El primer domingo de septiembre del año 2023 fue trágico para los pueblos del suroeste de la Comunidad de Madrid. Varias personas perdieron la vida y los vecinos vieron como muros, viviendas, puentes, árboles y vehículos desaparecían entre el lodazal que acarreó la DANA. Situación de terror que, ahora, un año y medios después, en un giro de los acontecimientos, vuelve a perjudicar al Gobierno regional.
Y es que, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha mostrado su interés de sancionar a la Comunidad de Madrid por ocupar cauces al reconstruir puentes asolados por la DANA. Una actividad que la región hizo en tiempo 'récord' y en la que se invirtieron más de 60 millones de euros.
El consejero portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha adelantado que la Comunidad de Madrid recurrirá esa sanción. "No nos esperábamos esa respuesta porque son como el perro del hortelano. Ni levantan los puentes ni nos dejan a nosotros".
En su intervención durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha criticado este hecho, asegurando que toda la inversión hacia los Ayuntamientos la ha hecho "sola" la Comunidad de Madrid, pese a que los destrozos "se provocaron por la falta de limpieza y mantenimiento de los ríos".
"Es curioso que ahora nos quieran sancionar. Mandamos en tiempo y forma todas las inversiones que se estaban realizando porque el Gobierno de España debe pagar el 50% de toda esa inversión y todavía no hemos recibido nada", ha explicado.
Además, García ha pedido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, el dinero que el Ejecutivo central debería de haber pagado para sufragar la DANA porque, si fuera por sus tiempos, "las calles seguirían anegadas de barro".
"Nosotros hemos cumplido. Otros no pueden decir lo mismo".
Según han concretado a Madrid Total fuentes de la Consejería de Transportes, existió una reunión con Francisco Martín, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez, en la que el consejero informó de las obras de emergencia para acometer, en el menor tiempo posible, "las obras de reparación y sustitución de los tres puentes, las nueve infraestructuras y las siete carreteras afectadas por las lluvias torrenciales".
Por tanto, en el contexto de la emergencia, desde el Gobierno de Madrid se asegura que se determinó no "esperar a la autorización de la Confederación Hidrográfica" teniendo en cuenta lo que suelen demorarse en el tiempo dichas autorizaciones.
"Se acordó que la Dirección General de Carreteras informaría puntualmente de todas las actuaciones que tuvieran relación con estas obras al comisario de aguas por delegación del presidente, Javier Díaz Regañón; como así ha sucedido durante este año y un mes transcurrido y dan fe las pruebas que se van a presentar en las alegaciones", han añadido.
Ahora bien, pese a las declaraciones y la promesa que (según Transportes) se hizo entre las partes, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha abierto un expediente sancionador contra la Comunidad de Madrid por la ocupación del cauce del Arroyo Grande mediante la construcción de dos puentes provisionales sin la autorización o concesión administrativa de dicho organismo.
Se trata de una infracción administrativa leve contra la que el portavoz del Gobierno ya ha adelantado que la Consejería formulará alegaciones y llegado el caso, presentará recurso en vía administrativa contra la resolución.