más Madrid ha presentado ante la Fiscalía otra denuncia relacionada con el fraccionamiento de contratos en centros de FP. Según esta denuncia, firmada por la portavoz del partido, Manuela Bergerot, se habrían identificado 342 contratos fraccionados por un valor total de seis millones de euros. Bergerot ha señalado que este "abuso" de los contratos menores sigue un "modus operandi" que recuerda a las prácticas irregulares detectadas en anteriores gobiernos de la Comunidad de Madrid.

Según Más Madrid, el fraccionamiento de estos contratos no es un hecho aislado, y apunta a que altos cargos del gobierno regional, como Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea de Madrid, y Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo, habrían tenido responsabilidades en la Consejería de Educación durante la pasada legislatura, cuando se llevaron a cabo estos contratos.